La asamblea nacional constituyente asume ilegalmente funciones de gobierno y usurpa las competencias del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y hasta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Analistas advierten que el órgano, presidido por Delcy Rodríguez, cuya legitimidad cuestionan, se aleja de su atribución de crear una nueva carta magna.
“Dejando aparte que la ANC es un organismo ilegítimamente convocado y elegido, no puede actuar como un órgano de gobierno, que asume funciones del Parlamento o de otros poderes públicos. Por tanto, la constituyente no puede dictar leyes, mucho menos una ley constitucional; no podía destituir a la fiscal general de la República ni designar a un fiscal interino, ni allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer, ni ejercer ninguna de las competencias del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo ni del TSJ. Esta asamblea constituyente asumió un carácter supranacional, lo cual excede de lo que una ANC pudiera hacer de acuerdo con el artículo 347 de la carta magna, que es dictar una nueva Constitución”, resaltó el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El abogado dijo que la constituyente, instalada el pasado 4 de agosto, se convirtió en un poder de facto: “El gobierno de la ANC es técnicamente un gobierno dictatorial. No existe ningún poder que pueda limitarla ni siquiera la Sala Constitucional, que ahora está por debajo de ella”.
El constitucionalista explicó que el artículo 349 de la Constitución, según el cual los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la ANC, “no puede ser interpretado en el sentido de reconocer poderes absolutos e ilimitados a esta ilegítima y fraudulenta constituyente. Nada justifica una dictadura y mucho menos la Constitución de 1999”.
Pedro Afonso Del Pino, también constitucionalista y miembro del Instituto de Derecho Público de la UCV, indicó: “En el país se ha establecido un gobierno sin Constitución. La ANC ejerce medidas sin límites constitucionales. Todo esto lo venía haciendo el gobierno a través de la Sala Constitucional que no interpretaba la carta magna, pero la rescribía. Ha bajado el papel del TSJ y ahora ante el mundo la constituyente es desconocida. Sus actos son ilegales, hay una violación flagrante de la Constitución y han ocurrido vicios como la destitución de la fiscal general sin ningún procedimiento; la comisión de la verdad asume ilegalmente funciones jurisdiccionales y la constituyente pretende legislar”.
Añadió que la constituyente no solo tiene fallas de origen, dada la forma cómo fue estructurada; además, no se ciñe a lo que debería hacer su misión: la creación de una Constitución con lo cual se transformaría el Estado. “La ANC gobierna sin límites jurídicos. Sus únicos límites serían la prudencia de la constituyente que no parecen tenerla”.
Del Pino afirmó que en medio de todos los vicios que exhibe la constituyente figura la aprobación de leyes, de por sí ilegales, sin el procedimiento regular de formación de estos instrumentos, sin discusión con los ciudadanos. Añadió que tampoco se ha hablado del funcionamiento de comisiones como ocurrió en 1999.
El 8 de agosto la ANC aprobó la Ley de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y el pasado viernes, 18 de agosto, los 543 constituyentes aprobaron la ley constitucional contra el odio y la violencia política que fue presentada por el presidente Nicolás Maduro.
Cohabitación. Ricardo Combellas, constituyente de 1999, destacó que la ANC encarna un fraude constitucional y por eso deben desconocerse todos sus actos. Los actos de esta constituyente son írritos porque no tiene la legitimidad de origen que le da la voluntad popular. Al pueblo no se le consultó para la convocatoria, la elección no se basó en el principio de un elector, un voto y la votación no fue uniforme. Es un órgano que usurpa funciones y que no está en capacidad de ejercer los actos que ha hecho desde su instalación ni allanar la inmunidad al diputado Ferrer, un diputado elegido por el pueblo, cuando esto es una atribución del Parlamento”.
Combellas afirmó que la oposición no puede convalidar las acciones de constituyente ni participar en la comisión de la verdad, como ha pretendido el órgano. Negó cualquier posibilidad de cohabitación del Parlamento con la constituyente.
“Aquí la única negociación que debe hacerse es con Maduro para su salida. Al final la constituyente fue convocada, promovida y manipulada por él”, señaló.
Recordó que en el 2000 la Comisión Legislativa Nacional, conocida como el Congresillo, usurpó las funciones del Congreso cuando ya el pueblo había aprobado la Constitución. Combellas refirió en su composición se incluyeron miembros de la sociedad civil que no fueron elegidos. De allí su negativa a avalar esa decisión en su momento.
Ataque a la inmunidad
Acceso a la Justicia acusó a la constituyente de violar la inmunidad parlamentaria en el caso del diputado Germán Ferrer: “No se ha dado la circunstancia de hecho establecida en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual en el caso de que un diputado sea sorprendido en la comisión de un delito, la autoridad competente lo debe poner en custodia en su residencia y se debe comunicar de ello a la Fiscalía y a la Sala Plena del TSJ, que debe decidir sobre la libertad o no del legislador, pero ello no exime de solicitar el levantamiento (allanamiento) de la inmunidad del diputado a la AN. En el caso del diputado Ferrer fue la ANC la que consumó dicho procedimiento el 17 de agosto”.
La ONG destacó que tantos los magistrados como los constituyentes violaron la inmunidad parlamentaria: “Esto acarrea responsabilidad administrativa e incluso penal, según el artículo 200 de la Constitución”.
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