El fiscal especial Bob Mueller entregó el informe de su investigación al secretario de Justicia y fiscal general, recién designado por Donald Trump, William Barr. Luego de casi 2 años de investigaciones, Mueller ha concluido su trabajo con 34 personas y empresas enfrentando cargos penales, entre estos, 26 rusos y 6 colaboradores directos de Trump: Papadopoulos, Manafort, Gates, Flynn, Cohen, estos últimos en camino a la cárcel (al haberse declarado culpables) y Roger Stone, quien enfrentará juicio, todos por delitos financieros, evasión fiscal y otros crímenes de cuello blanco, incluidas violaciones de la legislación de financiamiento de campañas electorales. El secretario de Justicia, con el cuidado implícito en la lealtad política que le debe al presidente Trump, remitió una misiva con su lectura del informe al liderazgo del Congreso de Estados Unidos. El informe de Mueller todavía no es público ni del conocimiento del Congreso.
En su misiva, Barr afirma que el informe de Mueller demuestra que hubo intervención o interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 (y recuerda los cargos formulados contra varios espías o agentes del gobierno ruso), pero advierte que el fiscal especial no encontró pruebas de “colusión” o conspiración entre el gobierno ruso –o sus operadores– y el presidente Trump o formalmente de la campaña electoral. Al referirse a los cargos de obstrucción de justicia, aclara que según Mueller la evidencia obtenida no necesariamente establece que el presidente incurrió en dicho delito, pero que tampoco puede concluirse que está exonerado de él.
Con esto, el fiscal Mueller deja el asunto en manos del fiscal general (y eventualmente, al Congreso) para que estos decidan la continuación de las investigaciones o el proceder que corresponde en derecho, según el ámbito de competencias de cada institución. En la síntesis del informe de Mueller, que hace su primer destinatario, el fiscal general y secretario de Justicia del gobierno de Trump, este cita un extracto del documento para destacar “temas difíciles, tanto en los hechos como en el derecho”, sobre si la conducta del presidente se apega a la tipología penal de obstrucción de justicia.
Trump, así como una buena parte de los republicanos, se adelantaron a vender este informe, según la perspectiva del reporte que hace el fiscal en su misiva, como una “exoneración total” de responsabilidad al presidente, llegando al extremo de considerar todo lo acontecido “un circo injustificado”. Semejante aseveración implica una postura política claramente reñida con la realidad. Es suficientemente grave que la investigación de Mueller derive en la formulación de cargos a 26 rusos por interferir en las elecciones de Estados Unidos en 2016; y que en el camino media docena de funcionarios de la campaña y el entorno de Trump estén implicados en delitos financieros o de financiación de campaña de los cuales se han declarado culpables. Es cierto que no hay un señalamiento concreto de responsabilidad de Trump o su campaña en una conspiración para esa interferencia rusa, más allá de toda duda razonable, pero no deja de ser grave que el fiscal Mueller haya dejado abierta la investigación con relación a si ocurrió la obstrucción de justicia por parte del presidente Trump.
Los demócratas en el Congreso exigen que el informe sea entregado en su totalidad para su valoración y revisión por las comisiones respectivas en ambas Cámaras. Es lo que corresponde. El secretario de Justicia ha admitido esa posibilidad con algunas “reservas o ediciones” para proteger la privacidad de muchas personas, e incluso, preservar la integridad de la investigación misma, en caso de que la actuación fiscal deba continuar con respecto a algún asunto o persona. Lo cierto es que el Congreso, y el país en su conjunto, deben conocer este informe con las reservas que amerita el mismo, no solo la misiva del secretario de Justicia. Y con base en su conocimiento del texto íntegro, el Congreso decidirá si continuará adelante con algunas investigaciones o determinaciones de responsabilidad política, e, incluso, valorará el alcance de las conclusiones de Mueller. Por alguna extraña e injustificable razón, que pone en duda el discurso reivindicativo de la Casa Blanca, el líder republicano de la mayoría en el Senado ha bloqueado la posibilidad de que el informe de Mueller sea entregado y discutido por los senadores.
Entre tanto, algo queda claro. El camino del “impeachment”, que muchos sectores de la sociedad y el Partido Demócrata ambicionan, no parece allanado por el informe de Mueller. La primera lectura hecha por su secretario de Justicia ha ofrecido a Trump elementos para una narrativa de victimización, como la que pretende y a la que se ha hecho tan aficionado. Pero cómo olvidar lo que han admitido Manafort o Cohen, sobre todo los señalamientos de este último en referencia a la vida y conductas empresariales de Trump, por ejemplo, y de manera muy especial, en materia de evasión de impuestos… Queda tela por cortar. La versión de Trump en el sentido de que todo es una trama política tiene las patas cortas. No irá lejos con ella.
Por su parte, Nancy Pelosi adquiere margen de maniobra en su estrategia parlamentaria. La líder demócrata nunca se ha contado entre los promotores del “impeachment”, pero sí entre los partidarios de que las comisiones competentes persistan en su investigación, incluso tomando elementos que ahora ofrece el trabajo de Mueller. En lo que sí hace énfasis la veterana y jefe de los demócratas en la Cámara de Representantes es en impulsar iniciativas legislativas de fondo en cuestiones prioritarias para la mayoría de los ciudadanos e, incluso, en asuntos sensibles para las clases medias y trabajadoras del país: reforma sanitaria, mejoras salariales, reformas económicas para promover la economía verde, revertir el cambio climático y dar prioridad en el gasto público a aspectos como educación, salud e infraestructura, entre otros.
En ese plano propuesto por Pelosi, los demócratas pueden desnudar a Trump frente al electorado. Por otra parte, ya están preparados para exponer sus propuestas ante el país, y han trabajado con mucho tiento para sumar y consolidar los apoyos logrados en las elecciones de mitad de período en 2018, incluso en muchos estados donde Trump salió airoso en las elecciones de 2016.
Como ha dicho en un acerado trino por la popular red social el versado consultor político David Plouffe, quien fuera jefe de la campaña de Barack Obama: 270 (votos del colegio electoral) el 11 de marzo de 2020 es la única ruta realista para convertir la actual realidad en una pesadilla de 4 años. Y no de 8. Trump no va a renunciar, no será “allanado” y las reformas para que el voto popular sea directo tampoco serán establecidas en lo inmediato. Con un buen candidato, con un retrato cabal de los tejemanejes de Trump, con alianzas bien amarradas y con millones de voluntarios comprometidos en el trabajo duro se logrará el cambio.
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