Expertos en infraestructuras penitenciarias de trece países de América Latina analizan las condiciones que permitan un trato digno de los presos, en un taller inaugurado hoy en Costa Rica.
Entre los temas a analizar en el II Taller Latinoamericano de Infraestructura Penitenciaria están las medidas que los sistemas carcelarios pueden adoptar para cumplir sus objetivos de reinserción y resocialización.
También las decisiones para mejorar las condiciones de trabajo del personal de los sistemas penitenciarios y la interacción entre los centros y las comunidades que los albergan.
El viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, Alejandro Redondo, dijo en el acto de inauguración que «nos hemos dado a la tarea de recuperar el tiempo perdido, establecer una ruta y trabajar de manera sistemática en función de mejorar la realidad de las edificaciones penitenciarias».
«Hay que alcanzar gradualmente el objetivo de optimizar las condiciones, diseñar bajo un nuevo concepto e incorporar en él, referencias internacionales fundamentales como parte de esta nueva forma de construir, remodelar y mejorar los inmuebles penitenciarios», explicó.
En el II Taller Latinoamericano de Infraestructura Penitenciaria, organizado por el Ministerio y por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), participan cincuenta expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela.
Durante tres días, los especialistas intercambiarán experiencias sobre la relación entre la situación actual en lo relativo a infraestructura, medidas para su mantenimiento y mejora de los centros penitenciarios y su gestión.
Entre otros asuntos, se analizará el riesgo de incendios en los establecimientos penitenciarios, temática prioritaria en la mayoría de los países de la región.
Asimismo, trabajarán sobre los aspectos normativos, como la aplicación y la adaptación de las Reglas Nelson Mandela en el marco de la infraestructura penitenciaria.
Estas reglas fueron aprobadas en 2015 y son reconocidas como las normas básicas que deben seguir los Estados y sus administraciones penitenciarias para ofrecer condiciones y un trato dignos a las personas privadas de libertad.
El jefe de la delegación regional del CICR para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, dijo en la apertura de la reunión que «el diseño de las nuevas prisiones y la adaptación de las existentes en Latinoamérica debe hacerse de acuerdo con los objetivos específicos de cada sistema penitenciario».
El CICR considera que «todas las personas privadas de libertad, independientemente de los motivos de su arresto o detención, deben ser tratadas con humanidad y tener condiciones de detención dignas», señaló.
Con ese propósito, el organismo «sensibiliza, asesora y apoya a las autoridades de los países de la región para que adopten las medidas adecuadas para mejorar la situación de las personas privadas de libertad», indicó.
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