La Asamblea Nacional aprobó iniciar una investigación sobre la conducta del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y también comenzar averiguaciones si en tres días el Parlamento no recibe la tramitación de las solicitudes de calificación de falta grave de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Las investigaciones fueron los puntos que se decidieron en un proyecto de acuerdo al finalizar la discusión sobre la falta de respuesta del Consejo Moral Republicano, presidido por Saab, a la solicitud de calificar a los integrantes de la Sala Constitucional por el golpe de Estado perpetrado con sus sentencias.
El acuerdo tuvo dos puntos: el primero fue el establecimiento de una comisión especial encargada de investigar la conducta de Saab por la falta de acción del defensor ante algunos hechos y las respuestas que ha dado a algunos acontecimientos como el aislamiento de Leopoldo López.
El segundo aspecto fue requerirle a Saab que un lapso de tres días provea la conducente para la tramitación de las solicitudes de calificación de falta grave de los integrantes de la Sala Constitucional. Si en los tres días siguientes a la publicación del acuerdo no hay respuesta, la Asamblea investigará la vinculación del defensor en el golpe de Estado ocurrido desde el 28 de marzo.
La mayoría opositora presente en el Parlamento aprobó la medida. Al finalizar la discusión se informó que la comisión especial estaría presidida por el diputado Juan Miguel Matheus y que además la integrarían los parlamentarios William Barrientos, Luis Silva, Armando Armas y José Luis Pirela.
La oposición le ha solicitado en varias ocasiones al defensor del Pueblo que como presidente del Consejo Moral Republicano cumpla con el requisito de calificar a los magistrados de la Sala Constitucional y además han intentado llegar, durante el mes de abril, a la sede de la Defensoría del Pueblo para pedirle una respuesta a Saab.
El funcionario informó el 6 de abril que el Consejo Moral Republicano, integrado además por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que se había acordado no pronunciarse contra los magistrados del Tribunal Supremo.
«El Consejo Moral Republicano acordó declarar la improcedencia de la solicitud, debido a que considera inoficioso un pronunciamiento sobre las presuntas faltas de magistrados del TSJ, puesto que las sentencias 155 y 156 ya fueron de oficios aclarados, ante decisiones de las mismas fechas”, aseguró el funcionario durante un contacto telefónico realizado por el canal Venezolana de Televisión.
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