El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al gobierno de Venezuela que respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión de sus ciudadanos e hizo un llamamiento «a todas las partes» a renunciar a la violencia.
«Estamos preocupados por los informes sobre (actos de) violencia durante las protestas. Hacemos un llamamiento al gobierno de Venezuela para que se asegure que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión», dijo Elizabeth Throssell, portavoz del alto comisionado, en un comunicado.
La portavoz también se refirió a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante 15 años del líder opositor Henrique Capriles y recuerda que éste ha sido «democráticamente elegido» y ha sido dirigente durante más de dos décadas.
La oposición venezolana se ha manifestado en los últimos días en Caracas para respaldar al Parlamento, de mayoría antichavista, en su demanda de elecciones y en la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo.
Pero estas manifestaciones se han saldado con choques con la Policía, que en los últimos días ha impedido su paso al centro de la capital y han repelido a los manifestantes con gas lacrimógeno y otros medios de represión.
Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento «a las fuerzas de seguridad para que operen en concordancia con los estándares internacionales sobre derechos humanos» en sus acciones para «gestionar» las manifestaciones.
Asimismo, Throssell pidió a los manifestantes que «usen medios pacíficos para hacer oír sus voces», y pidió a todos los implicados que renuncien a la violencia.
En este contexto, la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió «una investigación independiente» sobre la muerte del joven Jairo Ortiz, de 19 años, fallecido la semana pasada en el municipio Carrizal, ubicado en el estado de Miranda.
Al principio se informó que el joven había muerto en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en dicha localidad, pero el gobierno negó ese extremo y afirmó que el joven había sido abatido por un policía de tránsito cuyas funciones no se corresponden con tareas de orden público.
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