En abril del 2009 la jueza Marjorie Calderón, condenó sin pruebas y evidencias que nunca fueron exhibidas, a nueve servidores públicos con carreras insignes en la policía y fuerzas del orden. Los cargos levantados por el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República Bolivariana variaron entre los quince y treinta años a cada uno.
Han pasado ya más de catorce años que estos compatriotas han estado en prisión desde la fecha de su detención, sufriendo todo género de enfermedades, afecciones y accidentes, que van desde desprendimiento de retina, a eventos de hipertensión con secuelas, luxaciones y fracturas, condiciones diabéticas, infarto y cáncer en varios de ellos.
Común a todos, ha sido la negación del tratamiento apropiado, que por razones humanitarias debe aplicar lo que nuestras leyes disponen, sólo se evidencia la injusticia imperecedera.
Los rangos en jerarquía de este grupo, son tan amplios que van desde un agente a un director, entre los que encontramos a un cabo, un distinguido y comisarios, es decir, la totalidad de la organización con lo que apreciamos otra extraña interpretación de la cadena de mando cuando sólo se quiere ejecutar un acto de injusticia.
A la fecha, muchos han cumplido más de la mitad de la condena en orden y disciplina. Algunos incluso han colaborado en labores de la prisión. Todos merecen una revisión de sus penas y un tratamiento como lo disponen nuestras leyes de flexibilización, y permitir diversas fórmulas de encarcelamiento, con posibilidades de trabajo externo y hasta la oportunidad del arresto domiciliario y revisión total con perdón.
La nación no debe permitir que nombres como Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain, Luis Molina, Marco Hurtado, se olviden en el reclamo por Justicia y debido proceso. Son presos políticos sin ninguna duda y, como tales, deberían encabezar nuestros reclamos nacionales e internacionales.
La razón de una lucha por un mejor país comienza por reclamar todos los derechos para todos los venezolanos, aquí no puede permitirse que diferencias ideológicas o particularidades sectarias, abran brechas en el bloque fundamental del reclamo por una justicia permanente.
Se avecinan tormentas en el mar de la justicia, olas que intentarán hundir cualquier nave que pueda sostener a flote esa condición esencial para la supervivencia de una sociedad libre. Aún los náufragos si se mantienen aferrados a las tablas de la ley, podrán ser el elemento pivotal para la reconstrucción de la democracia.
Declaremos una guerra contundente a la injusticia perenne al no permitir el olvido de las injusticias pasadas. La venganza puede y debe olvidarse, pero el olvido nunca.
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