8 bloques criminales penetraron el Estado venezolano en 18 años

Durante los años de revolución bolivariana nacieron las bandas y megabandas, los pranes, los colectivos, el secuestro exprés, las zonas de paz y los bachaqueros porque se irrespeta la Constitución, señala el abogado criminalista Fermín Mármol García, y advierte que el Estado venezolano está penetrado por ocho bloques criminales “perfectamente identificados y compactados”, que controlan territorios y someten a porciones de población sin contención, de acuerdo con sus estudios en materia de seguridad ciudadana. 

“En Venezuela ya no podemos hablar del delincuente solitario o de pequeñas bandas, sino de bloques, estructuras criminales que nadie controla. Estamos en el sendero de un Estado policial-militar que tiene unas funciones entre las que no está combatir el crimen”.

—¿Cuáles son esos bloques criminales?

—El primero es el bloque de bandas y megabandas. Es la delincuencia no ideologizada a la que solo le preocupa el poder, hacer dinero, ramificar sus tipos delictuales. Si alguno de sus miembros apela a un simbolismo es solo una fachada.

El segundo bloque es el de los paramilitares urbanos que corresponde a los colectivos armados y violentos, ideologizados, pues enarbolan banderas revolucionarias de izquierda y en perfecta sintonía ideológica con el estatus quo que nos gobierna. Buscan el control territorial y de población con un abanico de tipos delictuales. Muchas veces tienen patente de corso para sus actividades, porque tienen contactos con el sector que dirige el país.

El tercer bloque lo forman los paramilitares rurales. Los denominados boliches, entre los que está el Frente Bolivariano de Liberación, también ideologizado y tienen presencia en el occidente del país, y los estados Apure, Barinas y Táchira.

El cuarto es el pranato penitenciario, que domina el recinto de la cárcel y su población. No está ideologizado, pero su actividad criminal traspasa los muros, su influencia va más allá de esa cárcel.

El quinto bloque es el de los seudosindicatos de la construcción y de la minería. No son sindicatos formalmente, sino que sus integrantes se hacen pasar por sindicalistas y tienen, detrás de su supuesta misión de proteger los derechos de obreros o mineros, una gran mafia violenta que materializa los delitos contra las personas. En principio no están ideologizados, y si se lo parecen lo usan de fachada. Son un gran problema en las grandes ciudades del país como Caracas. Aquí los constructores son visitados por esta estructura delictiva que hace exigencias atípicas e inusuales bajo amenaza: Imponen al constructor a quién comprarle las cabillas o el cemento, el control de la obra para hacer enfriamiento de secuestrados o intercambio de algún bien proveniente del delito, durante las noches, y el control del ingreso y egreso de personal de la propia obra.

El sexto bloque criminal es el extranjero, en el que subyace la presencia de las FARC y del ELN, de los disidentes de ambas organizaciones, de paramilitares colombianos y de garimpeiros brasileños, los cuales encuentran en Venezuela, zonas de aliviadero, porque no son perseguidos. Este bloque también impacta seriamente en las estadísticas criminales en lo que va del siglo XXI, pues si bien los garimpeiros siguen concentrados en el sur del país, hay casos en Caracas: venezolanos del sistema financiero que viven en esa ciudad han sido secuestrados por las FARC. ¿Por qué lo aseguramos? Porque las familias terminan pagándole a las FARC en Colombia o en Ecuador.

El otro bloque es el del holding de la corrupción y de la legitimación de capitales provenientes de la cosa pública, que es distinto al de los violentos, pero conectado. Para que aquellas estructuras criminales funcionen tienen que contar con el bloque de corrupción que permite que eso suceda. Venezuela es percibida en el exterior como uno de los 10 países más corruptos de los 193 del mundo.

El octavo y último bloque es el holding del tráfico ilegal de drogas y la legitimación de capitales proveniente de la comercialización de narcóticos. Venezuela ya es un país colador: no puede impedir el ingreso de droga ni el almacenamiento en su territorio ni la salida de la droga. Venezuela está reseñada por la ONU entre los 20 países que menos control ejerce en el tema de narcóticos. Más de 50% de los cargamentos de cocaína que anualmente salen del país llegan a la Unión Europea.

—¿El crimen penetró el Estado?

