Otros cinco fallecidos, aún sin identificar, se suman a la lista de muertos por cuerpos militares y policiales en sectores mineros del estado Bolívar. El sábado en la localidad de Camanture, a una hora de Guasipati, hombres que viajaban en una camioneta Toyota Hilux azul se enfrentaron con una comisión del Ejército que patrullaba el lugar. En el procedimiento les incautaron dos fusiles M-14 A3, un revolver calibre 38, una pistola Glock 17 y una PGP Browning, según la información oficial.
La recurrencia de sucesos similares llamó la atención de habitantes y del diputado por la entidad Américo De Grazia, para quien este hecho “guarda relación con querer limpiar la zona de pranes y entregar el Arco Minero a trasnacionales a través de concesiones, y no a mineros que han trabajado en la zona por años”.
Afirmó que se trata de una operación de carácter político. “Acciones que transitan en el camino de la criminalidad, operativamente extraña. Ahora el Arco Minero del Orinoco es un foco de anarquía para imponer la militarización profunda de la práctica minera y una promoción de la matanza”, dijo.
“Las muertes son el resultado de una lucha de poderes y de las tierras mineras de Bolívar, entre los mismos personajes del gobierno”, añadió.
Minería ilegal. El Arco Minero es una zona rica en oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales “que son explotadas por grupos ilegales”, a juicio de De Grazia.
Desde 2003 el gobierno ha implementado planes para frenar la actividad ilegal en Tumeremo y El Callao. “Se pensó en incorporar y capacitar a los pequeños mineros, con enfoques en la protección ambiental. Pero a raíz de la certificación y explotación del Arco Minero del Orinoco se han incrementado los asesinatos, lo cual deja en evidencia que la minería clandestina no desaparecerá nunca porque ningún plan ha generado resultados ni beneficios para quienes habitan esas tierras. Lo mismo ocurrió con la expropiación de 27 estaciones de combustible a particulares y que luego pasaron a manos de las Fuerzas Armadas. Lo que vino después fue la legalización del tráfico de combustible, controlada por militares”, aseveró.
Señaló que durante el año se han incrementado los homicidios “con alegato de enfrentamientos entre civiles y militares”. “Insisto, es una lucha de poderes entre los distintos componentes militares del país. El Ministerio Público y del Interior no han atendido el llamado sobre las matanzas ni se han abierto las investigaciones penales. Las matanzas son acciones generadas por políticos que van de salida y quieren borrar evidencias de sus propios crímenes”, puntualizó.
EL DATO
Del 12 al 14 de septiembre se contaron 30 personas fallecidas en supuestos enfrentamientos con militares en las localidades de El Triunfo y la mina Las Babitas. Mineros testigos del suceso en El Manteco lograran escapar y caminar montaña adentro hasta llegar a la plaza Bolívar de la localidad, donde denunciaron lo ocurrido, informó el diputado Américo De Grazia. “Ahora, en menos de una semana ya suman 35 personas, cuyas familias piden respuestas. Son personas víctimas de la actividad minera en el sur del país”.
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