John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, informó este martes de que dio instrucciones para que el Parlamento reanude este miércoles sus sesiones.
El pronunciamiento se produjo después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal la suspensión de las cámaras.
Bercow comunicó que espera que la Cámara de los Comunes reanude su actividad a las 11:30 hora local de este miércoles.
Precisó que no tendrá lugar la sesión semanal de preguntas al primer ministro, el conservador Boris Johnson.
Cámara satisfecha
El presidente de la Cámara baja manifestó su satisfacción por el dictamen del Supremo, pues ha dejado claro que el cierre del Parlamento impidió a los Comunes cumplir con sus funciones de supervisar la labor del Ejecutivo en momentos cruciales para el Reino Unido, que tiene fijada la fecha del «brexit» para el próximo 31 de octubre.
Bercow explicó que ha estado en contacto con los líderes de los partidos políticos para continuar mañana con las sesiones parlamentarias, después de que el Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, considerase nulo y sin efecto la suspensión del Parlamento de Westminster dispuesta por Johnson.
Suspensión del Parlamento durante cinco semanas
El primer ministro conservador había pedido el pasado agosto a la reina Isabel II, jefa de Estado, la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.
Ésto, con el argumento de que quería presentar una nueva agenda de gobierno.
Los once jueces del Supremo llegaron a su dictamen de forma unánime, en un fallo histórico y que ha puesto una vez más de manifiesto que el poder constitucional del Reino Unido reside en el Parlamento de Westminster.
El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II para proceder al cierre parlamentario pocas semanas antes del «brexit» no se ajustó a la legalidad.
Argumentan que perseguía «frustrar o impedir» que el Parlamento desempeñara sus «funciones constitucionales».
El Supremo, que escuchó durante tres días los distintos alegatos de las partes, tenía que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
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