Cuesta recordar cuántas veces es que la oposición se ha sentado a negociar con el gobierno de Venezuela; pero la verdad es que son muchas y el gobierno nunca ha cumplido lo acordado. Hasta el momento, el chavismo siempre se ha valido de las mesas de diálogo para ganar tiempo y para sembrar la resignación y la desesperanza entre los ciudadanos. Por eso, mientras el ex presidente del gobierno español Felipe González cree que este nuevo diálogo no irá a ninguna parte, el cardenal Urosa considera que esta es otra treta del gobierno de Maduro, y varios dirigentes de la oposición han manifestado sus reservas, pues no hay razones para confiar en un gobierno tramposo. Incluso, el gobierno de Chile, que ha aceptado participar como uno de los países mediadores, se hace pocas ilusiones de que esta vez vaya a ser distinto. Sin embargo, valdría la pena intentarlo, aunque precisando en qué condiciones se va a negociar, sobre qué asuntos, con qué objetivos, dentro de qué plazos y, sobre todo, quién es el interlocutor con autoridad para hablar en nombre del oficialismo.
Para que esta vez sea creíble, antes de sentarse a dialogar deben crearse las condiciones que garanticen el estricto respeto a la Constitución. Eso supone, por lo menos, fijar una fecha para las elecciones presidenciales que corresponde realizar el próximo año, designar un nuevo CNE que merezca la confianza y el respeto de los ciudadanos, garantizar la libertad de expresión y la operación de medios radioeléctricos que puedan difundir libremente informaciones e ideas de todo tipo, libertad de todos los presos políticos, y reconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Si no se dan esas condiciones mínimas, no vale la pena perder el tiempo en un nuevo proceso de negociación, condenado de antemano al fracaso.
Teniendo como eje central la transición a la democracia, lo que debería ser objeto de negociación es la forma como se procederá al restablecimiento de la independencia de los poderes públicos, los mecanismos para desactivar los colectivos armados, las medidas necesarias para reactivar la economía, garantizando el abastecimiento de alimentos y medicinas, y la vuelta de los militares a sus cuarteles. Pero no puede haber un diálogo interminable, sin objetivos y sin plazos, utilizado como un medio para perpetuarse en el poder. Si se trata de negociar en serio, el gobierno debe saber que el tiempo se agota. Desmontar un Poder Judicial servil puede tomar algún tiempo; pero, si hay voluntad, en esta, como en otras áreas, algunas medidas pueden adoptarse en forma inmediata.
Con todas las diferencias (y ambiciones) que pueda haber entre los distintos partidos y movimientos políticos representados en la MUD, pienso que es a esta a la que le corresponde elegir a quienes representarán a la oposición en una mesa de diálogo; pero, hoy en día, determinar quiénes son los interlocutores válidos del oficialismo es algo más complejo. El gobierno se empeñó en convocar a una asamblea constituyente espuria, elegida fraudulentamente, y –Maduro dixit– con poderes absolutos; si se acepta las competencias de esa pretendida ANC, Nicolás Maduro no podría negociar y comprometerse a algo que puede ser desautorizado por esa instancia que, supuestamente, es independiente y suprapoderosa. ¡A menos que el gobierno también desconozca a la ANC!
La política es diálogo y compromiso. Pero no tiene sentido negociar con un gobierno que carece de poder para ejecutar cualquier decisión que no sea aprobada por la ANC; tampoco se puede dialogar con una ANC que tiene 545 cabezas, que no está prevista en la Constitución, que no es reconocida ni por la oposición ni por la comunidad internacional, y que, en el mejor de los casos, no tendría la función de negociar un acuerdo político. ¡Cuidado!
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