El 5 de marzo de 2018, el poderoso abogado neoyorquino David Boies (el mismo que encabezó la defensa de los narcosobrinos por encargo de Wilmer Ruperti), actuando en nombre de US Pdvsa Litigation Trust lanzó su demanda como una bomba en la Corte del Distrito Sur de Florida. En ese escrito de 60 páginas relató los detalles de un crimen contra un país, Venezuela, que se inició en el año 2004 y todavía continúa, según explica. Acusa de ello a una banda de hampones formada por empleados de Pdvsa y empresarios de la industria de hidrocarburos en distintas partes del mundo. Eran 42 los demandados, entre ellos 3 bancos: BAC Florida Banco; EFG International ASG y Banco Azul International NV. Pocos días después el medio internacional de noticias Bloomberg.com publicó una entrevista al demandante, quien dio los detalles y agregó que se trataba de un conflicto por más de 10.000 millones de dólares.
Cómo prepararon esto
Crearon una persona jurídica denominada US Pdvsa Litigation Trust, a la que el entonces presidente de la petrolera venezolana, Nelson Martínez, y el falso procurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, cedieron los derechos de recuperar y disponer de esos dineros robados. En dicho documento se asignaron retribuciones que alcanzaron a casi 80% de lo que se lograr recuperar a abogados y a financistas de los juicios que se intentaran. Para esa actividad se contrataron los servicios del bufete norteamericano Boies Schiller, pero según el contrato la mayor parte de lo que se recuperara sería repartido entre los beneficiarios asignados y solo una pequeña porción se devolvería a Pdvsa. En resumen, le quitarían el botín a los ladrones para repartírselo entre los que lo recuperaran.
El juez dudó de la firma del presidente de Pdvsa
El magistrado de la Corte Federal de Florida que tenía el caso dudaba de que el entonces presidente de Pdvsa, Nelson Martínez, hubiese firmado aquel documento y entonces pidió prueba. Pero en Venezuela, temerosos de que el hombre fuera a negarse, lo metieron preso en el cuartel de la policía militar Dgcim el 30 de noviembre de 2017. Al día siguiente le llevaron un notario a la prisión para que ratificara la firma. Inmediatamente volaron a Miami y presentaron ese documento en la Corte donde el juez observó sorprendido, y no era para menos, que al principal testigo de un caso tan fuerte, y cuya firma era la que lo validaba, lo tenían preso, no podía ir a declarar ante él, y para suplir tal deficiencia lo que le traían era una supuesta acta de un supuesto notario, que decía haberlo interrogado en el calabozo y allí en situación de evidente presión y sin asistencia de abogado aparece diciendo “sí, esa es mi firma”. Ese señor nunca fue a declarar a un tribunal, y allí murió, privado de libertad, sin debido proceso legal por lo que técnicamente, desde el punto de vista legal, murió amparado por el principio universal de presunción de inocencia de los delitos que apresuradamente le había imputado el fiscal de la dictadura Tarek William Saab.
Nuestra lucha
Desde que nos enteramos de esta trama tres venezolanos –Norma Camero, abogada, presidente de Casa Venezuela Tampa Bay, en Florida; Federico Alves Migues, venezolano, directivo de la misma organización, economista de la UCV y Harvard, y quien esto escribe– nos dedicamos a combatirla. Fuimos a la Corte a ver el caso, los empleados ya nos conocían de tanto vernos allí y nos decían “los tres mosqueteros”. Ningún político ni ningún magistrado estuvo en aquellas andanzas con nosotros. En las audiencias que se celebraron, aquello era una muchedumbre de abogados, imagínense, eran 42 demandados y cada uno tenía 3 y más abogados, debíamos estar temprano para encontrar asiento. Sacamos copia del expediente y aunque teníamos claro el caso buscamos asesoría jurídica apropiada. Obtuvimos una cita con un gran bufete en Washington, Williams & Connolly. Allá nos trasladamos y estuvimos reunidos gran parte del día analizando el caso. Salimos con las ideas claras para presentar, como en efecto hicimos, un escrito en la Corte. Igualmente, contactamos a diputados de la Comisión de Energía y Petróleo, específicamente al diputado Américo De Grazia, quien me pidió y le di información sobre el caso; fue uno de los más activos y dio una declaración de prensa apoyándonos. Por su parte, el diputado Francisco Sucre mostró bastante interés y me lo hizo saber. También tuve comunicación con el diputado Jorge Millán, quien hizo una magnífica explicación sobre el tema en sesión plenaria y presentó el proyecto de acuerdo, en cuya redacción nosotros intervinimos. Su discurso puede verse en este link: https://youtu.be/whJpPblcdYQ
Nuestra petición se concretaba en la necesidad de que el Parlamento interviniera, que se hiciera parte en el juicio. Eso no lo logramos. Solo obtuvimos que se emitiera un acuerdo rechazando la cesión de derechos de Pdvsa. Sin embargo, no nos desanimamos, agarramos ese acuerdo y lo consignamos en el expediente. Eso ayudó.
La Corte sentenció, nuestro trabajo fructificó
En marzo de 2019 el juez Darrin P. Gayles cerró el caso. Entre otros elementos negó validez a la prueba del demandante, la supuesta ratificación de la firma del difunto presidente de Pdvsa preso en Caracas y su sospechosa admisión de autoría del delito en un papel de autoría incierta y oloroso a coacción. Además, sentenció no tener jurisdicción para conocer el caso.
La repetición de la trama en Ginebra
Fracasada como fue la demanda en Miami la pandilla prosiguió impulsando su acción alterna previa que habían incoado en Suiza donde se quitaron la máscara de US Pdvsa Litigation Trust y la acción la intentaron en nombre de Pdvsa representada por el procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza, quien, para llevar el caso, en Ginebra contrató al bufete de abogados Canonica Valticos de Preux. De entrada, llama la atención que, en vez de los 42 demandados en Miami, aquí la acción la interpusieron solo contra dos de aquellos, Francisco Morillo y Leonardo Baquero. Los acusan de corrupción, crimen de extracción de data y corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de activos. La historia es la misma, pero extrañamente solo inculpan a estos dos. Cabe preguntarse si han extorsionado a los otros 40 para no verse incluidos en la acción penal de Ginebra, recordemos que en este tema aparecen involucrados tres bancos, BAC Florida Banco; EFG International ASG y Banco Azul International NV. Estas entidades son alérgicas a las demandas y más aún a las de carácter penal, pagan lo que sea para no aparecer involucrados.
Falta contar más detalles, como por ejemplo la intervención en el caso de la doctora Luisa Ortega Díaz y también la del procurador especial, el doctor José Ignacio Hernández en el caso. Esto es como una película de suspenso que continuará en el próximo artículo.
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