La crisis política e institucional que vive el país es consecuencia de la violación, por años, de la separación de poderes, principio que caracteriza el Estado de Derecho moderno y que garantiza el equilibrio en democracia.
La denuncia reiterada en organismos internacionales de la falta de independencia de los poderes que constituyen el Estado venezolano, en particular del Judicial, tuvo su expresión más gruesa en las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en las que se pone en papel la eliminación de una de las patas de la mesa del Estado, el Poder Legislativo.
Abogados constitucionalistas y analistas políticos consideran que las sentencias del jueves 30 de marzo no significaron cambio alguno, sino que forman parte de una acción continuada que el gobierno ha ejercido en el último año y medio. En el ajedrez de la política el juego parece estar trancado. Una muestra de lo que podría considerarse un error en esa materia o parte de la misma estrategia es la intención de “corregir” las sentencias 24 horas después de dictadas. Las opciones jurídicas para salir de la crisis institucional parecen estar agotadas, de acuerdo con observadores. Creen que cualquier salida debe estar acompañada de la presión social, esa que esta semana volvió a desbordar la autopista Francisco Fajardo en Caracas.
“Antes teníamos un hilo de nylon en el cuello, que si te movías te ahorcabas; ahora es un mecate que todos podemos ver. Este tipo de sentencias ya existían, solo que estaban disfrazadas en un lenguaje ambiguo con párrafos inentendibles. El TSJ siempre ha actuado en el marco de la confusión. No puedes hablar de un cambio real, cuando se sigue expresando que hay una Asamblea en desacato. Esto simplemente es una acción continuada de lo que hemos visto en el último año y medio”, indica el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli.
El politólogo Luis Salamanca señala que el desacato no aplica para ningún poder público, pues se trata de una figura legal, mas no constitucional. Para que ocurra se debe desobedecer una sentencia dictada por un juez de amparo, pero en este caso fue por un supuesto fraude electoral con los tres diputados de Amazonas, que posteriormente la misma Asamblea desincorporó.
Ese es apenas el origen del laberinto de decisiones y actuaciones que desde diciembre de 2015 hasta la fecha suman más de 20 episodios (ver infografía en la página 2) en los cuales ha quedado de manifiesto el uso político de las instituciones, lo que ha exacerbado la ingobernabilidad en el país durante el último año y medio, precisamente desde que la oposición ganó la Asamblea el 6-D, logró la mayoría simple y calificada y se convirtió en una posibilidad de constituir un contrapeso real para el resto de los poderes.
La designación de los magistrados del TSJ por una Asamblea saliente que sesionó de manera extraordinaria un día antes de Navidad; los lapsos y procedimientos que fueron obviados por los parlamentarios salientes, que ignoraron la obligatoriedad de la participación del Poder Ciudadano y no recibieron objeción o llamado de atención alguno por parte de estos representantes por ser excluidos del proceso; la celeridad en las decisiones de los recién nombrados magistrados, que emitieron sentencias fundamentales durante su período de vacaciones decembrinas, un día antes de fin de año; la omisión del Poder Electoral como garante de comicios que fueron calificados de fraudulentos sin que el CNE demostrara la validez de ese proceso o convocara a nuevas elecciones, y finalmente, como la serpiente que se muerde la cola, lo que comenzó con la impugnación de los 3 diputados de Amazonas lleva 15 meses sin una decisión formal del TSJ, el mismo que permitiría destrabar este ciclo infinito de sentencias, decisiones y usurpaciones.
“Esto que hicieron los magistrados es un delito de prevaricación, esto significa que un juez dicta una sentencia injusta a sabiendas de que está siendo injusta y está ejerciendo mal el derecho. No puede alegar que no sabes leer, la Constitución es muy clara. Este delito es una causal de destitución de los magistrados”, sostiene Salamanca.
Es aquí donde radica la nueva piedra de tranca. A pesar de que las sentencias del TSJ fueron “revisadas y corregidas”, el presidente de esta institución, Maikel Moreno, advirtió que una Asamblea Nacional “en desacato” carece de legalidad para remover a los magistrados, derecho constitucional que tiene el Poder Legislativo.
