Un grupo de diputados de Nicolás Maduro, parlamentarios de Argentina, Brasil y Uruguay, impidieron que el informe de la ONU, que denuncia la violación de derechos humanos en Venezuela, sea discutido en el Parlasur.
«Presenté un proyecto de resolución, con el propósito de que el Parlasur haga suyo el informe de las Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela», dijo a La Nación la parlamentaria María Luisa Storani.
Y agregó: «En paralelo, el parlamentario venezolano Yul Jabour, que responde al gobierno de Nicolás Maduro, presentó una moción para impedir que se tratará mi proyecto y lo logró. Contó con el apoyo de varios parlamentarios, incluso con el voto del bloque de los diputados argentinos que responden al Frente para la Victoria».
No obtuvo los votos necesarios
En agosto, Storani no pudo lograr que se tratara su iniciativa y este lunes 30 propuso su tratamiento sobre tablas, lo que requiere una mayoría especial. La iniciativa no contó con los votos necesarios. Sí los tuvo la moción del parlamentario venezolano Jabour para impedirlo. El proyecto de Storani no tuvo despacho de comisión. Por lo que necesitaba una mayoría especial para aprobarse. Pero la Comisión de Derechos Humanos debió reunirse antes del plenario. Esta vez fue citada para después del mismo y el tratamiento no se pudo realizar antes de la sesión.
«Me sorprendió mucho esta actitud de los parlamentarios kirchneristas, por lo que dice el candidato Alberto Fernández al respecto de Venezuela. Distinguidos parlamentarios del Frente de Todos me dijeron que ellos estaban de acuerdo con mi propuesta. En todo caso podrían haber habilitado el debate, pero eso no ocurrió. La cuestión era ocultar la posición», subraya.
«No es así», respondió ante la consulta de La Nación Oscar Laborde, presidente del bloque de parlamentarios del FPV-PJ. «No lo votamos porque antes debe pasar por la Comisión de Derechos Humanos, como todos los proyectos. En esa comisión aún no hubo acuerdo», agregó.
«Hay muchos temas para tratar, como la libertad de Lula o la libertad de Milagro Sala, que tampoco tienen despacho de comisión, como muchos proyectos que no se están pudiendo tratar», dijo. Se condenó a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión y a cuatro años de prisión por el ataque a dirigentes sociales.
El informe de la ONU, realizado por Bachelet y presentado en julio, detalla las detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
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