En un contexto cada vez más crítico a raíz de apagones masivos, con una profunda crisis alimentaria, económica y de medicamentos y una temeraria puja entre Washington y Moscú por sus relaciones con Venezuela, el régimen chavista inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años al presidente encargado Juan Guaidó.
La medida, entendida más como una acción desesperada de Nicolás Maduro para demostrar que sigue manteniendo el control del país, carece, a juicio de varios analistas, de bases legales, pues el presidente encargado (en su condición también de presidente del Parlamento) cuenta con inmunidad parlamentaria que lo blinda ante cualquier acción de este tipo.
“Esta es una decisión que se toma contra un funcionario ante el cual no cabe, por su condición actual, ser aplicada. Guaidó es un diputado y tendrían que esperar a que termine su gestión o allanarle su inmunidad parlamentaria, y para eso se necesita una serie de pasos, como por ejemplo, declarar un antejuicio de mérito, pero como están las cosas, a Guaidó lo único que lo puede frenar es una detención arbitraria”, afirmó para El Tiempo el constitucionalista Luis Salamanca.
De esta manera, la Contraloría de Venezuela resolvió “inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano (Juan Guaidó) por el periodo máximo establecido en la ley, de 15 años”, dijo el contralor Elvis Amoroso.
De inmediato, y con el firme propósito de demostrar el sinsentido de la sanción, el líder opositor desconoció la acción alegando que Amoroso fue designado por la chavista Asamblea Constituyente, que él considera ilegítima.
“No es contralor. No lo es, ni existe una inhabilitación (…). El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor”, aseguró Guaidó en plaza pública repleta de simpatizantes.
La Contraloría alega que en sus declaraciones patrimoniales Guaidó no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior. “Ha realizado más de 91 viajes fuera del territorio con un costo que supera los 310 millones de bolívares (unos 94.000 dólares), sin justificar la fuente de ingreso”, aseguró.
El ente de control, que vigila y tiene facultades para sancionar funcionarios del Estado, había anunciado el 11 de febrero la apertura de una investigación contra el opositor por recibir financiamiento internacional.
“Esto forma parte de los intentos políticos por frenar a Guaidó, intentos que ya han fracasado en el pasado. Esto es un juego de fuerzas en el que hay una lucha de facto, en la cual lo que se impone es el poder de cada uno. Guaidó tiene demasiado poder por el hecho de ser presidente de la Asamblea, pero sobre todo por contar con el apoyo internacional en cabeza de EE UU y Maduro sigue teniendo el control de casi todas las instituciones del país y del Ejército”, agregó Salamanca.
Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista venezolano, explicó que la decisión viola el artículo 65 de la Constitución que establece que los únicos organismos competentes para tomar estas decisiones son los tribunales penales. Sin embargo, para que esto ocurra, esta instancia judicial debe haber dictado sentencia firme sobre la responsabilidad del sancionado por la comisión de algún delito.
“La razón por la cual existe la inmunidad parlamentaria es para que un funcionario en ejercicio de sus funciones legislativas no sea perturbado mediante este tipo de acciones por el Poder Ejecutivo”, indicó Raffali.
José Vicente Haro, también abogado constitucionalista, explicó que la decisión del órgano podría implicar que en los próximos días se emita un oficio dirigido al Consejo Nacional Electoral para que el organismo emita un código en su registro electoral con la intención de que Guiadó no pueda postularse como candidato a unos próximos comicios.
En esa línea, Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio y representante diplomático de Venezuela ante el Grupo de Lima, indicó, horas más tarde, que la inhabilitación a Guaidó demuestra que Maduro no quiere que se realicen elecciones libres en el país.
Dentro de las muchas reacciones que hubo luego de conocerse la sanción, está la de Estados Unidos, que tildó de “descarada” y “ridícula” la decisión de la Contraloría. El grupo de contacto reunido en Quito también rechazó la decisión.
En los últimos años, la Contraloría ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a varios líderes de la oposición, como Henrique Capriles y Leopoldo López, quienes han dicho que la medida buscó marginarlos del juego político y que no han cometido ningún ilícito.
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