Prohibida la libertad

Este régimen nunca ha sido amigo de la libertad, y siempre ha querido ejercer un estricto control de lo que los ciudadanos sujetos a su autoridad piensan, hacen o dicen. Como último capítulo de esta aventura liberticida, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ha prohibido a los registros y notarías registrar actas constitutivas de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles. En realidad, se trata de una medida que, de hecho, ya venía aplicándose por los registros y notarías respecto de cualquier documento mediante el que se pretendiera registrar una asociación civil entre cuyos fines aparecieran las palabras “libertad”, “democracia”, “derechos humanos”, “justicia”, “Estado de Derecho”, “independencia de los poderes públicos”, o alguna semejante.

Demás está recordar que, de acuerdo con la Constitución, toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, y que el Estado está en la obligación de facilitar el ejercicio de este derecho. Sin embargo, quienes detentan el poder ya no tienen ningún recato en impedir, abiertamente, y anunciándolo en las oficinas de registros y notarías, aquello de lo cual deberían limitarse a tomar nota. Por lo tanto, asumiendo que la Constitución tiene algún valor para el ministro del Interior, Justicia y Paz, debemos entender que el artículo 52 de la Constitución ha sido derogado.

Tampoco se da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Venezuela, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango constitucional y que es expresamente mencionado por el artículo 339 de la Constitución de Venezuela. El artículo 22 del mencionado tratado internacional reconoce en forma amplia el derecho de toda persona a asociarse libremente por otros, sin perjuicio de que pueda estar sujeto a restricciones previstas por la ley, que sean necesarias, en una sociedad democrática, para proteger un fin legítimo.

En el presente caso, no hay ninguna ley que haya autorizado alguna restricción al ejercicio de la libertad de asociación, o que haya delegado en el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la competencia para dictar leyes, que constitucionalmente sólo corresponde a la Asamblea Nacional.

Tampoco se ha tenido el pudor de justificar una medida tan drástica como ésta, que anula la libertad de asociación, lo cual no se puede hacer ni siquiera argumentando que ella es necesaria en una sociedad democrática. En realidad, por ser éste un derecho político, es inherente al ejercicio de la democracia, y su anulación es propia de regímenes totalitarios, empeñados en controlar la suma del poder y la totalidad de las actividades que puedan emprender sus ciudadanos.

Esa medida arbitraria, carente de toda justificación, omite, igualmente, mencionar cualquier fin legítimo que, con ella, se pretenda proteger. Y es obvio que sea así, pues no se trata de velar por la protección de ningún fin legítimo, prohibiendo solamente el registro de aquellas asociaciones que, por sus propósitos, constituyan una amenaza para la seguridad nacional, para el orden público, para la salud o la moral públicas, o para los derechos de otros. Sencillamente, se prohíbe el registro de cualquier asociación civil, porque no hay ninguna intención de proteger un fin legítimo, y porque, de lo que se trata, es de estrangular la democracia, cerrando los canales de los que ella se nutre y se alimenta.

Si no hay posibilidades de registrar una asociación civil que tenga por finalidad promover los intereses comunes de quienes la componen, y participar en el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, una opción sería que esas personas hicieran lo mismo, pero sin que su asociación esté formalmente registrada. Después de todo, de acuerdo con la Constitución o con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el ejercicio de la libertad de asociación no demanda el registro de la asociación respectiva. Sin embargo, el chavismo es experto en el arte de prohibir; a una tiranía nunca le faltan los recursos para ahogar la libertad. El siguiente paso será prohibir las reuniones de más de dos personas y, si es necesario, cualquier reunión de dos o más personas. A fin de cuentas, este régimen tampoco le tiene miedo al ridículo.