La fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró en una entrevista para la revista alemana Der Spiegel que ni tras haber abandonado Venezuela se siente segura, porque sabe que el gobierno de Nicolás Maduro ha mandado «sicarios» a buscarla.
En su primera entrevista desde que abandono Venezuela, Ortega reitera también que tiene documentos que prueban que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se enriqueció fraudulentamente con fondos públicos.
«Tengo informaciones de que se han mandado sicarios a por mí», dice la ex fiscal general, quien añade que recibió «varias amenazas» antes de decidirse a abandonar Venezuela.
No obstante, se mostró dispuesta a seguir luchando por su país desde el extranjero.
Además, Ortega alegó que posee documentos comprometedores que contienen acusaciones serias y demostrables contra Maduro, en los que se apunta que obtuvo dinero público, destinado en un primer momento a la compra de alimentos, a través de una empresa mexicana.
También señaló que la constructora brasileña Odebrecht pagó 100 millones de dólares a familiares de Diosdado Cabello, el hombre fuerte de la recién elegida asamblea nacional constituyente ilegitima, a través de una compañía española. «Estamos ante un grupo de gente que no son hombres de Estado, sino criminales», destacó Ortega.
Explicó que decidió abandonar Venezuela cuando el gobierno pidió el encarcelamiento de su marido, el diputado Germán Ferrer, que según la nueva Fiscalía lideró una trama millonaria de extorsión que operaba desde el Ministerio Público.
Sobre como se marchó no quiso dar detalles, para no poner en evidencia a las personas que le prestaron ayuda.
Asimismo, la ex fiscal general venezolana instó a la comunidad internacional a incrementar la presión que ejerce sobre el gobierno venezolano.
Ortega, acusada de traición por el gobierno de Maduro, abandonó Venezuela esta semana y denunció desde Brasilia supuestas prácticas corruptas de los dirigentes chavistas.
Agregó en declaraciones a la prensa que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, «para que se investigue» en «virtud del principio de jurisdicción universal».
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