Subir tarifas del gas no es buena idea

Siempre estoy tratando de estar atento y al día en temas energéticos, de desarrollo urbano o de tecnología en América Latina. Hoy, sin embargo, tocará hablar un poco de Bolivia que, a no dudarlo, tiene un contexto económico desfavorable certificado por expertos. Ejemplo concreto: el producto interno bruto 3,34% es el de más bajo crecimiento desde 2011. 

Sumar a ese elemento una estrepitosa caída de la demanda de gas del mercado brasileño: en enero de 2017 la exportación fue de menos de 15 millones de metros cúbicos diarios (mmm3d); en febrero, 16 mmm3d; en abril, 30 mmm3d; en mayo y junio, 15 mmm3d, de los 30 mmm3d que contractualmente se deben enviar a ese país. La economía boliviana se mueve en gran parte por los negocios de venta de gas a dos únicos mercados: Brasil y Argentina.

La desaceleración se nota. Desde el Estado se agregaron algunas medidas antiiniciativa privada: suba de electricidad y ahora incremento de gas industrial, que indudablemente sí va a afectar la utilidad de empresas porque esos costos adicionales se trasladarán al usuario final de productos/servicios. En otras palabras: a nuestros bolsillos.

En una década de pensamiento político de izquierda con mayoría parlamentaria no hay nueva legislación en hidrocarburos ni en electricidad; por tanto, no se incentivaron las inversiones privadas de escala en ambos sectores que son vitales para el crecimiento. El reclamo es viejo y reiterado.

El crecimiento de Bolivia en 2017 no superará 4% por ese y otros factores, entre ellos, la notoria ausencia de institucionalización: la justicia es un tema pendiente. Sin justicia independiente y altamente formada va a ser difícil dar seguridad legal a las inversiones que lleguen al país. La corrupción y el nepotismo van también de la mano. No menos importante es el clima político. 

La subida del gas es parte del desincentivo «institucionalizado» a la iniciativa privada, son castigos al emprendimiento. A través de más impuestos y más ajustes a las tarifas no se puede pensar en crecimiento.

Con relación a la suba del gas industrial, “la medida irá en desmedro de las utilidades de las empresas, ello desalentará al capital privado, cuando el país requiere del concurso de capitales de inversión”, dijo el economista José Espinoza que coincide, básicamente, con todos en que un alza de los servicios energéticos (gas y electricidad) no es la mejor medida para paliar la crisis.

Algunos juristas, que entienden a profundidad la vieja estructura legal energética, afirman que la resolución de la estatal agencia de hidrocarburos que incrementa el precio del gas natural es “inconstitucional” (el artículo 87 de la Ley de Hidrocarburos 3058 no indica precio del gas natural en ningún caso, los precios del mercado interno para el gas natural podrán sobrepasar 50% del precio mínimo del contrato de exportación). Ojo, es una ley antigua: nunca fue remozada ni se renovó la arquitectura legal de energía en más de una década.

Algunos señalan que el gas está “subvencionado”. Bueno, sobre el particular, como no hay políticas de Estado en energía es obvio que se sigue privilegiando la venta de materia prima, sin industrializar o empujar inversiones en generación de valor agregado (electricidad, por ejemplo), pero no existe la figura de subvención dado que el precio del millar de pie cúbico de gas natural que la estatal petrolera vende a los industriales privados no está por debajo de su costo de producción.

Con el ajuste, el nuevo precio del millar de pie cúbico de gas natural para la industria pasa a estar en aproximadamente 2,56 dólares, mientras que el valor de las exportaciones a Brasil y Argentina es de alrededor de 4 dólares. De manera que no hay subvención.

En vez de perseguir a los formales, se debería combatir la informalidad y el contrabando, respetando la institucionalidad. El analista José Parada, ex secretario de la Gobernación de Santa Cruz, volvió a sugerir que con urgencia se cree un consejo nacional de energía e hidrocarburos para manejar el sector hidrocarburos. Esa idea es antigua y debe ser, coincidiendo con Parada, puesta en vigencia de inmediato.

Tampoco se puede atribuir a la política estatista de “nacionalización” el “éxito” de los ingresos por venta de gas: el éxito es que esa política –si puede llamarse así– es gracias a precios altos del barril del petróleo. Hubo bastante dinero en la década pasada.

Además de no haber ley de hidrocarburos ni de electricidad, entre otros aspectos de abandono del sector, no se cumple la ley de certificación de reservas de gas desde 2013. El mismo Brasil se cansa de pedir certificación de reservas para ver la potencialidad de cumplimiento boliviano de ese mercado.

En medio de esa vorágine de información, de hechos incontrastables, surge otra constatación que las empresas públicas no han funcionado adecuadamente, de manera que contribuyeron al despilfarro de los ingresos del gas. Es un hecho que el Estado es mal gerente, crearon empresas a dos manos y con “megaproyectos” que no fueron adecuadamente estudiados, se despilfarro bastante dinero del gas en empresas sin rentabilidad, de alto costo, con invitaciones directas en su mayoría, con serias consecuencias en la transparencia.

Ejemplo: planta de urea y amoniaco en El Chapare, lejísimo de mercados importantes. No es rentable. Es un proyecto político de muy cuestionado impacto real en la economía boliviana. La misma gestión pública está con problemas: muchas pegas poca productividad.

Siempre subrayo un dato del secretario Parada, quien indica que –cifras más o cifras menos– en Bolivia habría un despilfarro de unos 200.000 millones de dólares en esta década, producto de los ingresos de gas por buenos precios del petróleo.

Bueno. Toca frenar la crisis sin atacar al aparato productivo generador de ingresos y empleos. Tanto a ciudadanos como a empresarios y a todos los formales nos suben la electricidad, el gas; se carga el doble aguinaldo, persecución tributaria, etc. Que se persiga al crimen organizado, al contrabando, la informalidad, el mercado negro, a quienes no pagan impuestos.

Tengamos muy presente que los altos precios de 100 dólares/barril no van a retornar muy pronto, significa que se debe vivir en una banda de precios de 50-60 dólares/barril, que naturalmente construye el presupuesto del Estado y tira “para abajo” cualquier proyecto nacional –o personal– de crecer a mejor ritmo, salvo que ocurra un “milagro” en el mercado global de los commodities que dispare los precios, pero como va positivamente la extracción de gas/petróleo vía fracking es complicado pensar en una suba de precios/barril de momento.

Populismo es destrucción de la economía, ya los estudiosos del liberalismo se cansaron en decirlo desde hace más de 100 años.