Los ojos del mundo estaban puestos este martes en Cataluña y, por encima de todo, en el hombre que unió su destino personal a la causa de separar a esta próspera región del resto de España.
La presión sobre el presidente catalán, Carles Puigdemont, era enorme: por un lado el gobierno español le exigía «volver a la legalidad», dar un paso atrás y no declarar la independencia tras meses de tensiones y enfrentamientos.
Por otro, los sectores más duros del independentismo le reclamaban una declaración unilateral con efectos inmediatos.
Tras una jornada frenética, Puigdemont anunció ante el Parlamento autonómico de Cataluña que »asume» el mandato del pueblo catalán para constituirse en un Estado independiente y pidió a los diputados que suspendieran los efectos de la declaración de independencia.
Lo hizo, dijo, como un «gesto de responsabilidad y generosidad» para volver a «extender la mano al diálogo».
Pero la ambigüedad de sus palabras hizo surgir dudas acerca del alcance de lo que había dicho: ¿»asumir el mandato» era declarar la independencia y luego pidió su suspensión o directamente había solicitado la suspensión del proceso de declaración de independencia, sin proclamarla?
En cualquier caso, el anuncio fue recibido con críticas desde Madrid y los partidarios de la unidad de España y también con rechazo e incluso algún llanto entre los manifestantes independentistas que se reunieron en las inmediaciones de un parlamento.
Además, posteriormente, en un giro sorprendente, los 72 diputados de las fuerzas independentistas (de un total de 135) firmaron un documento en el que declaraban la constitución de una «república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social».
¿Qué efecto puede tener lo sucedido?
La declaración firmada por los diputados no se registró ni se debatió ni se votó en el pleno de la cámara, por lo que medios españoles afirman que no tiene valor legal.
Así fue la reacción de algunos manifestantes cuando Puigdemont pareció declarar la independencia y luego, cuando pidió su suspensión.
Además, la propia ley catalana del referéndum, aprobada para convocar la votación que se celebró el pasado 1 de octubre y fue declarada inconstitucional, establece que debía convocarse una sesión ordinaria del Parlamento para la declaración «formal» de la independencia.
Tras ella, se daría inicio al «proceso constituyente», poniendo en marcha la maquinaria legal catalana, especialmente la ley de transitoriedad jurídica, una especie de constitución temporal.
La ley catalana también contempla que los resultados oficiales del referéndum fueran presentados por la sindicatura electoral, algo que tampoco sucedió pues el órgano fue disuelto por la presión de las autoridades españolas.
«Esto es un acto político, es un acto de afirmación», declaró Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno.
«El presidente de la Generalitat ha pedido al parlamento que se suspendiesen los efectos de la ley de transitoriedad y, por tanto, la efectividad de esta declaración de independencia con el objetivo de abrir un proceso de diálogo y esto es lo que nosotros esperamos», añadió.
Sin embargo, la solemnidad de la firma fue máxima. Los 72 diputados, uno a uno, desfilaron por el auditorio del parlamento tras la lectura de la declaración, anunciada por el diputado y cantautor Lluís Llach.
72 diputados firmaron una declaración de independencia.
Luego, todos a una, se pusieron en pie y cantaron al unísono «Els Segadors», el himno nacional de Cataluña.
En ese momento parecía que estaban dejando atrás las agudas tensiones del día, durante el cual se vio a los diputados del partido independentista y anticapitalista CUP abandonar con gesto duro una reunión con miembros del gobierno justo antes del pleno.
Tampoco pasó desapercibido el hecho de que fueron los únicos en las filas independentistas que no aplaudieron cuando Puigdemont terminó su discurso.
¿Qué busca el gobierno catalán?
El presidente catalán aseguró que la suspensión de la independencia supone ungesto de «generosidad» que busca una reacción más favorable al diálogo que la que ha tenido hasta ahora el gobierno español.
De hecho, las peticiones al diálogo y la mediación fueron numerosas, también por parte de personas con gran peso específico en el proceso independentista, como el expresidente catalán Artur Mas, quien calificó la declaración de Puigdemont como una «oferta» para el diálogo.
Las reacciones de los manifestantes frente al parlamento fueron muy variadas.
«La oferta que hace el presidente Puigdemont es: hay que respetar el resultado del 1 de octubre, pero como él mismo ha anunciado que a efectos del gobierno de la Generalitat, los efectos de este resultado quedan momentáneamente suspendidos, esto abre la posibilidad de un diálogo con el estado español si se acoge a esta posibilidad», dijo.
Pero una cosa es lo que asegura pretender el gobierno catalán y otra muy distinta es cómo se interprete.
«Ha sido una declaración un poco extraña y ambigua», le dijo a BBC Mundo Lluis Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III y analista en medios de comunicación españoles.
«La lectura que se va a hacer es que se entiende por asumir el mandato como una declaración, aunque sea periférica, y que luego se pide que se suspenda en sus efectos para la negociación».
Pero a esto ya respondió la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría: «Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación».
En una protesta durante el fin de semana en Madrid se veía esta caricatura de Rajoy y Puigdemont.
La vicepresidenta señaló que tampoco se pueden «sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse».
La prueba de que el gobierno español se toma muy en serio lo sucedido en el parlamento catalán es que para este miércoles convocó un consejo de ministros extraordinario.
Los representantes del gobierno no quisieron especificar en las horas posteriores a la comparecencia de Puigdemont si están evaluando la aplicación el artículo 155 de la Constitución española, que permite la anulación de competencias de una región si está se niega a cumplir la ley, como se ha especulado en los últimos días.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona, aseguraba a BBC Mundo el lunes en una entrevista para analizar los posibles escenarios para los próximos días que si se mencionaba de alguna manera en el discurso la palabra independencia, esto sería suficiente para suscitar una reacción en el gobierno español.
Arrimadas pronunció un contundente discurso contra la declaración de independencia.
Tampoco la oposición catalana recibió bien la declaración de Puigdemont. La líder de Ciudadanos (un partido de centro derecha contrario a la independencia), Inés Arrimadas, dijo que la independencia «a plazos» sigue siendo un «golpe a la democracia».
Es muy probable que la tensión y la incertidumbre continúen en los próximos días en Cataluña, donde los ciudadanos han asistido en los últimos tiempos a hechos inéditos, como la detención de miembros del gobierno y la celebración de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional con urnas escondidas en casas particulares para no ser requisadas.
No parece probable que lo sucedido este martes aporte seguridad a las grandes empresas y los bancos, algunos de los cuales han empezado a «votar con los pies» y a anunciar que trasladan sus sedes fuera de Cataluña.
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