La Asamblea Nacional responsabilizó políticamente al régimen de Nicolás Maduro por el homicidio el ex concejal Edmundo “Pipo” Rada, quien fue encontrado sin vida y parcialmente carbonizado en la carretera Petare-Santa Lucía el 17 de octubre.
En la sesión ordinaria de este martes, que duró alrededor de cuatro horas y media y en la que participaron 117 parlamentarios -89 de la MUD, 22 del PSUV, 4 de Cambiemos y 2 de la Fracción 16 de Julio- la mayoría opositora aprobó un acuerdo en condena del homicidio del dirigente de Voluntad Popular.
Los parlamentarios solicitaron este martes a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y a la Organización de Estados Americanos que designen expertos e investigadores independiente para el caso del edil, cuyo cadáver presentaba múltiples signos de tortura, violencia y tratos crueles.
Además, delegaron a la Comisión de Política Interior y a la Comisión Especial de Justicia y Paz la investigación parlamentaria para “alcanzar la verdad e impartir la justicia sobre los responsables” del asesinato de Rada.
La diputada Adriana Pichardo, de VP, al comenzar el debate pidió un minuto de silencio en honor del dirigente político.
Ratificó el compromiso del Parlamento de realizar una investigación exhaustiva y objetiva, que permita resolver el caso y determinar responsabilidades.
“Basta ya de encarcelar, de asesinar y de torturar a tantos venezolanos de bien. Pipo, hermano, no me queda más que darte las gracias por cómo quisiste a tu país, a tu familia y a tu partido. Hoy nos toca a nosotros seguir la lucha”, expresó Pichardo con la voz entrecortada.
“Todavía no creemos lo que pasó”
Tadeo Rada, hermando del ex concejal, indicó desde la tribuna de oradores que la familia se encuentra destrozada por el asesinato y afirmó que con este hecho “no callaron una voz, nacieron más Pipo”.
Llamó al Estado a que interceda y cumpla con su obligación de proteger a los venezolanos, como establece la Organización de las Naciones Unidas.
“Solo pedimos que haya una justicia verdadera, totalmente legal y transparente. Todavía no creemos lo que pasó. Estamos seguro de que desde la AN nos van a ayudar; no dejen que como Albán, como Pipo esto pase por debajo de la mesa”, manifestó entre lágrimas.
María Gabriela Hernández, de la MUD, recordó que Rada pedía que Petare, zona popular donde residía, fuera elevado a municipio, ante la importancia que ese sector tiene. Indicó que trabajará para que eso sea escuchado y, cuando retorne la democracia, sea cumplido.
“Quienes hoy precariamente se sostienen en el poder no solo tienen las manos cargadas de drogas, sino que también las tienen bañadas con la sangre de los venezolanos”, afirmó.
Juan Marín, de la bancada del chavismo, señaló que desde el régimen están dispuestos a ayudar con la investigación del homicidio del edil.
“Queremos ratificar a la familia de Rada que cuentan con la posibilidad de acceder a todo los niveles posibles, tanto nacionales e internacionales, para que participen directamente en la búsqueda y aporte de información, en el manejo objetivo”, dijo.
Dennis Fernández, presidente de la Comisión de Política Interior, consideró que “bajo las condiciones de tortura y actos más terribles” que sufrió Rada, “oír que se ponen a la orden es la mayor caradurez”.
Aseguró que es responsabilidad de la cúpula chavista llevar adelante la investigación de lo que pasó con Rada, el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
“Si se hubiese acatado las observaciones que hizo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su informe, hoy no estuviéramos lamentando este hecho”, enfatizó.
Entrega de minas a los gobernadores
Los legisladores opositores rechazaron la entrega de minas a los gobernadores oficialistas y a los protectores de estados designados por Maduro, al destacar que estas pertenecen a la República.
El Parlamento responsabilizó al régimen, a sus gobernadores y a los protectores “por todos los daños económicos, sociales y ambientales que generarán” durante la explotación de esos recursos minerales. También los responsabilizó de las muertes que ocurren diariamente en las áreas de explotación ilegal de minería.
Advirtió a las empresas nacionales y extranjeras que aspiran a participar en los proyectos de Plan Minero Tricolor que al cesar la usurpación e instalarse un gobierno de transición, no serán reconocidas las autorizaciones, los contratos y concesiones que han sido otorgados para el desarrollo de la explotación minera.
Durante el debate, los diputados recordaron que esas concesiones vulneran la Constitución, la Ley de Presupuesto Anual, la Ley orgánica de administración financiera del sector público y la Ley de Minas.
Exigieron, además, el cese de la usurpación para la instauración de un gobierno legítimo y sólido que pueda garantizar “una explotación minera racional, eficiente y ecologicamente amigable, como actividad necesaria para apalancar el progreso y desarrollo del país”.
Rachid Yasbek, de Primero Justicia, rechazó la pretensión del chavismo de explotar el oro del estado Bolívar. Afirmó que actualmente con el Arco Minero del Orinoco se extraen más de 2.000 kilos de oro mensuales para enriquecer a las grandes mafias.
