Fuerza armada y democracia

El Pacto de Puntofijo y el prestigio del liderazgo civil que lo diseñó le dieron piso político a la naciente democracia. Eso permitió el control civil del poder militar, lo que significa que sí es posible contar con la fuerza armada en su papel institucional y profesional de mantener la imparcialidad, porque “está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, como lo postula el artículo 328 de la Constitución. No hacerlo de esta manera es contribuir a la desprofesionalización de una institución necesaria para garantizar el orden y la paz interna de Venezuela.

Para discutir sobre esta importante materia, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha organizado el día 6 de junio un foro denominado “La Fuerza Armada y su papel en la democracia venezolana”. El programa consiste en un elenco de ponencias de veinte minutos cada una, con la secuencia siguiente: Introducción, por el profesor Humberto Romero Muci, presidente de la Academia; “Estamento militar y democracia liberal”, por el coronel José Machillanda; “El Estado cuartel en Venezuela”, por el profesor Luis Alberto Buttó; “La Constitución de 1999 y el poder militar”, por el profesor Gerardo Fernández; “La justicia militar”, por la profesora María Amparo Grau; “La militaridad y sus efectos sobre la transición”, por el profesor José Alberto Olivar; “Las relaciones civiles y militares a partir del 18 de octubre de 1945”, por quien suscribe este artículo; “Militares, control civil y pretorianismo en Venezuela”, por el profesor Hernán Castillo; unas conclusiones a cargo del profesor Rafael Chavero, y las palabras de cierre del profesor Gabriel Rúan. La academia ha escogido el temario señalado por la importancia que tienen los estudios sobre las relaciones civiles y militares, que es clave en la búsqueda de la contención del poder.

Cuando se privilegia el poder civil sobre el militar se impulsa también la estabilidad constitucional. Fue lo que ocurrió con el mencionado Pacto de Puntofijo, el cual tenía como fin nuclear la continuidad democrática y la alternabilidad en el poder. Si no hay alternabilidad, no hay democracia. De ahí que la Constitución de 1961 resulte la más longeva de nuestra historia (38 años), seguida por la Constitución de 1830, que estuvo vigente 27 años, hasta 1857. Y ello debido a la autoridad del general José Antonio Páez, que, si bien era un militar, privilegió los recursos políticos sobre las bayonetas, al tiempo que gobernó con civiles de prestigio.

La experiencia de los gobiernos civiles que se inician luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez nos enseña que, además del señalado acuerdo político, el poder militar reconoció el liderazgo civil debido a la autoridad y prestigio ético e intelectual de los principales promotores del acuerdo: Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera. Aunque en el análisis histórico no se puede reflexionar a partir de especulaciones, me atrevo a plantear una interrogante: ¿qué habría sucedido si el Pacto de Puntofijo hubiese sido suscrito por Gustavo Machado en nombre del Partido Comunista? Esto no ocurrió, y poco tiempo después el Partido Comunista y Fidel Castro iniciaron un proceso de desestabilización a través de la lucha armada y la injerencia cubana. Pero esto se pudo vencer por el respaldo de las fuerzas armadas de la época a la democracia venezolana. Aquí vale la pena recordar el liderazgo del general Antonio Briceño Linares, quien puso sobre la mesa el talante profesional de los militares que le brindaron apoyo incondicional a la Constitución.

Al contrario de lo señalado, el golpe de Estado de 1945 fue el inicio del militarismo de tipo corporativo. Con este golpe, si bien se gobernó con Acción Democrática y con una junta cívico-militar, el tutelaje pretoriano fue determinante, como quedó evidenciado con el golpe del 24 de noviembre de 1948. Con este zarpazo se toma por primera vez en nuestra historia el poder en nombre de las fuerzas armadas.

Los militares que se alzaron contra el presidente Isaías Medina encontraban su justificación en el conflicto que mantenían con los viejos generales gomecistas, sin formación académica sino curtidos en el fragor de las montoneras y en el sometimiento de los caudillos. Habían luchado en la Restauradora y en la Libertadora. Se les conocía como los “chopo ‘e piedra”, porque no querían ceder sus beneficios adquiridos a través de las batallas y de la lealtad a Juan Vicente Gómez.

Había otro grupo de militares, los jóvenes que se formaron en reconocidas academias militares, como Chorrillos en Perú y West Point en Estados Unidos. Este grupo de oficiales estaba integrado por los llamados “plumarios”; entre ellos: Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez, los hermanos Julio César y Mario Vargas y Carlos Delgado Chalbaud, este último educado en Francia y respaldado por el prestigio de su padre, Román Delgado Chalbaud. El objetivo de este grupo de militares era arrebatarles a los “chopos ‘e piedra” el control del ejército y obtener mejores condiciones económicas. En este grupo se impone Pérez Jiménez, quien llegó de Chorrillos apertrechado con la idea de que los militares debían asumir el poder, porque los civiles serían muy desorganizados para gobernar. Aquí surge la tesis según la cual los militares están llamados a poner orden cada vez que los civiles crearan desorden.

Lo anterior se evidencia con las alocuciones del teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud del primero de enero y el 24 de noviembre de 1949. En ambos textos se pretende justificar que la trompada militar contra el presidente Gallegos estaba justificada porque el régimen de Acción Democrática había desbordado al jefe del Estado; y que el sectarismo de este partido dañó “el significado popular” de la elección del gran novelista. Delgado Chalbaud sostuvo que el sector civil en funciones de gobierno anteponía sus intereses políticos con una “acción desordenada, dispersa y ruidosa”. Esta manera de construir premisas tiene una conclusión fatal: el poder militar es el árbitro para desenredar los entuertos causados por los civiles. Es la idea que trae Pérez Jiménez de Perú. Desde luego que se trata de la visión pretoriana carente de justificación política.

Todo esto se recompuso a partir de 1958 cuando la democracia que se iniciaba, pese a sus imperfecciones, contó con un grupo de líderes civiles de gran calado que tuvo la habilidad de imponer su liderazgo y vencer las amenazas militaristas.

Actualmente la situación es más compleja, debido al proceso de adoctrinamiento ideológico que se ha intentado hacer en el sector castrense. Es lo que trasluce cuando al saludo militar se le acompaña con consignas que muestran una toma de posición político-partidista. Esto marcha en sentido contrario al necesario carácter profesional y no político de la fuerza armada, lo que constituye materia para la discusión.

En este contexto, cabe la pregunta: ¿es posible que el poder militar sea un aliado de la democracia? La respuesta es afirmativa, pero para ello es necesario discutir y reflexionar sobre esta materia sin tapujos, en ambiente de respeto y alto nivel académico, como el que propone crear la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.