La promulgación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 2001, hizo nacer esperanzas sobre el futuro de la investigación porque prometía asegurar fuentes de financiamiento para consolidar el sistema de ciencia y tecnología. Una vez que se aprobó el reglamento de la Locti, en 2006, las empresas que devengaban más de 100.000 unidades tributarias se vieron obligadas a contribuir con entre 0,5% y 2% de sus ingresos para desarrollar el área.
La inversión en ciencia se disparó e incluso superó los cálculos más alentadores: el porcentaje de PIB dedicado a actividades científicas subió de 0,38% en 2004 a 0,74% en 2006, según cifras de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. Aparentemente, se trataba de un triunfo para el sector y para el país, pues parecía acercarse la ansiada meta del 1% dedicado a la ciencia y la tecnología que recomiendan los organismos internacionales para los países en desarrollo.
En principio, hubo proyectos independientes de universidades y centros científicos que pudieron contar con un espaldarazo. Sin embargo, el entusiasmo duró poco. La reforma de la Locti aprobada en 2010 estatizó los aportes, que inicialmente las empresas podían invertir en sí mismas o en proyectos de investigación y de innovación independientes, y que a partir de entonces debieron entregarse directamente para su administración al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los recursos provenientes de la ley alcanzaron su punto más alto en 2012, cuando se recaudaron 5,6 millardos de bolívares. Aunque luego la cantidad de dinero continuó aumentando, cálculos del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación señalan que los recursos se vieron afectados por la inflación y, por tanto, en realidad equivalieron a menos disponibilidad de financiamiento.
En todo caso, el aporte de la Locti no sirvió para un verdadero despegue de la ciencia y la tecnología en Venezuela. “Menos de 3% de lo que se invirtió fue para los institutos de investigación y las universidades del país. En 2005, el 97% se quedó en las empresas y nadie supo en qué se invirtió”, recuerda el científico Rafael Rangel-Aldao.
La opacidad ha sido también una característica de la inversión total en ciencia, más allá de la Locti. En 2009, el entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Jesse Chacón, llegó a afirmar que el país había pasado de invertir entre 0,3% y 0,5% del PIB a dedicar 2,69% del PIB en 2007. Sin embargo, las cifras de Ricyt indican que ese año lo invertido por el país fue en realidad 0,68% del PIB.
Malas decisiones
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en el texto Reflexiones y propuestas para la educación universitaria, señala que la inversión en ciencia en los últimos tres lustros se ha visto afectada por decisiones que al final han sido de poco impacto como “la adquisición de tecnología ‘llave en mano’, el financiamiento de centros de ensamblaje y equipos electrónicos y comunicaciones y la promoción de actores informales en el ámbito artesanal o popular como actividad científica”. Tampoco pueden contabilizarse como inversión en ciencia y tecnología, agrega el documento, “la instalación de centros de conexión a Internet y la compra de un satélite hecho en China. Allí se ha ido por lo menos parte del 2,3% del PIB en manos del Ministerio de Ciencia”.
Al tiempo que se han hecho esos gastos, “la infraestructura de investigación de las universidades se ha visto afectada considerablemente por falta de inversión”. En la actualidad, ni siquiera se sabe cuántos recursos hay disponibles para el financiamiento de la ciencia, señala el rector de la Universidad Metropolitana e individuo de número de la Acfiman, Benjamín Scharifker. “No existe presupuesto que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional y por tanto no sabemos si hay inversión en ciencia ni en qué se invierte. Si existe esa inversión, esta no se ve”.
Las cifras del Oncti muestran una caída drástica de las iniciativas que han sido financiadas por el Fonacit, que alcanzaron su número más alto en 2012, cuando se dieron recursos a 974 proyectos. En 2014 se financiaron 286 proyectos y en 2015 solo 62.
La politización de la ciencia es otro de los factores por considerar en el declive, añade el gerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, Félix Tapia. “El gobierno nacional ha dicho que tiene que haber una ‘ciencia pertinente’, una frase que empezó a socavar las bases que se habían establecido para el ejercicio de la investigación en Venezuela”, señala.
Huérfana de la educación
Desde la creación de vocaciones y relevo científico viene el problema. En 2014 la Consulta Nacional por la Calidad Educativa del Ministerio de Educación calculó que se requería formar 1.700 educadores para poder llenar las vacantes que había en las escuelas y liceos, de los cuales 451 debían ser de matemática y 618 de ciencias. La ausencia de estos profesionales ha traído distorsiones, como los casos de estudiantes que se gradúan de bachillerato con materias —generalmente científicas— exoneradas.
