El Índice de Estado de Derecho, del “Proyecto Mundial de Justicia” (World Justice Project) se basa en cálculos que se construyen a partir de dos fuentes de datos recopilados en cada país: en primer lugar, una encuesta de población general en la que cooperan las principales empresas encuestadoras locales y, en segundo lugar, una encuesta para especialistas.
Estas dos fuentes de datos, para 2019, comprenden tanto las preguntas basadas en la experiencia, como aquellas basadas en la percepción. Así, los datos de 126 países integran más de 120.000 hogares y a 3.800 expertos para medir cómo se materializa el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas de la gente en todo el mundo.
Tal materialización se evalúa a través de 44 indicadores distribuidos en las siguientes 8 categorías, cada una de las cuales se gradúa y califica en el ámbito mundial y en contra de sus pares regionales y de ingresos (PIB): poderes limitados del gobierno; ausencia de corrupción; transparencia en el gobierno; derechos fundamentales; orden y seguridad; reglamentación de la ley; justicia civil y justicia penal. La puntuación para cada uno de los 44 indicadores va desde 0 a 1, en el que 1 representa la total adherencia al Estado de Derecho y 0, todo lo contrario.
En la página 158 del informe de 2019, correspondiente a 2018 y comparado con el de 2017, aparecen los datos completos de la Venezuela destruida por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los que evidencian un nuevo empeoramiento en 2 de las mencionadas 8 categorías: derechos fundamentales y justicia civil. En el ranking del Índice de Estado de Derecho, que como se dijo comprende 126 países y que es sumamente comentado en todo medio diplomático, Venezuela está de última, tanto en el ranking regional como en el ranking global.
Ahora bien, cuando se comparan las 8 categorías entre 2013, año en que Nicolás Maduro tomó el poder, y 2018, se observa empeoramiento constante en todas las 8 categorías. Entre 2013 y 2018, el Índice pasó de 0,36 a 0,28, una disminución de 0,08 en términos absolutos y de 22,22% en términos relativos.
De los 44 indicadores que integran las 8 categorías, hay 21 (48%) que empeoró más del 0,08 mencionado y entre los que se encuentran 6 de la categoría de derechos fundamentales y 5 de la categoría de justicia civil, empeoramientos recogidos en las siguientes conclusiones: no está garantizada la libertad de asociación, no hay privacidad pues la misma se encuentra arbitrariamente intervenida, no hay garantía del derecho a la vida y seguridad de las personas, no hay libertad de opinión, los derechos laborales no están garantizados, la justicia civil está influenciada por el gobierno, la justicia civil no está libre de corrupción, no hay acceso a medios alternos imparciales de resolución de disputas, los ciudadano no pueden acceder ni pagar la justicia civil y la misma no está libre de discriminaciones.
En este Informe de 2019 y en su página 8, el Índice está destinado a una amplia audiencia que incluye hacedores de políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales del derecho, entre otros, según lo expresa el documento del Proyecto Mundial de Justicia. En la esperanza de sus patrocinadores, esta herramienta de diagnóstico debería servir para identificar las fortalezas y debilidades de un país en esta área y propiciar la selección de políticas que fortalezcan el Estado de Derecho en los distintos países así evaluados.
Más allá de su objetivo, el Índice de Estado de Derecho comprueba algo que no perseguía su propósito inicial ya mencionado en el párrafo precedente: la permanencia en el poder de un régimen totalitario requiere la supresión de los derechos fundamentales y la corrupción de la justicia civil. Lo hemos evidenciado por más de 20 años y de manera particular desde el 12 de febrero de 2014.
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