La necesidad de obtener 3 billones de pesos en deuda, adicionales a lo previsto inicialmente, y una presión con 448.000 personas adicionales en el mercado laboral, que un año atrás vivían en Venezuela, son 2 efectos en Colombia de la crisis humanitaria de su vecino.
El Comité Consultivo de la Regla Fiscal dio el visto bueno el viernes para permitir flexibilizar la meta de déficit fiscal, que para este año era de 2,4% del producto interno bruto, a 2,7%. Esos 0,3 puntos son 3 billones de pesos más para gastar, que se deben conseguir con deuda, y permitirían asumir costos como salud y educación para migrantes de Venezuela. De estas personas, 448.000 que un año atrás no estaban en Colombia, para febrero se habían sumado al mercado laboral.
Entre las razones expresadas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que el país haya llegado a tener una mayor necesidad de recursos, la migración venezolana es la de mayor peso.
Además de que las finanzas públicas de Colombia tienen el efecto del ciclo económico, es decir, menores precios del petróleo y menor crecimiento de la economía de lo esperado; la afluencia de venezolanos (se calcula que la cifra ya es de 1.200.000 migrantes) implica un gasto anual de 5 billones de pesos (0,5 % del PIB).
Con el mayor déficit, que implica más deuda, se asumirán 3 de esos cinco billones de pesos, mientras que los restantes recursos necesarios para financiar la atención, principalmente en salud de los venezolanos, saldrán de reacomodación de fuentes previstas en el Plan Financiero de este año.
La expectativa del ministro de Hacienda es que, a medida que la mano de obra venezolana se vaya incorporando al mercado laboral, la demanda de recursos sea menor. Calculó que si en 2019 se necesita 0,5% del PIB, en 2020 se bajaría a 0,4%, y en 2021 a 0,3% del PIB.
Meta del año 2018 se cumplió
Hay que señalar que el comité de expertos de la regla fiscal, en el acta divulgada el viernes, enfatizó que, en 2018, el Estado cumplió con la meta, que era de 3,1%. La senda establecida era de reducción gradual, hasta llegar a 1% de déficit en 2027, porque el objetivo de la regla fiscal, vigente desde 2012, es que las finanzas públicas del país avancen en un camino de declive, evidenciando así un manejo sano de los recursos.
Esto no solo permite al país más inversiones en programas sociales, sino que también envía señales a las calificadoras de riesgo, para que «recomienden» a Colombia como un sitio confiable para que los inversionistas extranjeros vayan a poner su dinero allí.
Pero, aunque Colombia tramitó y logró la aprobación de una ley de financiamiento, para apalancar las necesidades financieras del Estado este año, el asunto migratorio se sumó al hecho de que esa ley solo aportará la mitad de los recursos esperados ( 7,1 billones de pesos y no 14 billones de pesos).
En ese sentido, la calificadora de riesgo Fitch había señalado que la ley de financiamiento, más los ajustes de gastos hechos por el gobierno, apretándose el cinturón podrían permitir un manejo de las finanzas en 2019; en 2020 el panorama no se veía tan claro.
A ello se sumó el hecho de que la migración venezolana, si bien, como subraya Carrasquilla, es temporal, también es cierto que demanda recursos cuantiosos. Así, para el 2020 el Comité de Regla Fiscal también permitió un mayor margen de déficit: era de 2,2% y permitió cambiarla a 2,3%.
“Dado que el costo fiscal depende del total de inmigrantes proyectados, el Comité consideró razonable adoptar un escenario intermedio entre las proyecciones presentadas, en el cual el máximo número de venezolanos que podría llegar al país estaría entre 2,3 millones y 2,7 millones, con un costo fiscal promedio de 0,5% del PIB anual”, señalan los expertos en el acta.
Baja riesgo de recorte
Ante la decisión del gobierno de acogerse a la recomendación del Comité de Regla Fiscal de subir el déficit, el ministro Carrasquilla indicó que se reduce el riesgo de recortar las inversiones que se necesita hacer en el país para promover el bienestar ciudadano.
