Colombia, Ecuador y Panamá, que desde 2008 se consolidaron como países de tránsito de una multitudinaria corriente de inmigrantes, comenzaron a reformar sus políticas migratorias.
El más importante fenómeno de diáspora regional es el de los venezolanos que huyen de la profunda crisis política, socioeconómica e institucional de Venezuela.
Cálculos de instituciones especializadas de la Organización de las Naciones Unidas alertaron que 2019 cerraría con 5 millones de venezolanos esparcidos mayoritariamente en América y Europa, pero también en Asia.
Colombia, principal destino del éxodo venezolano, debate desde comienzos de este mes en el Poder Legislativo una nueva ley migratoria que, entre otras medidas, sanciona la trata de personas y la vinculación, contratación y empleo de extranjeros sin documentos.
Refuerzan medidas migratorias
La ley “responderá a la nueva característica de la migración en Colombia, como país receptor y de tránsito de inmigrantes, y combatirá la criminalidad transnacional y organizada” en el negocio con los viajeros, dijo el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.
Miles de africanos y asiáticos entran a Brasil y emprendieron un viaje sin visa por tierra y mar hacia el norte de América, en un periplo al que se sumó un gran número de haitianos que, víctima del terremoto de 2010 en su país, llegó al gigante sudamericano.
Todos esos movimientos, junto al de los centroamericanos, terminan en las fronteras de México con Guatemala y Estados Unidos, y Ecuador detectó distorsiones migratorias internas e impuso esta semana una visa de corta duración para ingreso de ciudadanos de 11 países.
Quito reforzó una medida similar que dictó hace varios años para personas de 12 naciones de América, África y Asia: Cuba, Corea del Norte, Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Senegal, Nepal, Nigeria, Paquistán y Somalia.
Ecuador eximió de visa en 2008 a los cubanos y miles viajaron a suelo ecuatoriano e iniciaron un recorrido sin visas por tierra y por mar a través de Colombia, Centroamérica y México hacia Estados Unidos, en un movimiento que causó una aguda crisis migratoria en 2015 y 2016.
Ecuador restableció la visa a los cubanos en diciembre de 2015. Un camino todavía abierto para los cubanos es Guyana, país limítrofe con el este de Venezuela al que entran sin visa.
Panamá anunció que cerrará el programa Crisol de Razas, activo a partir de 2010 y que regularizó a unos 350.000 extranjeros y sus dependientes.
La nación suspendió, el pasado 24 de julio, la emisión en su consulado en Cuba de tarjetas de turismo para los cubanos, creada en octubre de 2018, y sometió el proceso a estudio.
La directora del Servicio de Migración de Panamá, Samira Gozaine, alertó que “el gobierno panameño comenzará a hacer deportaciones por el cierre de fronteras en países del área a la movilidad humana ilegal”.
Nuevos parámetros
Las acciones migratorias adoptadas por Colombia, Ecuador y Panamá, asediados por las presiones internas ante el descontento por el impacto de la llegada y la permanencia de los migrantes, se sumaron a las adoptadas por otros gobiernos de América Latina.
Desde Argentina y Chile, por el sur, hasta México, Guatemala y Honduras, por el norte, pasando por Costa Rica y Perú, los gobiernos establecieron principalmente en 2019 una serie de nuevos parámetros migratorios.
La situación migratoria se agudizó, en el caso de los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, africanos y asiáticos, por una permanente y prolongada mezcla de conflictos socioeconómicos y políticos y de inseguridad y violencia en sus países de origen.
La acogida de inmigrantes en las naciones de destino pasa por calificar a los que, por un lado, sufren motivos económicos para migrar y, por el otro, enfrentan amenazas de muerte y razones fundadas en sexo, religión, política, nacionalidad o raza para escapar de sus tierras natales.
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