—De Venezuela salen y entran drogas, armas, municiones y hasta personas en tráfico ilegal. Esto demuestra que el país está en un estadio superior del crimen organizado, dominando territorios, población y alimentado de impunidad.

—¿Qué relación tienen?

—Estos bloques no trabajan en perfecta sintonía y muchos están enfrentados entre sí. Los colectivos están enfrentados con las bandas y megabandas porque compiten por el control del territorio, de la distribución de drogas y el cobro de la extorsión. Los boliches, por ejemplo, tienen serios problemas con el ELN por el control de rutas de la droga. Los paramilitares autóctonos tienen fricciones con la guerrilla colombiana que ha ganado espacio territorial en Táchira y Barinas.

—¿Y qué los une?

—La corrupción transversaliza a estos bloques. Se alimentan y sobreviven con la alta corrupción del funcionario venezolano de cualquier índole no solo del policial y militar, sino también del político que hace vida en gobernaciones, alcaldías o institutos nacionales, pues buscan que sus operaciones no tengan tropiezos. El otro elemento común en la mayoría de los bloques es la droga.

—Si eso es así ¿cuál es la situación de Venezuela en narcotráfico?

—Está dentro de los 20 países en el mundo con problemas de tráfico de droga, pero además desde el punto de vista marítimo se le considera el principal surtidor de cocaína a la Unión Europea. Lo dicen los decomisos. La Europol mide de dónde partieron las naves, si lo hicieron por puertos oficiales o clandestinos, y los mayores decomisos de cocaína: 51%, proviene de Venezuela. Por eso somos país colador. Quiere decir que no logra impedir la entrada ni la salida de lo ilícito.

—¿Y dónde ubica a las zonas de paz?

—Las políticas públicas se miden de acuerdo con los resultados. El plan de pacificación fue uno de los planes de seguridad que jamás debió implementarse. Un gobierno que en 18 años ha tenido 16 ministros de seguridad con equipos diferentes, y 25 planes es un mal síntoma. Ese plan que dio nacimiento a las zonas de paz fracasó en Centroamérica, pero aquí se llevó hasta la Presidencia y logró lo peor: que la población odiara a la policía porque esta la abandonó al no poder regresar a esas zonas sin el permiso del ministro del Interior. Eso fortaleció a las bandas y nacieron las megabandas.

—Ha habido planes anunciados que no se ejecutaron, otros equívocos que se mantuvieron y otros que fueron bien diseñados, pero no aplicados. ¿Ha tenido el visto bueno del gobierno?

—No hay una respuesta única, pero la primera es que la seguridad ciudadana jamás fue prioridad de la revolución bolivariana porque se consideró que era un tema de derecha.

—¿Qué lectura hace de estos ochos bloques frente a un Estado policial-militar que tuvo actuaciones desmedidas durante las protestas?

—Lo importante es la evaluación de la ciudadanía que será pieza fundamental y es la encuesta de victimización que hacen unas ONG con limitaciones de recursos de las universidades, pero que se hace en México con financiamiento de instituciones oficiales. En Venezuela la lectura es otra: la gente siente como nunca que aquí hay intocables, que hay estructuras del crimen que pagan a las fuerzas del orden para estar tranquilos, que hay gente llena fusiles que nadie toca…

—¿Esto se contrapone al Estado policial-militar?

—Se puede tener un Estado policial y militar que no es efectivo contra el crimen, y creo que ese es el caso en Venezuela. Tenemos un Estado policial y militar que es efectivo desde el punto de vista político, pero no de la seguridad ciudadana. Si no se contraponen los conceptos estamos en el sendero de un Estado policial-militar que tiene otras funciones entre las que no está combatir el crimen. Si usted hace una encuesta entre los estudiosos del crimen verá que no recuerdan cuál es el plan de seguridad vigente. El último, dictado en marzo, fue el plan Carabobo 2021 y no aparece en la página web del Ministerio de Interior. Siendo benignos con la respuesta diríamos que Venezuela está más preocupada por la defensa de la soberanía porque hay una preeminencia del presupuesto militar. En seguridad, el área preventiva de patrullaje registra un déficit conservador de 90%, se necesitan 120.000 hombres en labores de patrullaje.

—¿Que cree que se busca con todo esto?

—Mantenerse en el poder.