La Comisión de Política Interior denunciará ante la Oficina de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de corporaciones “de protección social y económica” en los estados gobernados por la oposición.
“Elevaremos la denuncia porque eso vulnera los derechos de un pueblo que eligió y decidió quienes van a ser sus representantes en cada uno de esos estados”, manifestó Dennis Fernández, presidente de la instancia legislativa.
A su juicio, la creación de estas instancias anunciadas por Nicolás Maduro es para “entregar minas para que lo manejen a su libre albedrio, capricho y antojo” ante la desesperación en la que se encuentra por no poseer recursos, como en meses anteriores.
El anuncio
Este martes el líder chavista anunció la creación de corporaciones de protección social y económica en los estados Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta, gobernados por la oposición, para que resuelvan los problemas de los ciudadanos ante el “abandono” de los gobernadores.
Sin embargo, de acuerdo con el último estudio publicado por la encuestadora Hercon Consultores, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez; y sus homólogos de Nueva Esparta, Alfredo Díaz; y de Mérida, Ramón Guevara, son los mandatarios regionales mejor valorados por sus electores.
La valoración que le dan los ciudadanos a los gobernantes en cada estado por su gestión pública, es buena, según el estudio.
Marcos Hernández López, director de la firma de análisis, consideró que el régimen creó estas instancias para quitarles competencias a los gobernadores de oposición con el fin de “debilitarlos de manera estratégica ante el pueblo”.
“Maduro intrínsecamente valora y reconoce que los gobernadores opositores Laidy Gómez, Alfredo Díaz y Ramón Guevara superan en gestión pública positiva a los revolucionarios”, expresó.
Poner la mano a lo poco que queda
Maduro aprobó, además, la asignación de una “mina de oro productiva” a cada una de las gobernaciones oficialistas y a las corporaciones de protección.
Fernández aseguró que “con el mayor caradurísmo”, la cúpula chavista busca entregarles a los gobernadores oficialistas las minas y crear corporaciones en los estados donde no tienen representación, para hacerse con los recursos de la nación.
“Han demostrado que no les importa el sufrimiento de los venezolanos, si la gente pasa hambre, si no tiene insumos médicos o muere en los hospitales; les importa es el dinero y tiene que, a como de lugar y a costa de lo que sea, ponerle la mano a lo poco que queda en el país, que no son que sus minas y recursos naturales”, manifestó.
Más allá de las denuncias, el Parlamento se encuentras de manos atadas para proteger los recursos naturales y defender los derechos de los ciudadanos. “Cuando el gobierno que usurpa tiene todo el poder del Estado y tenemos una FANB que no obedece a las necesidades de un pueblo sino que corresponde a quien le emite una orden desde Miraflores, a nosotros nos corresponde hacer las denuncias. No tenemos la capacidad de ir allá a decir: ‘ustedes nos entran aquí’”, precisó.
“Los violadores de derechos humanos tienen que responder”
Ante la posibilidad de que se pueda retomar el proceso de negociación entre el régimen y la oposición con mediación de Noruega, la parlamentaria aseguró que ese es un tema que lo manejan los jefes de los partidos políticos.
“La AN es quien canaliza la necesidad del pueblo, pero son los jefes de los partidos políticos lo que deciden la estrategia política a seguir”, explicó.
No obstante, resaltó que los parlamentarios y dirigentes de oposición continuarán abogando por “una salida pacífica, que pase por un evento electoral por condiciones, donde el pueblo tenga garantías de que su voto va a ser respetado”.
A su juicio, de conseguirse este proceso electoral, los funcionarios o dirigentes políticos que han vulnerado los derechos humanos no deberían postularse a cargos públicos.
“Cuando tu eres un violador de derechos humanos, lo que le estas presentando al electorado es un candidato para que siga vulnerando los derechos humanos”, agregó.
“Sean dirigentes de cualquier partido, quien viole los derechos humanos tiene que pagar, tiene que responder y darle la cara al pueblo. Tiene que estar sometido a las leyes venezolanas e internacionales”, enfatizó.
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