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El presidente de España podrá destituir al presidente de la Generalitat de Cataluña y ordenar la disolución del Parlamento catalán como parte de un paquete de medidas para hacer frente al desafío independentista de esa comunidad autónoma.
La decisión fue tomada este viernes por el Senado español minutos después de que el Parlamento catalán aprobara iniciar el proceso para «constituir una República catalana como Estado independiente» de España.
El paquete de medidas recibió el voto favorable de 214 senadores, mientras que 47 votaron en contra y uno se abstuvo.
Según explicó el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la autorización para disolver el Parlamento catalán tendría como objetivo permitirleconvocar a elecciones en la región «en un plazo máximo de seis meses».
Cuando compareció ante el Senado para solicitar la aprobación de las medidas, tomadas al amparo de artículo 155 de la Constitución española, el mandatario aseguró que su intención es celebrar las elecciones «lo más pronto posible».
La Cámara Alta también le dio a Rajoy autorización para proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña (Carles Puigdemont), del vicepresidente (Oriol Junqueras) y de los consejeros que integran su gobierno.
Según la disposición, el ejercicio de dichas funciones corresponderá «a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el gobierno de la Nación».
Las medidas limitan además las competencias del Parlamento catalán, pues su presidente ya no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y su plenario no podrá celebrar debate ni votación de investidura.
«Estas son (las medidas) más importantes. Hay otras», destacó el propio Rajoy, quien ahora tendrá que reunirse con su Consejo de Ministros para decidir sobre la aplicación de las mismas.
El gobierno en Madrid también está autorizado a intervenir los organismos y servicios de la comunidad autónoma, incluyendo los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.
«Con mesura y eficacia»
Rajoy anunció un Consejo de Ministros ordinario a las 17:00 (hora local) y otro extraordinario una hora más tarde, e informó que volverá a realizar una conferencia de prensa «de noche».
Se espera que dicho consejo ratifique de inmediato esta medida sin precedentes en la democracia española.
La implementación de las medidas para limitar la autonomía catalana planteará importantes desafíos para el gobierno central.
«El gobierno tomará las medidas que corresponda, esta misma tarde, para recuperar la legalidad. Les digo a todos los catalanes que las cosas se harán bien, con mesura y eficacia», prometió sin embargo Rajoy.
«No estamos dispuestos a que haya gente que quiera liquidar nuestra Constitución. Tranquilidad, el Estado reaccionará y estaremos a la altura de las circunstancias», aseguró el mandatario.
Del referendo a la peor crisis
En el último mes el gobierno español y el catalán han ido tomando decisiones que derivaron en lo que hoy es la peor crisis política que vive el país ibérico en cuatro décadas.
La situación estalló con la convocatoria a un referendo sobre la independencia que se celebró el pasado 1 de octubre.
La votación fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y los intentos de la Guardia Civil por impedir el sufragio y hacerse con las urnas produjeron escenas de violencia.
Según cifras de las autoridades catalanas, cerca de 2,3 millones de ciudadanos (aproximadamente un 30% de la población) votaron en el referendo, con un 90% de ellos expresándose a favor de la independencia de la Cataluña.
Según el presidente catalán, Carles Puigdemont, el Parlamento cumplió con el «mandato» del referendo.
Fue amparado en ese mandato que el Parlamento catalán aprobó el inicio del proceso con el que quiere convertir a Cataluña en una república independiente.
La moción, aprobada con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco (53 diputados abandonaron el recinto antes de la votación), insta al gobierno autonómico a tomar las medidas necesarias para la entrada en vigor de la llamada «Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República».
Dicha ley, aprobada por el Parlamento catalán en septiembre, fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español.
Tras la votación de este viernes, Puigdemont hizo una llamada a los ciudadanos para «mantener el pulso del país».
En un breve discurso, el líder catalán pidió los ciudadanos y a los cargos electos que «continúen fortaleciendo las bases» de »una sociedad que siempre respondió pacíficamente y cívicamente».
Según cálculos de la Guardia Urbana, en la puerta de la sede del gobierno regional unas 6.000 personas se reunieron en un ambiente festivo con banderas independentistas, conocidas como «esteladas», y carteles a favor de la separación.
Reacciones
La Unión Europea (UE), partidaria de evitar secesionismos en el bloque, aseguró que «España se mantiene como único interlocutor».
«Para la UE nada cambia», escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, agregando: «Espero que el gobierno español favorezca el uso de la razón y no de la fuerza».
El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, aseguró también vía Twitter:
Los líderes de varios países que integran la UE (como Francia, Alemania y Reino Unido) también se expresaron en favor del gobierno de Rajoy y del respeto del orden constitucional.
A su vez, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, afirmó en un comunicado: «Cataluña es una parte integral de España, y EE UU apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a España fuerte y unida».
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, incitó a «buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española».
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