“El choque producido por la necesidad de amparar la seguridad social de la población migrante requiere un mayor gasto y había dos posibilidades: o recortar otros gastos y mantener la meta fiscal igual, o aumentar la meta y no recortar otros gastos que se requieren para atender las necesidades del resto de la población”. Por ello agregó: “Creemos que es atinada la decisión de no recortar el gasto público en otros lados para atender un gasto que es temporal”.
¿Qué es la regla fiscal?
En el 2011, el gobierno tramitó ante el Congreso un proyecto de ley que estableció en el país la regla fiscal. Esto quiere decir que, por ley, desde 2012 existe un mandato según el cual un comité de expertos le impone al gobierno unas metas anuales, de manera que no pueda sobrepasar el déficit fiscal. Esto, en pos de que el país tenga una disciplina en el manejo de las finanzas públicas: que no gaste mucho más de lo que le ingresa y pueda pagar deudas.
La mencionada ley también orientó acerca de los integrantes que debía tener ese comité de expertos.Así, el acta que se mostró el viernes está firmada por Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes; Ramón Javier Mesa, delegado del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia; Guillermo Perry, ex ministro de Hacienda; Roberto Steiner, investigador de Fedesarrollo; Alexander Villarraga Orjuela, director del Departamento de Economía de la Universidad del Norte; Eduardo Wiesner, consultor; Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara; Rodrigo Villalba, presidente de la Comisión Tercera del Senado, y Óscar Mauricio Valencia, director de Política Macroeconómica de Minhacienda. Como invitados estuvieron el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y sus viceministros Luis Alberto Rodríguez y Juan Alberto Londoño, entre otros.
Uno de cada cuatro nuevos desocupados es inmigrante
De los casi 300.000 nuevos desempleados que se registraron en Colombia en febrero, 82.000 son personas que 12 meses atrás vivían en Venezuela. En otras palabras, son 1 de cada 4 nuevos desempleados, lo que refleja la forma en que la llegada de los inmigrantes presiona la desocupación.
Por eso, uno de los argumentos del gobierno para sustentar la necesidad de flexibilización de la regla fiscal es la migración venezolana, que además de presionar el mercado laboral, también lo hace sobre el costo de la seguridad social.
El Dane reveló el viernes que la cifra de desempleo en febrero fue de 11,8%, un punto porcentual por encima de la tasa registrada en igual mes de 2018, cuando llegó a 10,8%.
De esa manera, las personas desempleadas en febrero fueron 2.944.000, lo que representa 299.000 personas más en esa condición, en comparación con el mismo mes de 2018.
El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, subrayó que de ese total, 2,8% vivían en Venezuela en febrero del año pasado.
De los cálculos que se desprenden de las cifras presentadas por el Dane se puede establecer que la mano de obra venezolana aporta 365.000 personas a la población ocupada, que estaban en su país 12 meses atrás.
Estos, junto con los desempleados, completan 448.000 personas que el año pasado estaban en Venezuela y ahora se sumaron al mercado laboral colombiano, es decir, entraron en la población económicamente activa del país.
En el informe del Dane se aprecia que en febrero el desempleo urbano, es decir, el de las 13 ciudades que más absorben mano de obra, fue de 12,4%, frente a 11,9% en el mes anterior.
En el caso de los trabajadores provenientes de Venezuela, en el año completo terminado en febrero pasado, el desempleo fue de 18,4%, inferior al 20,6% en igual período anterior. Se destaca también que del universo de migrantes registrados tras la crisis, 83% reporta no estar afiliado al régimen de salud, ni como cotizantes ni como subsidiados.
Las estadísticas muestran también que la mayor parte de la población desocupada está en la franja de edad más productiva, de 25 a 54 años, lo que ratifica la presión que hay sobre el comportamiento del mercado laboral.
Sin embargo, hay que subrayar que de la población venezolana registrada tras su ingreso al país, 48% se mantuvo ocupada, independientemente de si encontró un empleo formal o informal.
Estas personas trabajaron, principalmente en oficinas, peluquerías, tiendas de barrio o restaurantes, según el Dane, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas tiene formación académica media y primaria.
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