Gobernar por apetencia de poder, sin respeto a la opinión de la ciudadanía, es una de las características de un gobierno, que carente respaldo por parte de los multitudinarios sectores que integran la sociedad venezolana se ha empeñado en hacer del insulto; de la difamación e injuria una práctica de actividad política, que con ausencia de acierto y de la no observancia de la consolidación de un oposición que ostensiblemente lo enfrenta, no ha tenido otra ocurrencia que mediante la prédica del odio, la persecución política; a la vez de no admitir el más mínimo de los derechos a disentir, valerse de recursos psicológicos mediante técnicas elaboradas y difundidas por los medios de comunicación social propiedades del Estado venezolano, adquiridos con los dineros del pueblo contribuyente de la renta nacional, quieren darle asidero a la falsa creencia, de que la situación de miseria y mengua que padece el pueblo se debe a la existencia del surgimiento en el país de una “oposición terrorista y criminal”, pretendiendo el presidente Nicolás Maduro insertar el desaguisado de que: “En la oposición manda la ultraderecha, muy subordinada al imperio norteamericano”, lo cual no lo cree ni él; que el pueblo pueda poseer dos licencias en ingenuidad.
Sin temor a equivocarnos: todos las mentiras declaradas por el gobierno en torno a las manifestaciones que sin solución de continuidad se vienen suscitando conformadas por personas de la tercera edad, obreros, discapacitados, artistas, músicos, intelectuales, sectores progresistas del desarrollo económico del campo y de la ciudad, los cuales son reprimidos con brutalidad y empleo de medios contrarios a la reglamentación sobre este particular, donde es evidente en conformidad a los videos exhibidos sobre la brutal represión de la GNB, que condujo a la fiscal del Ministerio Público a denunciar tales atrocidades, nos lleva a la convicción expresada con anterioridad, que si bien, el presidente Nicolás Maduro llenó las condiciones exigidas por la Constitución para hacerse acreedor a la Presidencia de la República, como ha sido entre otras la de ser venezolano por nacimiento (puesta en duda por muchos), mayor de 30 años de edad; de estado seglar; también no es menos cierto que la incapacidad supina para el ejercicio de la función presidencial, el desastre de nuestra economía, el hambre, la corrupción existente no punible, la persecución política contra los que se han atrevido a disentir, lo hace también acreedor a que se proceda a su sustitución mediante los medios constitucionales existentes para el logro de la restitución del Estado de Derecho, por actuar en forma flagrante al margen de la carta magna; y por ser causante indiscutible de la división existente entre la civilidad y el gobierno militar, la primera contraria, sin discusión al indebido abuso de autoridad.
La posición harto, no conveniente a la forma conductual del venezolano, impuesta por la manera autoritaria y abusiva de gobierno, que permea el sentimiento democrático que caracteriza su formación intelectual y política; que se resiste a ser excluido, discriminado y vulnerado en la igualdad de la soberanía para el logro de la transformación del Estado; para estatuir el sistema de gobierno; para la redacción de la Constitución pertinente a su poder originario, no puede permitir sin la protesta legal correspondiente que el presiente Nicolás Maduro disponiendo de órganos públicos que le son dependientes por subordinación burocrática, mediante el abuso de autoridad y el apoyo inmoral de estos miembros del poder público, escogidos mediante el subterfugio de la omisión legislativa, “cirineos” del Poder Ejecutivo, con flagrancia constitucional, explane su formación fascista como expresión acabada de su autoritario ejercicio funcionarial, a la manera de Mussolini, Hitler y Francisco Franco, convoque a una asamblea nacional constituyente para la perpetuación de permanencia, en un poder que por su formación despótica, justifica una reacción de coherencia, como lo está demostrando el espontáneo frente de integración nacional que se ha constituido.
La forma más acabada que consagra la incapacidad del presidente Nicolás Maduro, está harto materializada, cuando incumpliendo la Constitución, con argucia de mala práctica impide la revocación de su mandato, cuya explicación huelga; y como fin de la película convoca a una asamblea nacional constituyente que formalizada en forma contraria al dispositivo constitucional ha generado una opinión de rechazo que ha causado la reacción natural, cívica y patriótica del pueblo sin discriminación por más de dos meses continuos con decenas de jóvenes asesinados, centenares de heridos, lo que hace evidente el comportamiento abusivo y arbitrario de la fuerza pública, objeto de solidaridad tanto en la región como en el mundo de gran consideración en los debates de los organismos internacionales.
La terquedad del gobierno al incumplir las formas de resolución de conflicto como lo establece la Constitución, menoscaba la soberanía de esta, y fuerza a los ciudadanos a su defensa contra todo aquel que la ha menoscabado.
Pérez Jiménez mediante un plebiscito realizado en el año 1957, quiso burlar la opinión electoral del pueblo venezolano, no lo logró, contra esa actitud se conformó una Junta Patriótica y un Frente Estudiantil que impuso la unidad del pueblo y solidaridad de las Fuerzas Armadas. Derribado no le quedó otro camino que huir en “la Vaca Sagrada”. No es recomendable hacer presagios.
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