Venezuela lleva años padeciendo una crisis económica y social, años de inflación, recesión y corrupción. Para 2015, el propio Banco Central de Venezuela estimaba que el nivel de inflación era de 180,9%; nuestro país tenía el peor desempeño económico en América –y aún lo tiene–, según la Cepal; tenía una deuda de 5.000 millones de dólares a la industria farmacéutica, según la Federación Farmacéutica Venezolana; y ya se sufrían las primeras consecuencias de la indolencia de este régimen: desabastecimiento, epidemias, desmejoras significativas en el poder adquisitivo e inseguridad.
A partir del año 2016, desde el Parlamento se han aprobado decenas de acuerdos que evidencian la crisis en el sector salud, la violación de la libertad de expresión, la problemática de los servicios públicos, la emergencia económica, las reiteradas violaciones de los derechos humanos, el abuso de poder por parte del Ejecutivo; en los que exhortamos al Estado a tomar medidas que permitieran revertir cada una de estas situaciones y así prevenir el agravamiento de la crisis, pero la respuesta fue la omisión.
El deterioro de la calidad de vida, la violación de los derechos económicos y sociales y el padecimiento de los venezolanos no comenzó en 2018 con las sanciones económicas, en su mayoría a individuales. El desvío de recursos, la creación de políticas públicas como herramienta de control social, la subinversión y más aún la indolencia e irresponsabilidad del régimen son los causantes de esta tragedia.
Hoy, luego de la orden ejecutiva dictada por el gobierno de Estados Unidos el lunes 5 de agosto, este tema vuelve a estar sobre la mesa. Los victimarios pretenden convertirse en víctimas: quienes han violado el derecho a la alimentación, a la salud, a una vida digna; quienes han dejado a los venezolanos en la miseria, la hambruna y la pobreza, se excusan tras las sanciones para no admitir que son ellos quienes han devastado nuestra nación.
El pasado 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público el informe sobre la situación de Venezuela, y en él se ratifica que la tragedia en el sector económico y social no viene dada por estas sanciones; ya el país se encontraba en crisis antes de estas medidas. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”, cita el informe.
Hoy, según informes emanados por los organismos del propio sistema de Naciones Unidas, 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria; más de 4 millones de venezolanos han migrado a causa de la violencia, la inseguridad y las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales; 3,2 millones de niños en Venezuela requieren con urgencia comida y medicinas, y somos el quinto país con mayor transmisión de sarampión en el mundo. Al menos 56% de los niños que son evaluados por Caritas Venezuela sufre desnutrición, una situación que se fue agravando desde el año 2015 y que se pudo prevenir, pero quienes debían ser garantes de esto no lo hicieron. Esta es la evidencia de un modelo político que se ha dedicado a empobrecer a todo un país, mientras solo una pequeña élite constituida en su mayoría por afectos o miembros del partido oficial y entes del Estado se ha hecho 12 veces más millonaria.
Actualmente, Venezuela es una de las naciones más corruptas de América Latina, corroborado por la ONG Transparencia Internacional. En 2018 se conoció uno de los robos más grandes de nuestra historia, una investigación de 6 países a 70 funcionarios venezolanos evidenció un desfalco de 13.199 millones de dólares. Solamente el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, quien era uno de los involucrados, se hizo con 4.200 millones de dólares. Otro de los ejemplos de la corrupción son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una supuesta solución al problema alimentario que solo generó dependencia en la población y el aumento absurdo de las cuentas bancarias de empresas y Estado. Y según el diputado Carlos Paparoni, los responsables se han lucrado con más 206 millones de dólares por sobreprecio entre transacciones, distribución y embalaje de estas cajas. Recientemente, en México, bloquearon 19 cuentas personales y jurídicas relacionadas con la venta de productos de baja calidad y con sobreprecio destinados a las cajas CLAP.
Ellos intentan refugiarse y simplificar el problema alegando que la solución a toda la crisis venezolana es que se levanten sus sanciones. Argumentos totalmente alejados de la realidad, estas medidas de presión se han hecho a individuales, afectan al funcionario que pretende seguir utilizando los recursos de los venezolanos a través de transacciones financieras y a todo aquel país, empresa o particular que pretenda continuar entablando negocios con el régimen –negocios que evidentemente solo benefician sus intereses personales–.
Cada una de las medidas que ha tomado la comunidad internacional solo es consecuencia de la indolencia de quienes hoy usurpan el poder; es un freno para su corrupción y un mecanismo de presión para procurar una solución política. No es secreto, ni para los venezolanos ni para el mundo, que es el Estado el único responsable de las muertes, la migración y el sufrimiento de millones de personas que, a pesar de la adversidad, luchamos por nuestros derechos, trabajamos sin descanso por construir el cambio que anhelamos para Venezuela.
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