«La firma del documento común, que propones, la juzgamos nosotros como iniciativa importante, pero no la única que queda por tomar ni tampoco el paso por el cual debe comenzarse la necesaria y urgente actuación conjunta de todas las fuerzas de oposición a la dictadura venezolana”, le dice Jóvito Villalba a Rómulo Betancourt en carta de fecha 25 de marzo de 1956. Este texto es importante recordarlo porque se escribe en momentos en que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ejercía el control total del país y lucía sólida. Mientras eso ocurría, la dirigencia opositora realizaba un trabajo político basado en la búsqueda de la unidad.
El régimen desarrollaba a hierro y fuego una cruel represión contra la disidencia a través de la Seguridad Nacional, dirigida desde 1951 por el inefable Pedro Estrada. Lo curioso es que esta persecución contra los enemigos políticos la ejecutaba el sector civil del régimen, pese a que se trataba de un gobierno militar de estirpe corporativa, miembro de una ristra de dictadores denominada la “Internacional de los sables”, entre quienes destacaban Juan Domingo Perón, Manuel Odría (profesor de Pérez Jiménez en la Escuela Militar de Chorrillos), Gustavo Rojas Pinilla, Anastasio Somoza, Alfredo Stroessner, Carlos Castillo Armas, Paul Magloire, Fulgencio Batista y Rafael Leónidas Trujillo; lista a la que hay que agregar a Getulio Vargas, quien era un líder civil pero llegó al poder por medio de un golpe militar.
Los responsables de esta represión eran el ministro del Interior e ideólogo del régimen, Laureano Vallenilla Planchart, y el jefe de la policía política, Pedro Estrada, quienes no dejaban títere con cabeza al momento de ejercer la crueldad y la persecución para someter a la disidencia. El asesinato (Leonardo Ruiz Pineda, Antonio Pinto Salinas, Alberto Carnevalli, León Droz Blanco, entre otros), la tortura y la censura estaban a la orden del día. Esto fue narrado literariamente en la novela testimonial de José Vicente Abreu, titulada Se llamaba SN.
La Seguridad Nacional se había convertido en una instancia de terror. Dicho organismo represivo era policía política, inteligencia militar, centro de torturas y, al mismo tiempo, un ente con potestad para decidir sobre la vida de cada cual. Pedro Estrada tomaba decisiones que correspondían al Poder Judicial, es decir, que además de policía era juez.
En este contexto ocurre un hecho relevante que tuvo influencia en los acontecimientos futuros: el día 29 de abril de 1957, el arzobispo de Caracas Rafael Arias Blanco promulgó una pastoral con ocasión del Primero de Mayo de ese año. En esa fecha, la pastoral “fue leída en las parroquias de Caracas. A fines de la semana le había dado la vuelta al país”, relata Gabriel García Márquez, quien era reportero en esa época. De esta manera, el régimen pierde una de sus patas de apoyo: la Iglesia Católica. En ese momento se desarrollaba una campaña opositora en las iglesias y en los liceos, como lo afirma Laureano Vallenilla Planchart (Escrito de memoria. Versalles, Lang Grandemange, 1961, p. 453). Y esta oposición se expande incluso al sector empresarial, otra de las patas que servía de sostén al régimen.
La represión desmedida y la corrupción en comisiones y contratos fue motivo adicional para la caída del régimen. El 1 de mayo de 1957 fue, entonces, una fecha de gran influencia sobre el posterior quiebre de las Fuerzas Armadas que sostenían al dictador. Ese mismo año se crea el Frente Patriótico, integrado por URD, Copei, AD y el Partido Comunista, dentro del espíritu de unidad estratégica que inspiró a la dirigencia política, decidida a derrotar la dictadura. A ello se suma la cada vez más vigorosa presencia estudiantil en la lucha política contra el deseo del dictador de permanecer en el poder a través de un plebiscito, violando su propia legalidad creada en la Constitución de 1953. Esto adquiría ya un perfil de triunfo, cuando la clase empresarial le quitó el apoyo al régimen.
Así las cosas, y ante la imposibilidad de realizar elecciones libres, el régimen montó la farsa del plebiscito del 15 de diciembre de 1957. El dictador encomendó al ministro Vallenilla Planchart y a Rafael Pinzón la redacción del decreto para convocar el “plebiscito”, el cual contaría con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como lo señala Vallenilla Planchart (p. 452). El Congreso aprueba sumisamente la ley electoral, al tiempo que se desarrolla una vigorosa campaña en contra del fraude. La unidad del país frente a este esperpento estaba blindada.
Lo que ocurre después es una sucesión de hechos que van sellando el desplome de la dictadura. El 1 de enero ocurre el alzamiento de Hugo Trejo (Ejército) y Martín Parada (Aviación) el cual “fue derrotado”, afirmó con jactancia Pérez Jiménez. El 10 de enero, por presión del Alto Mando Militar, salen Laureano Vallenilla Planchart y Pedro Estrada. La acción opositora está en su esplendor y su actuación no se sale del libreto nuclear: la unidad. El 21 de enero se convoca una huelga general y a los dos días, el 23 de enero, se produce el quiebre definitivo y las Fuerzas Armadas exigen la salida del dictador. No hubo necesidad de disparar un tiro por la decidida acción de la mayor parte de la sociedad contra el régimen opresor.
El texto que le dirigió Jóvito Villalba a Rómulo Betancourt, con el que comienzo este artículo, permite recordar la lección fundamental para derrotar las dictaduras: la unidad sin fisuras de los sectores opositores, bajo la conducción de un vigoroso liderazgo civil.
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