Un kilo de tomates cuesta aproximadamente 800 bolívares. Con ese mismo alimento estaba «adornada» la entrada de la Asamblea Nacional durante la sesión de ayer, debido a que un grupo de personas, que portaba imágenes del fallecido presidente Hugo Chávez y del Simón Bolívar diseñado en computadora, lanzó varios a las personas que querían ingresar al Palacio Legislativo. «¡Fuera, desgraciados, fuera!», gritaban, entre otros calificativos, a quien caminara por el pasillo. Funcionarios de la GNB se encargaron de retener la concentración. El ruido de las consignas chavistas se oía dentro del hemiciclo, donde los diputados del GPP y la MUD cerraron el debate con los temas del narcotráfico y el paramilitarismo, que fueron los que más intervenciones airadas generaron.
Pero no era el enfoque principal en ese momento. La discusión inició luego de que la diputada Laidy Gómez presentara la propuesta de reforma de la Ley de Fronteras, que tiene como objetivo principal abrir la frontera colombo-venezolana, cerrada desde el 19 de agosto de 2014, por el presidente Nicolás Maduro para disminuir el contrabando, el narcotráfico y el ingreso de paramilitares a Venezuela. La parlamentaria opositora indicó que la medida viola derechos humanos, acuerdos internacionales y afecta el comercio con el vecino país. «Los representantes del GPP lo rechazan de forma inmediata porque ellos se convierten en cómplices de la fuga de la soberanía alimentaria que desde el cierre de la frontera se ha incrementado. Es, además, una de las razones por las que en los sectores populares las familias venezolanas deben levantarse a las 3:00 am para hacer colas y comprar por lo menos un paquete de Harina Pan», añadió. Advirtió que si el Ejecutivo no cumple con la exigencia, la coalición acudirá a organismos nacionales e internacionales para hacer denuncias.
Tras la declaración de Gómez, en la que además solicitó a Maduro reabrir la frontera, el bloque chavista reaccionó negativamente a la propuesta. Alegaron que la oposición apoya los delitos que el cierre de la frontera debía reducir. El diputado Pedro Carreño afirmó que la aplicación del estado de excepción y el cierre de la frontera respetó los derechos humanos y ha cumplido con sus objetivos. «¿Habrá algún ciudadano venezolano que esté en desacuerdo con que se luche contra el narcotráfico? Al parecer sí. Están apoyando el paramilitarismo. Son tontos útiles (…) No vamos a formar parte de esa comisión porque es inconstitucional», dijo.
Debido a que la MUD mencionó que funcionarios de la FANB han estado vinculados con el contrabando, Carreño acusó al bloque opositor de estar contra la institución castrense. «Porque la FANB no se presta para los planes golpistas de la derecha», aseveró.
Por su parte, el también diputado del PSUV Orlando Zambrano aseguró que el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, a quien culpó de legalizar el narcotráfico en la frontera, da órdenes a la oposición venezolana. Señaló que la propuesta de Laidy Gómez tiene como objetivo beneficiar a Álvaro Uribe, ex mandatario de Colombia, a quien de igual manera acusó de estar asociado con negocios de droga. «Ustedes defienden el ‘narcoparamilitarismo’ colombiano», manifestó.
Después llegó la última intervención de la sesión: la del diputado Julio Montoya. Criticó que el bloque chavista juzgara a la oposición por invitar a Andrés Pastrana al acto de instalación del Parlamento, el 5 de enero, cuando existe un video de Chávez en el que aparece elogiando al ex presidente de Colombia. «Hay que tener sentido del ridículo», declaró. Se preguntó entonces si el cierre de la frontera ha servido para eliminar las colas, garantizar que haya medicamentos y que los habitantes de Apure tengan gasolina. Los parlamentarios de la MUD le respondieron con un largo no.
«Yo les quiero decir algo: las últimas cifras en Europa dicen que el país que encabeza la lista de drogas decomisadas en puertos y aeropuertos europeos es Venezuela (…) Quienes atacan a la Fuerza Armada son aquellos que permiten que se señalen generales como miembros del Cartel de los Soles y no los investigan», indicó Montoya.
Motivado a que el oficialismo acusó a la oposición de apoyar el narcotráfico, el diputado mencionó el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, presos en Estados Unidos por presuntamente intentar trasladar a dicho país 800 kilos de cocaína. Montoya recalcó que tuviesen pasaporte diplomático. La primera dama anunció recientemente que los jóvenes están secuestrados por la DEA.
Señaló que el oficialismo negó la investigación a Walid Makled, que tenía un carnet de la GNB y del TSJ. Comentó que tampoco se averiguó por qué al ex empresario se le concedió una concesión de urea (químico que puede ser usado para elaborar drogas) en Pequiven. Actualmente Makled cumple 14 años y 6 meses de prisión por tráfico de drogas. «Cuando ustedes quieran, y se los hago público hoy, discutimos el tema del narcotráfico en este país», expresó.
Por último, el parlamentario opositor habló de los productos de Pdval y Mercal que están en Colombia. Afirmó que estos rubros están en el país vecino porque hay bachaqueros verdes y rojos. Indicó que no es necesario cerrar la frontera, sino impulsarla a través de la aprobación de la ley de desarrollo fronterizo y la creación de nuevos municipios. «Yo quiero decirles la premisa más importante, y con esto termino: estimados diputados, no olviden que Bolívar nació rico y murió pobre. Muchos de los que hoy hablan de Bolívar nacieron pobres y se enriquecieron con el poder», finalizó.
La comisión especial que trata el cierre de la frontera colombo–venezolana está integrada por: Leidy Gómez, Gaby Arellano, Juan Requesens, Omar Barboza y Julio Montoya.
GPP rechazó proyecto de ley de la GMVV
Julio Borges entregó a la directiva de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que permite otorgar el título de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela. También presentó la propuesta de la ley de barrios, con el objetivo de conceder título de posesión a todas las familias venezolanas.
Miguel Pizarro explicó en su Facebook que ambos planes tienen tres características principales: que ningún beneficiario de un programa social sea manipulado políticamente, que el título de propiedad permita al ciudadano vender o heredar a sus familiares la vivienda y que haya garantía de que el programa social es para quien más lo necesita.
El diputado oficialista Ricardo Molina dijo que la propuesta es demagógica. «El texto de la Ley de Propiedad sí permite que las familias vendan el bien, pero con prioridad al Estado, para que no entre en el mercado inmobiliario especulativo», arguyó.
Parlamento acató la sentencia del TSJ
La Asamblea Nacional acató la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, que declaró nulas todas las decisiones del Parlamento, mientras los diputados impugnados por presunto fraude electoral estuviesen juramentados.
Los parlamentarios de Amazonas, Julio Ygarza y Nirma Guarulla, y el representante indígena de la Región Sur, Romel Guzmana, habían emitido previamente un documento en el que solicitaron su desincorporación hasta hallar una solución judicial.
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