Isabel II se vio arrastrada por el huracán político del brexit al tener que aprobar la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento británico, un acto, sobre todo, político para una monarca con un papel tradicionalmente neutral.
La monarca, de 93 años de edad, aprobó la decisión de Johnson de suspender las labores del Parlamento entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre, es decir, poco antes de la fecha prevista para la salida de la Unión Europea el 31 de octubre.
Esta decisión provocó un huracán político porque deja apenas sin tiempo a los numerosos diputados contrarios a un brexit sin acuerdo para intentar impedirlo si el gobierno no logra renegociar un acuerdo de salida con Bruselas.
Tras dos aplazamientos de un brexit inicialmente programado para marzo de 2019, el cáustico primer ministro de la indisciplinada cabellera rubia ha prometido que el país saldrá del bloque con o sin acuerdo en la fecha prevista.
Los expertos en derecho constitucional afirman que la reina no tenía otra opción que aprobar la petición. El Reino Unido es una monarquía constitucional, así que la soberana puede ser consultada, advertir o alentar, pero solo puede actuar siguiendo el consejo de sus ministros.
«Es la regla más antigua de la Constitución británica”, dijo a la AFP, Robert Craig, miembro de la Universidad de Durham. Dicho de otro modo: la reina reina pero el primer ministro gobierna.
Aguas peligrosas
Isabel II corre, no obstante, el riesgo de encontrarse próximamente nadando en aguas peligrosas, señala Mike Gordon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Liverpool.
«Se encuentra en una situación complicada porque se vio arrastrada al debate político más divisivo del país», afirmó. Los opositores a Boris Johnson intentan legislar para impedir una salida de la UE sin acuerdo.
«Si lo logran, puede que el gobierno le pida que no dé su aprobación y entonces estaremos en un territorio constitucional delicado», señaló Gordon. «La convención por la cual debe dar su aprobación al Parlamento entrará en conflicto con la que dice que debe seguir el consejo de sus ministros», explicó.
La Constitución británica no está escrita y se basa en precedentes y convenciones. La última monarca que se negó a aprobar una ley fue la reina Ana en 1708.
Isabel II, en el trono desde 1952, tiene el récord de longevidad de los monarcas y, como la más experimentada, es probablemente también la que mejor conozca sus deberes.
Pero su papel de jefa de Estado, contrariamente a los países donde desempeñan un papel político activo, se limita a ratificar las decisiones de los responsables electos.
Ultraje constitucional
Su neutralidad es tan perfecta que nadie sabe qué piensa la reina sobre los grandes asuntos políticos que agitan al país. Única excepción reciente: el referéndum de 2014 sobre la independencia de Escocia.
«Espero que la gente reflexione con mucho cuidado sobre el futuro», indicó al expresar una preocupación que fue inmediatamente interpretada como una hostilidad a la independencia de Escocia.
Sobre el brexit, otro punto en el que el país se juega su futuro, no dice nada. Así que los observadores se tienen que contentar con comentar el color de su sombrero para ver en él una toma de posición cuando lleva el azul y el amarillo de la bandera europea.
La oposición considera que Johnson utilizó injustamente sus poderes como primer ministro al involucrar de manera astuta a la reina Isabel II en la crisis del brexit.
Incluso John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, lo tildó de ultraje constitucional. Y algunos reaccionaron como si la monarca hubiese tomado partido.
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