La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la legislación secundaria de la reforma laboral constitucional de los años de Peña Nieto. Aunque se encontraba pendiente desde hace algún tiempo, fueron las exigencias de Estados Unidos, tanto del gobierno de Trump como del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, que obligaron a la 4T en el congreso mexicano a agilizar las cosas. Sin aprobación de un paquete que se ciña al Anexo 23 del T-MEC, y en particular al artículo 6, no habrá ratificación posible. Esta última se antoja difícil de todas maneras.
Ya varios miembros de la comentocracia han descrito algunos de los principales rasgos de esta reforma. Incluye el fin de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, elecciones personales, secretas y libres para elegir dirigencias sindicales y determinar la titularidad del contrato colectivo; la necesidad del conocimiento y la aprobación del contrato colectivo por los trabajadores y una votación al respecto para aceptarlo; la posibilidad de coexistencia de varios sindicatos en una misma empresa o dependencia, entre otros. Se trata de cambios trascendentales en el sindicalismo mexicano, en el movimiento obrero mexicano, que nadie puede ver sino como ampliamente positivos y tardíos.
El asunto se ha demorado por varios motivos, y puede todavía provocar algunos sobresaltos. Quisiera detenerme en la tardanza y las posibles sorpresas por venir. De acuerdo con versiones que escuché desde enero, procedentes de un integrante del equipo del gobierno saliente involucrado en las negociaciones, después de que se firmara el T-MEC en Buenos Aires y tomara posesión el equipo de López Obrador, algunos empresarios tomaron conciencia de lo que se había aceptado en materia laboral y pusieron el grito en el cielo. Se acercaron a López Obrador y le pidieron que se revisara el Anexo 23, porque implicaba un grave peligro para la paz laboral y la contención de salarios en México.
AMLO atendió su solicitud y buscó como cambiar el curso de las cosas. El 14 de marzo viajaron a Washington Luisa María Alcalde y Graciela Vázquez para reunirse con sus homólogos estadounidenses –entre ellos Robert Lighthizer– y algunos legisladores demócratas. Las reuniones fueron “desastrosas”, contó otro ex-funcionario. La respuesta del equipo de Trump fue que si le movían al Anexo 23, no habría T-MEC. Días después, viajó a México Jared Kushner, para advertir más o menos lo mismo, ya directamente a López Obrador. Por último, a principios de abril, Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara Baja en Washington, anunció que sin reforma laboral en México ni siquiera llegaría el T-MEC al pleno de su cámara.
De allí que AMLO aceptara unos días después, el 4 de abril, que debía aprobarse una reforma laboral “apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado”. Los operadores de Morena se pusieron a trabajar, dejaron para después la reforma educativa y revocación de mandato, y comenzaron a acelerar los trámites –eso son– de aprobación.
Las sorpresas comienzan, parece, con una declaración de Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, aclarando que el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados “se aparta de consensos” construidos con el gobierno. No desglosó los consensos de los cuales el dictamen se aparta de la ley, pero podría tratarse de los entendimientos a los que llegaron los empresarios con AMLO en diciembre o enero y de los cuales se desdijo. Veremos en las próximas horas y días si no surgen otras voces en el empresariado o el viejo sindicalismo que también reclamen un malentendido o las consecuencias de las leyes negociadas en Washington.
Otras sorpresas pueden provenir, justamente, de la capital norteamericana. Los sindicatos norteamericanos y algunos legisladores Demócratas, con algo de razón, guardan la impresión que a partir de 1994 México les tomó el pelo. En aquella época, se agregaron un par de cartas paralelas al NAFTA o TLCAN, una de ellas sobre cuestiones laborales. Estos sectores lamentan que más allá del contenido de la carta laboral, México nunca cumplió, y que el NAFTA siempre careció de mecanismos de verificación y cumplimiento. Por eso Pelosi, que votó a favor del Nafta en 1993, en esta ocasión ha sido muy clara. Para que se apruebe el T-MEC, hay tres condiciones: “enforcement, enforcement and enforcement” (cumplimiento, cumplimiento y cumplimiento). Pronto sabremos en qué se traduce esto.
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