La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió, de forma urgente, al gobierno venezolano cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria.
El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos urgió al gobierno a no utilizar operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones.
En un comunicado con fecha de hoy, la CIDH reiteró su “enérgico llamado” a rechazar cualquier forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones “con absoluto apego a los derechos humanos”.
Además, expresaron su profunda preocupación por el procesamiento y la detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela.
Detallaron que el gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico – militar conocida como “Plan Zamora” y que a través de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones. De acuerdo a la información disponible, esta segunda fase del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares. Se ha reportado que 341 civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales 178 permanecen detenidos en dicha jurisdicción.
La CIDH reiteró su preocupación por el “uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia”.
Recordaron que el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho.
“Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, dijo el presidente y Relator de la CIDH para Venezuela, Comisionado Francisco Eguiguren. “Es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción militar por participar en protestas y manifestaciones”.
Reiteraron que están haciendo seguimiento a la situación de protestas masivas en Venezuela. Recordaron que la Comisión ya ha manifestado su “extrema preocupación” por los hechos de violencia y su alarma sobre la militarización y el llamado del gobierno a armar a milicias civiles.
Expresaron que la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento.
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