En medio del terremoto político de Brasil, el Tribunal Supremo ha abierto la caja del mayor escándalo de corrupción del país y tiene en su punto de mira a un centenar de políticos con estatus de aforado, acorralados por la confesión de 77 ex directivos de Odebrecht.
El magistrado Luiz Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, aceptó más de 70 pedidos de investigación sobre políticos implicados y rompió parcialmente el sigilo judicial al airear el contenido de una «lista negra» elaborada por el fiscal de la República, Rodrigo Janot.
Con el aval de la máxima Corte, la investigación pasará de nuevo a manos del Ministerio Público, que decidirá si presenta o no una denuncia ante el Supremo. Este, a su vez, tendrá la responsabilidad de aceptarla -y procesar a los investigados- o archivarla.
El Supremo está compuesto por 11 jueces nombrados por seis presidentes distintos: José Sarney (1), Fernando Collor de Melo (1), Fernando Henrique Cardoso (1), Luiz Inácio Lula da Silva (3), Dilma Rousseff (4) y el actual mandatario Michel Temer (1).
Tras la investigación, la posible avalancha de denuncias por parte de la Fiscalía recaería en manos de la segunda sala del tribunal, integrada por cinco de los once magistrados, entre ellos el instructor del caso, Luiz Edson Fachin, de talante progresista y propuesto por Rousseff.
Este grupo también está integrado por Gilmar Mendes – el juez más conservador de la corte-, así como por José Celso de Mello, Ricardo Lewandowski y José Antonio Dias Toffoli.
El pleno del Supremo, por su parte, lo completan Marco Aurélio Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso -todos ellos de la primera sala- y la presidenta, Carmen Lucia Antunes, una magistrada nombrada por Lula da Silva y caracterizada por su firmeza y discreción.
El último asiento del Supremo fue ocupado recientemente por el ex ministro de Justicia Alexandre de Moraes, quien fue nombrado por Temer tras la muerte del magistrado Teori Zavascki, que llevaba las riendas del caso Petrobras en la máxima corte.
El fallecimiento de Zavascki en un accidente aéreo en la costa del estado de Río de Janeiro, a principios de año, conmocionó a Brasil y generó todo tipo de teorías de la conspiración.
Tras su muerte, Fachin asumió la instrucción del caso, que salpica a un centenar de políticos de todo el arco partidario y ejecutivos de las principales empresas de construcción civil del país.
Las garras de la investigación han alcanzado a ocho ministros del presidente Michel Temer, los dos jefes de las cámaras legislativas, tres gobernadores, decenas de congresistas, así como políticos sin fuero privilegiado, como el ex presidente Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff.
No obstante, el tiempo juega a favor de los políticos, ya que el promedio que demora la Corte Suprema para analizar si acepta o no la denuncia contra un acusado con fuero es muy superior al de los juzgados de primera instancia debido a la gran cantidad de procesos apilados en sus cajones.
Además, según un estudio de la Fundación Getulio Vargas (FGV), el índice de condenas de procesados en el STF es inferior a 1%, lo que ha ofrecido una sensación de impunidad contra la que el Supremo deberá luchar en medio de la presión de la sociedad.
Desde 2015, cuando la Fiscalía presentó la primera «lista» contra medio centenar de parlamentarios, el Supremo no ha condenado hasta el momento a ningún político, mientras que en instancias inferiores la justicia ha dictado alrededor de 130 sentencias condenatorias.
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