A finales del año pasado el gobierno presentó una reforma del currículo de educación media, en el que desaparecían las materias Física, Química y Matemáticas, y se integraban en un área que se denominaba, de forma genérica, Ciencias Naturales. Hubo fuertes críticas al intento de cambio, que fue paralizado en enero, puesto que se cuestionó su improvisación y se le acusó de ser un intento de poner parches al déficit de educadores en áreas científicas, que en realidad es un problema de vieja data que ha sido desatendido.
La coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, Olga Ramos, señala que este déficit comenzó a ser notorio desde los años noventa y que los gobiernos sucesivos no tomaron las medidas necesarias para atajarlo. En este punto coincide con el coordinador de posgrado de Educación de la Universidad Central de Venezuela, Tulio Ramírez, quien añadió que la crisis se ha hecho más evidente desde 2007, cuando los salarios de estos profesionales perdieron la carrera contra la inflación.
La sustitución de un educador es complicada, aún más cuando no hay interés por entrar en ese campo laboral: “Hay universidades, como la Católica Andrés Bello, que se vieron obligadas a cerrar menciones de la Escuela de Educación por falta de estudiantes. En el Pedagógico de Caracas, el año pasado en Matemática nada más egresaron 2 estudiantes, en Biología 10 y en Física otros 10”, expresó Ramírez.
Desde el gobierno se han planteado una serie de iniciativas para afrontar el déficit. Una de estas propuestas fue la Micromisión Simón Rodríguez que estuvo orientada hacia la formación de docentes, pero no tuvo el impacto esperado, y otra fue el intento de reforma curricular rechazado por académicos y expertos.
Ramos señala, sin embargo, que el currículo académico de bachillerato sí es un problema, dado que el actual data de 1969. “Lo que los muchachos están aprendiendo es insuficiente para el mundo de hoy, de acuerdo con cómo ha evolucionado el sistema educativo y la dinámica de los conocimientos a escala mundial”.
El 10 de agosto el Ministerio de Educación anunció que los aspirantes al Plan Chamba Juvenil —un plan de primer empleo presentado por el gobierno— serían incorporados a la Micromisión Simón Rodríguez para integrarlos como educadores a escuelas y liceos.
Ramos tilda esta nueva medida de irresponsable: “Se van a formar en doce semanas, de las cuales las primeras cinco van a ser de aprendizaje y luego van a ir a un aula para enseñar en un liceo. Son jóvenes sin formación docente y sin el ejercicio suficiente, ¿cómo van a salir esos alumnos?”.
Ramírez señaló que para cambiar la situación, el gobierno debe priorizar la educación como una política de Estado orientada hacia el desarrollo de talento humano y no como una plataforma ideológica.
Un problema adicional es la emigración que ha afectado también al sector educativo, en todos los niveles, pero especialmente en el universitario. “Los profesores jóvenes se quieren ir. De seguir así la tendencia, ¿cuál será la situación dentro de 5 o 10 años cuando los pocos profesores que están en esa área se jubilen?”. A futuro, considera, debería implementarse una política de repatriación de los profesionales que están en el exterior que ayude a compensar el déficit.
Un festival para vocaciones jóvenes
El Programa Festival Juvenil de la Ciencia se inició en 1968 gracias a la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, con el objetivo de impulsar la actividad científica. Más que la presentación de proyectos, el festival busca incentivar vocaciones. Últimamente se ha hecho énfasis en los docentes debido a que hay muchos profesores de educación integral asumiendo materias científicas que no dominan. “Ayudamos a formar a jóvenes emprendedores que pueden aportar soluciones tecnológicas y científicas a los problemas del país y que estén mejor preparados para el ingreso a las carreras universitarias”, afirma la coordinadora regional del capítulo Caracas, Gladys Páez.
Olimpiadas como estrategia
En 1975 el profesor Saúl Rada Aranda elaboró un proyecto de olimpíadas como medio para estimular la matemática en la educación media. Esta actividad ha permitido, desde entonces, no solo detectar fallas en la enseñanza, también ha enseñado a los participantes a razonar, un beneficio para cualquier otra asignatura. “Ellos descubren su capacidad de estudiar matemática. Eso les va a permitir seleccionar una carrera universitaria basada en esa información”, señala el coordinador nacional de las Olimpíadas Juveniles de Matemática, Rafael Sánchez. Este año la delegación que asistió a la 58 Olimpiada Internacional de Matemática, realizada en Río de Janeiro, obtuvo dos medallas de bronce y dos menciones honoríficas en uno de los mejores resultados en los últimos 15 años.
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