La Fiscalía General de Panamá dijo este lunes que estudia qué recursos interpondrá contra el veredicto de un tribunal de juicio que declaró no culpable al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de cuatro cargos por espionaje político y malversación, por el que pidió 21 años de castigo.
«Los fiscales van a hacer uso de los recursos de ley para procurar revertir esa decisión» que el viernes pasado tomaron los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral, señaló la procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell.
Explicó que hay dos opciones de recursos, pero que los fiscales, un equipo con mucha experiencia en el manejo de casos penales y en el Sistema Penal Acusatorio, serán quienes decidan al respecto.
Porcell, en declaraciones al diario local La Prensa, subrayó que el mensaje es que en el caso no existe improvisación y hay conocimiento del derecho penal.
La sentencia del tribunal a favor de Martinelli puede ser recurrida mediante un recurso de nulidad ante un tribunal de apelaciones o un recurso de casación en el Supremo, explicaron expertos consultados por Efe.
Martinelli, un multimillonario de 67 años de edad, fue exonerado por el tribunal de juicio de los cuatro cargos de los que lo acusa la Fiscalía, que pidió 21 años de prisión por espiar a decenas de opositores, activistas y empresarios durante su mandato. Sin embargo, esta decisión será recurrida, según anunciaron los querellantes.
La decisión a favor de Martinelli, que se dice víctima de «persecución política» organizada por el ex gobernante Juan Carlos Varela (2014-2019), fue repudiada por víctimas de las interceptaciones ilegales, por las que ya fueron condenados dos antiguos jefes del Consejo Nacional de Seguridad panameño.
La absolución de Martinelli ha sido el centro de duras críticas, todas dirigidas al sistema de administración de justicia, objeto de declaraciones de repudio. No obstante, diferentes sectores han llamado a expresar su descontento en las calles.
Manifestantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, formado por líderes sindicales y organizaciones populares, realizaron este martes una protesta frente al Supremo en rechazo al veredicto que absolvió de todos los cargos a Martinelli. Denunciaron la «subordinación» del sistema de justicia.
El proceso por las escuchas contra Martinelli lo abrió el Supremo en 2015, debido a que el ex presidente gozaba de un fuero por ser diputado centroamericano. Renunció a este cargo en junio de 2018 apenas llegó extraditado por Estados Unidos, para forzar el pase del caso a un tribunal del Sistema Penal Acusatorio, lo que sucedió en diciembre pasado.
El experto en derecho constitucional, Ernesto Cedeño, dijo a Efe que el Poder Judicial «sale debilitado» con el caso Martinelli porque queda demostrada la falta de una «unificación de criterios» en los tribunales de juicio y la Corte Suprema sobre la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
El Sistema Penal Acusatorio, que consta de juicio orales expeditos, se implementó en todo el país desde 2016 y sustituyó al sistema inquisitivo en Panamá.
Cedeño indicó que el Supremo «tiene un criterio del Sistema Penal Acusatorio y los juzgados de juicio tienen otro en cuanto a valoración de pruebas», situación que hará muy interesante el resultado del proceso que ha anunciado la querella para recurrir el fallo.
La fiscal recordó este lunes que es una investigación que se inició en 2014, «que pasó los controles a través de la Corte Suprema de Justicia a través de amparos (presentados por la defensa)», en los que se declaró la legalidad de la detención preventiva (de Martinelli) y la vinculación del delito».
Porcell destacó que la justicia de Estados Unidos también revisó la petición de extradición antes de proceder, todo en el marco «de la legalidad y el cumplimiento de los trámites y procedimientos».
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