La Fiscalía italiana ordenó este martes la incautación temporal del barco humanitario español Open Arms. También pidió el desembarco en el puerto de Lampedusa de los 90 migrantes que seguían a bordo.
El fiscal de Agrigento, Sicilia, del que depende Lampedusa, Luigi Patronaggio, tomó la decisión después de que subió a bordo de la nave española. Estuvo acompañado de varios médicos para verificar el estado de los migrantes y la situación que se vivió a bordo.
El fiscal tomó esta decisión a instancias de la organización al amparo del artículo 328 del código penal, que castiga entre seis meses y dos años al funcionario público que haya omitido su deber que, «por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso».
La última evaluación médica fue hoy, cuando dos personas fueron trasladadas al puerto de Lampedusa en una lancha de la Capitanía.
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