La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia publicó su boletín sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el Zulia de agosto de 2019, que documenta las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales.
La región zuliana es el hogar de los pueblos indígenas wayuu, barí, yukpa, añú y japreria, que representan 61,2% de la población indígena venezolana.
En este estudio realizado con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Codhez observó que la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas en la región zuliana es de particular gravedad, en el actual contexto de emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela.
Las fallas eléctricas en la Guajira son aún más recurrentes y prolongadas en comparación con el resto del Zulia. Este escenario complica el acceso a otros servicios como el agua potable, las telecomunicaciones, la educación o la salud.
Varios sectores de la Guajira iniciaron el año sin electricidad. Para el 9 de enero, se denunció que algunas zonas llevaban 2 semanas sin servicio, mientras que en otros municipios del Zulia no ocurría esto.
Asimismo, luego del apagón nacional del 7 de marzo, sumó 105 horas sin servicio eléctrico, en múltiples sectores de la región zuliana. Algunas de las poblaciones afectadas fueron El Cañito, La Punta, Los Filúos, Paraguaipoa y Sinamaica. El fluido retornó transcurridas 177 horas.
Este retraso en la reconexión persistió durante los meses siguientes.
En abril, Paraguaipoa y Potrerito cumplieron 480 horas sin electricidad. En mayo, se registró una falla en el servicio que se extendió por 96 horas. Dos meses más tarde, vecinos bloquearon el paso en la Troncal del Caribe, para protestar por la ausencia de la energía eléctrica y la precaria señal telefónica.
Otros servicios en emergencia
El agua potable es otro servicio vulnerado en la Guajira. La zona cuenta con apenas cinco camiones cisterna, cuyo monitoreo sanitario es inexistente.
Aunado a esto, llenar un tanque de 1.000 litros puede costar hasta 60% del salario mínimo. En vista de estas complicaciones, y como último recurso para abastecerse, los pobladores almacenan agua de lluvia o la toman de los jagüeyes, algunos contaminados.
Sobre este punto, es importante resaltar que el acueducto El Brillante está fuera de servicio, a pesar de reiterados anuncios gubernamentales sobre su puesta en marcha.
Para los habitantes de este municipio indígena, contar con el servicio del gas solo es posible a través del surtido de bombonas. Adquirir estos cilindros de gas es prácticamente imposible, puesto que no llegan a las plantas de distribución. Una bombona de 40 kilos se vende en 40.000 bolívares, suma equivalente a un sueldo mínimo.
Las condiciones de los pueblos añú, barí, yukpa y japreria es quizás peor que la de los wayuu, refiere el boletín.
En el caso de los yukpa, la falta de atención gubernamental se evidencia en la casi inexistente prestación de servicios públicos. Así como en la pobreza, la desnutrición, la inseguridad por la presencia de grupos irregulares y, en general, la falta de condiciones básicas para un nivel de vida adecuado.
El boletín advierte la creciente contaminación del Lago de Maracaibo, por la falta de mantenimiento en maquinarias y tuberías petroleras. Lo que impacta de forma más directa la costa oriental, que comprende los municipios Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt.
Codhez, en este sentido, considera urgente que el Estado venezolano diseñe y ejecute de inmediato una solución óptima para atender a las poblaciones vulnerables en los territorios indígenas y solventar la situación de los servicios públicos en la región. También pide un plan de acción para enfocar la atención a los problemas ambientales, en especial hacia la ya alertada situación de contaminación del Lago de Maracaibo, advertida en reiteradas oportunidades por grupos ambientalistas zulianos.
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