“Esos 2.000 kilos lo que han hecho es llevar muerte a nuestro pueblo, a nuestros indígenas. Son 2.000 kilos de sangre que están en manos de Maduro y de su régimen hambreador”, señaló.
Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Interior, mencionó que con la medida se busca crear alianzas con grupos irregulares, como el ELN, disidentes de las FARC, “más de 20 bandas armadas hasta los dientes y un pranato financiado por el régimen”.
“Pretenden hacer lo mismo que hicieron con la industria petrolera, que la arruinaron. Arruinaron la industria petrolera y con esa ruina han arruinado los estados”, manifestó.
El oficialismo
Los diputados oficialistas consideraron que el Legislativo pretende boicotear la acción con la que Maduro quiere “romper el cerco financiero”.
El diputado Marín señaló que la instancia legislativa no tiene facultades para establecer la ilegalidad de un acto dictado por el Ejecutivo.
“Tenemos fundamentos legales y constitucionales, y razones económicas para desarrollar alternativas innovadoras alterno al modelo rentista petrolero”, dijo.
Nosliw Rodríguez, del PSUV, aseguró que aparte de que la AN niega los decretos de emergencia y pide bloqueos y sanciones, cuando Maduro concede minas a las gobernaciones, “para que estos líderes de territorios, que están cercados, fiscalicen de manera directa las minas y haya una atención directa a las minas y los mineros”, la oposición la rechaza.
Respaldo al informe de la OIT
Antes de debatir el informe de la Comisión de Encuesta designada por la Organización Internacional del Trabajo sobre la situación del país, el diputado chavista William Gil solicitó que se incorporara un punto sobre la situación de Chile, dada la preocupación que sienten por la represión en ese país y el “uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes” por las autoridades.
En medio del abucheo de los legisladores opositores, que le gritaban “cara dura”, pidió a la alta comisionada, Michelle Bachelet, que realicé una investigación por los hechos de violencia registrados en esa nación.
El Legislativo negó la incorporación del punto. Marialbert Barrios, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, alegó que en el país hay temas más importante que atender.
“¿Por qué no responde a las protestas de los trabajadores y sindicatos? Respondan a ustedes al informe de la alta comisionada, donde se demuestran las flagrantes violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano”, destacó.
Los diputados opositores aprobaron después la creación de una comisión de seguimiento de la situación de los sectores sindicales y el empleado.
El Parlamento ratificó su compromiso con la protección de las libertades sindicales, civiles y los derechos humanos. Exhortó al régimen a adoptar medidas para detener violencia, acoso, persecución y hostigamiento en contra de los sindicalistas, y a garantizar el ejercicio libre y legítimo de sus actividades.
Además, se comprometió a cumplir las recomendaciones de la instancia internacional para remediar las graves vulneraciones de los derechos identificados en el informe.
A juicio del diputado de Voluntad Popular Rafael Veloz, este informe demuestra que la cúpula chavista considera que la actividad gremial y sindical constituye un delito.
Exigió la liberación de los trabajadores de Ferrominera Ronny Álvarez y Rubén González. “El único remedio ante la situación que vive Venezuela es el cambio político, para lograr un cambio en el modelo económico”, señaló.
Voces de sindicatos y empresarios
La directiva de la AN otorgó el derecho de palabra a Ricardo Cussano, presiente de Fedecámaras, y a Servando Carbone, coordinador nacional de Únete.
Cussano responsabilizó las políticas gubernamentales de la crítica situación de las empresas privadas y los gremios.
“La política de expropiación de la propiedad privada, así como la excesiva injerencia en el funcionamiento del aparato productivo nacional, ha propiciado su más absoluta destrucción. Han llevando al país por el camino de la pobreza”, enfatizó.
Carbone exigió la libertad plena de todos los dirigentes sindicales a quienes se le han impuesto medidas cautelares, y respeto a la lucha de los trabajadores.
Los parlamentarios del chavismo desestimaron el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT y afirmaron que la mayoría de los trabajadores venezolanos pertenece a la Central Socialista de Trabajadores.
Pese a reconocer la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, en su opinión, el régimen chavista en sus 20 años ha dignificado el trabajo.
Designación de un nuevo CNE
La AN ratificó la vigencia de la Constitución y acordó realizar las acciones políticas, institucionales y sociales para defender el derecho al voto y emplazar a la celebración de elecciones presidenciales.
Los legisladores reafirmaron las condiciones electorales que deben cumplirse, entre ellas la designación de un árbitro institucional imparcial, un programa electoral que garantice el derecho al voto y los lapsos para cada actividad, observación nacional e internacional calificada y una campaña electoral equitativa.
Además de solicitar la participación de todos los venezolanos -incluidos los que se encuentran fuera del país- la realización de auditorías a todos los procesos del sistema, designación de todos los órganos subalternos independientes, fin de las inhabilitaciones y eliminación de todas las medidas coercitivas.
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