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Elizabeth Safar Ganahl: perseverancia comunicacional

Según Elizabeth Safar, una política pública de comunicación es el conjunto de lineamientos de orden jurídico, moral, intelectual y sociocultural, debatido entre el Estado y la sociedad civil organizada, cuyos acuerdos vienen del consenso y la participación social y cuyo propósito es garantizar la democratización de los medios y las telecomunicaciones 

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Si queremos destacar a una intelectual cabal que ha dedicado su vida académica a fortalecer la democracia comunicacional en Venezuela, sin lugar a dudas, estamos hablando de Elizabeth Safar Ganahl, nacida en Caracas el 19 de noviembre de 1947. Lo que sigue es una breve reseña de su prolífica trayectoria como investigadora en el campo de la comunicación.

Es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Estudió Comunicación Social y la maestría en Políticas y Planificación de la Comunicación Social en América Latina (1987). También cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas.

Ha sido profesora en las escuelas de Artes y Comunicación Social de la UCV. Siendo directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Ininco, entre los años 1992 y 2000, diseñó la Maestría en Comunicación Social e impartió cursos sobre Políticas Públicas de Comunicación y Comunicación Política.

Fue cofundadora de sociedades científicas como la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación (AVIC), la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (Alaic) y la Asociación Civil Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP).

Su obra ha girado en torno a la democracia comunicacional, el impacto de las tecnologías en la sociedad y la historia de la radiodifusión sonora en Venezuela. En sus escritos se puede apreciar la influencia de la Escuela de Frankfurt (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin), y de la teoría crítica latinoamericana de la comunicación (Antonio Pasquali, Luis Aníbal Gómez, Paulo Freire, Mario Kaplún).

Cito algunos de los trabajos de Elizabeth Safar:

“La perseverancia de Antonio Pasquali en crear un servicio público de radiotelevisión no gubernamental en Venezuela”, 2014; “Memoria y línea de investigación. Comunicación política y políticas públicas de comunicación”, 2007; “La radiotelevisión pública en Venezuela”, 2006; “Criterios para una política de radiotelevisión de servicio público no gubernamental en Venezuela”, 1995; “La Comunicación Social: memorias de un país en subasta”, 1992.

En lo que sigue expongo tres ideas fuerza de Elizabeth Safar sobre políticas públicas de comunicación, línea de estudio que con perseverancia ha desarrollado en más de treinta años de vida académica y que ha generado profundos debates en la sociedad venezolana.

Uno: Sin comunicaciones libres no hay democracia. “No hay sociedad democrática allí donde los medios no son democráticos. Esto no solo se refiere al uso sino a la distribución del poder comunicacional en una sociedad y al acceso y la participación del ciudadano en la elaboración de normas respectivas”.

Tal como lo diría Antonio Pasquali, fundador del Ininco en 1974, es impensable una democracia comunicacional si el Estado no garantiza la libertad de expresión, de opinión y la diversidad cultural sobre la base de estos requisitos:

1) Libertad de acceso a fuentes de información. 2) Libertad para la recepción de mensajes y escogencia de un código expresivo. 3) Libertad de elección de un canal comunicante y delimitación  de los públicos perceptores. 4) Libertad de elección de los contenidos o mensajes.

Dos: El Estado comunicador se debe a la Constitución Nacional. “Al Estado le corresponde el rol de árbitro en el establecimiento de reglas justas y equitativas para la distribución de un bien de la nación que es limitado y escaso, como son las frecuencias radioeléctricas destinadas a la radiotelevisión, con fines de su explotación tanto por organismos privados como públicos”.

Por lo tanto, un Estado que “comunica democracia” es aquel que trabaja de manera constitucional con sus poderes públicos para resolver los problemas sociales. En cambio, un “gobierno difusor de propaganda”, cuya estrategia es mantener desinformada a la sociedad, nunca podrá ser árbitro en los asuntos públicos porque no acata la Constitución Nacional ni mucho menos el marco jurídico en materia de comunicación. El gobierno, en todo caso, deviene en “juez y parte”. Transgrede el uso y tenencia de los medios radioeléctricos, patrimonio de la humanidad. Y criminaliza la libertad de expresión y opiniones disidentes.

Tres: Desgubernamentalizar las comunicaciones es deber de todo Estado democrático. “El disponer de servicios radiotelevisivos públicos, de alta calidad y utilidad social, y no sujetos a los vaivenes de los intereses de los partidos políticos en el ejercicio del gobierno, es una propuesta cualitativa e innovadora, que debe ser suficientemente argumentada, discutida y divulgada, pues supone la necesidad de desarrollar acciones para ofrecer alternativas frente a la realidad comunicacional del país, en donde hoy día la ciudadanía no tiene otras opciones distintas de aquellas que ofertan o bien los consorcios corporativos comerciales o los grupos políticos cuando ejercen el gobierno nacional”.

Resumiendo lo señalado por la profesora Elizabeth Safar, una política pública de comunicación se podría entender como aquel conjunto de lineamientos de orden jurídico, moral, intelectual y sociocultural, que ha sido debatido entre el Estado y la sociedad civil organizada, cuyos acuerdos son el producto del consenso y la participación social y que tiene como propósito el garantizar la democratización de los medios masivos y de las telecomunicaciones, en general.

Posdata: tuve el honor de formarme con la profesora Elizabeth Safar, como estudiante en la Escuela de Artes y luego como docente-investigador en el Ininco, y quiero destacar que Elizabeth me reafirmó estas cualidades humanas que me han marcado toda la vida: su espíritu de honradez, su valor por la disciplina y constancia y su compromiso apasionado por Venezuela. 

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