Seguimos recorriendo el mundo en procura de auxilio para un pueblo que está siendo masacrado por una tiranía empeñada en preservar el poder ilegítimo que detenta, aun a costa de la vida, la paz y la salud de millones de niños, jóvenes y ancianos, perseguidos por protestar contra un modelo gubernamental que solo ha traído consigo hambre y desolación. La crisis humanitaria es una realidad inocultable y, además, constituye una de las causas de las manifestaciones multitudinarias que se han prolongado por más de 60 días en lo que va de año. El Ministerio Público indicó que se están llevando a cabo 1.631 investigaciones, entre las que se encuentran 67 fallecidos, 1.307 por lesiones, 122 por daños a la propiedad pública y 255 a la privada.
A las denuncias por asesinatos y lesiones personales se suman las bochornosas acciones de robos y vejaciones a mujeres detenidas irregularmente por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, hechos deleznables para cuya demostración existen pruebas irrefutables contentivas de fotografías y videos realizados como evidencias por periodistas y ciudadanos. Por su parte, el Foro Penal Venezolano informó este jueves que desde el 1° de abril hasta el pasado miércoles 7 de junio, en el marco de las protestas, han ocurrido 3.106 arrestos y 1.363 detenciones. El director ejecutivo de esta ONG, Alfredo Romero, señaló que de los arrestos registrados, 370 personas han sido presentadas en tribunales militares y, de los detenidos, 308 son presos políticos.
Nuestra Iglesia católica ha expresado la necesidad de un encuentro con el sumo pontífice tras agravarse la situación en el país, criticando la decisión de Nicolás Maduro de convocar fraudulentamente una asamblea constituyente para modificar la Constitución Nacional. Recordamos que en el pasado “diálogo” se acordó liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, elecciones generales y respetar la autonomía de la Asamblea Nacional. La respuesta del régimen fue alentar a la Sala Constitucional del TSJ para que dictara sentencias, arrebatándoles las atribuciones al Poder Legislativo venezolano y abrogándoselas mediante argucias, a todas luces inconstitucionales. Todos estos procedimientos espurios han sido reprochados dentro y fuera del país, acontecimiento que junto a la explosiva crisis alimentaria, de salud e inseguridad que atraviesa Venezuela, dio pie a que se desarrolle una escalada de protestas pacíficas que han sido reprimidas con tal brutalidad que llevó, recientemente, al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, a reconocer públicamente que “se estaban cometiendo excesos y violaciones de los derechos humanos por parte de efectivos militares y policiales”. No obstante esa declaración pública del precitado ministro, la represión ha continuado con un saldo negativo de nuevos asesinatos, heridos y personas detenidas y sometidas indebidamente a juicios militares.
Ante este cuadro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció el jueves para solicitar a la Sala Electoral del TSJ que declare nulos todos los actos referentes a la asamblea nacional constituyente que pretende imponer Nicolás Maduro, porque están al margen de la legalidad.
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