Nadie en su sano juicio, en este aciago tiempo de “revolución socialista” osa discutir la profunda naturaleza delictiva en la que ha devenido la sociedad venezolana.
Es una evidencia incontestable que la célula fundamental de la sociedad se encuentra descompuesta en sus raíces fundamentales. La familia venezolana no está cumpliendo con su rol primordial y en su lugar se están incubando antivalores que en vez de fomentar y estimular los valores de la sana convivencia y coexistencia pacífica de sus miembros; antes, por el contrario, se ha tornado escandalosamente permisiva con las actitudes y comportamientos conductuales que contradicen su esencia y llegan a negar su propia naturaleza de espacio social vital para el despliegue de la personalidad del individuo.
La tríada Estado/partido/ sociedad forma un tridente protodelincuencial que censura la meritocracia y premia la “lealtad” mercenaria y crematística del sujeto a un tipo de organización política-partidista que opera al más típico modo de las guildas medievales o de la mafia o camorra siciliana. El socialismo bolivarero trajo consigo una modalidad delictiva en el submundo carcelario, en los bajos fondos de las simas penitenciarias; se trata del pranato carcelario. La espantosa partidocratización de la vida social venezolana ha creado un inmoral clima de relacionamiento intersubjetivo y de interacción comunicativa mediada por la absorbente y asfixiante subcultura de la partidocracia uniformizante que estimula el delito en cualequiera de sus abominables facetas. Por ejemplo, ahora que recién comienza la campaña electoral para la elección de gobernadores es importante dejar constancia de la denuncia: cualquier gobernador que aspire a ser reelecto, por estrictas y rigurosas razones éticas y legales debe separarse de su cargo mientras dure la campaña. Lo contrario constituye un delito tipificado por la ley como peculado de uso y malversación de fondos públicos convirtiendo al funcionario público en un(a) delincuente.
En fin, el alma del hombre nuevo bajo el socialismo exhibe sus resortes éticos desvencijados, los antiguos escrúpulos del hombre político con respecto a la “res pública” en tanto que “cosa pública” fueron totalmente desdibujados de la mente y corazón del revolucionario en funciones de gobierno. En revolución se observa al funcionariado tecnoburocrático del entramado estatalista haciendo uso libidinoso de bienes patrimoniales de la nación como si de su cauda personal se tratara. Es una moneda de uso corriente ver a funcionarios públicos pertenecientes a la administración pública central y descentralizada conduciendo vehículos automotores durante fines de semana y en horas no laborables y exhibiendo impúdicamente dichos parques automotores como si fueran bienes de su propiedad personal. Eso es delito en cualquier momento y lugar y está tipificado como tal en el ordenamiento jurídico-legal vigente.
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