La Asociación de Alcaldes de Venezuela rechazó este jueves la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se les exige a ocho burgomaestres opositores impedir barricadas en sus jurisdicciones.
Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, señaló que quien impide el libre tránsito es el gobierno nacional cada vez que la oposición realiza una movilización. Instó a los cuerpos de seguridad a garantizar que se respete el orden público.
«Mientras seamos alcaldes vamos a defender el derecho a las protestas pacíficas. Es un compromiso con las comunidades y el país. Vamos a actuar apegados a la Constitución», expresó Ramón Muchacho, alcalde de Chacao.
Muchacho manifestó que los dirigentes opositores no pueden ser indiferentes ante la situación que atraviesa el país. Reiteró a los manifestantes que las protestas deben ser con «conducción política, liderazgo claro y sin dibujo libre».
Por su parte, David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, indicó que las personas que introdujeron las solicitudes ante el TSJ no son las mismas que aparecen en el sistema. Aseguró que el amparo obedece a una política de Estado implementado desde 2014, que busca «acabar con las alcaldías».
Carlos García, alcalde del estado Mérida, indicó que una sentencia no puede impedir el derecho a la manifestación. «Nosotros vamos a seguir acompañando a nuestros ciudadanos en nuestros municipios en las protestas».
Los alcaldes aseguraron que defenderán el derecho a la manifestación pacífica hasta que el gobierno acceda a realizar elecciones generales, la apertura del canal humanitario, liberación de presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional.
El miércoles, el TSJ publicó las decisiones que van dirigidas a cinco alcaldes mirandinos y tres merideños; Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta; José Luis Rodríguez Fernández, alcalde del municipio Carrizal; José Fernández López, del municipio Los Salias; Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo.
En el estado Mérida los alcaldes acusados de no velar por la seguridad de los habitantes son Juan Peña, por el municipio Alberto Adriani; Carlos García, alcalde del municipio Libertador y Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías.
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