¿Quién rompe el hilo? A las sentencias 155 y 156 que eliminaron la inmunidad parlamentaria y suspendieron las atribuciones del Legislativo siguió una declaración de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que en otro país obedecería al ejercicio de la independencia de los poderes, pero que en Venezuela fue calificada por el presidente Nicolás Maduro de un “impasse”. Ortega Díaz afirmó el 31 de marzo, en la presentación de su informe de gestión, que con las decisiones del TSJ “hubo una ruptura del orden constitucional”.
A pesar de que por primera vez la fiscal general reconoció la actuación inconstitucional de la cabeza del Poder Judicial, desde que la nueva Asamblea Nacional tomó posesión en enero de 2016, otras actuaciones de ese y otros poderes han incurrido en la misma inconstitucionalidad.
En enero de este año, el presidente Nicolás Maduro presentó su memoria y cuenta ante el TSJ y no en el Parlamento como establece la Constitución. En enero de 2016 el mandatario firmó un decreto de emergencia económica y de excepción “para avanzar en las acciones y planes para la estabilización económica del país y blindar los derechos sociales de los venezolanos” con numerosas prórrogas sin la aprobación del Poder Legislativo. El artículo 138 de la carta magna estipula que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” y especifica en el artículo 139 que “el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.
El TSJ usurpó otra de las funciones del Parlamento al designar a los rectores del CNE alegando que las actuaciones del Poder Legislativo carecen de “validez, eficacia y existencia jurídica por el desacato interrumpido que mantiene con el Poder Judicial”.
“Ningún camino que implique la cooperación de otras instituciones va a tener viabilidad. No hay instituciones independientes y autónomas que arbitren ese conflicto, no van a jugar con reglas legales, van a jugar desde la óptica de la conveniencia política. Las únicas salidas posibles son aquellas que van acompañadas de la presión política combinada con la presión internacional, pero siempre dependerá más de la presión interna”, señala el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón.
Al abogado constitucionalista José Ignacio Hernández también le cuesta ver una salida jurídica cuando el principal filtro es la Sala Constitucional. “En países con situaciones de conflicto puedes resolver a través del árbitro judicial, como fue el caso de Dilma Rousseff o Carlos Andrés Pérez, o por vía electoral, que tampoco está garantizado hasta la fecha, o por los militares, que no se han atrevido a rebelarse. Por ello, hay que ejercer la soberanía directa desde la calle”.
Líderes en la calle
El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, señala que de acuerdo con sondeos recientes la voluntad de la gente de protestar no ha disminuido. Pero asegura que las altas expectativas sin cumplir que generó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han cavado el hoyo de la desesperanza y desmotivación. “En cualquier movimiento de resistencia pacífica debe establecerse una estrategia, entrenamiento y estructura, y se deben evitar convocaciones espontáneas”.
Seijas destaca que es significativo y pudiera actuar como factor diferenciador del resto de las protestas ocurridas desde que Maduro asumió la presidencia que en la marcha del martes 4 de abril, y también en la del jueves 6, los dirigentes políticos de oposición y los diputados fueron los primeros en enfrentarse a los guardias nacionales y policías.
“El grueso de la clase D y E de este país entiende que no hay separación de poderes, que hay un gobierno fuerte que hace lo que le da la gana, pero también entiende que no hay un contrapeso; es decir, una organización de oposición que pueda combatir ese Estado autoritario. Entonces el venezolano siente que vale poco como agente de cambio y ahí surge un problema de autoestima en la sociedad, que considera que no puede luchar con algo tan grande si no tiene una organización que lo conduzca”, expresa el analista.
Los sondeos de Delphos indican que 60% de los venezolanos asegura que si se cumplen las condiciones, están dispuestos a ejercer presión social. “La única arma de la oposición es la presión social. Es la manera como que se puede crear fisuras en el poder. El Estado le tiene mucho miedo a la calle, crea instancias paralelas de choque como los colectivos para bajar el costo de la represión para la Fuerza Armada Nacional. Mientras más tensión social observen los militares, más se cuestionarán si realmente deben disparar a decenas de personas”, dice Seijas.
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