Mientras el proceso de posconflicto avanza, cantidades de problemas surgen en medio de la dinámica política colombiana. El que actualmente mantiene a Colombia en vilo es el relativo al número de disidentes de las FARC que continúan su actuación como combatientes. Al rubricarse los acuerdos de paz el cálculo oficial era de 5% a 7% de la fuerza guerrillera. Eso llevaba el contingente de hombres armados que se apartarían del proceso a unas 600 personas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.
La realidad es otra. Las deserciones de las filas guerrilleras a esta fecha supera los 1.400 hombres, de acuerdo con las cifras de la Cerac y de la Fundación Ideas para la Paz y Reconciliación. Estas dos organizaciones mantienen en manos privadas la más completa base de datos de la historia del conflicto interno colombiano.
Esto contrasta con las cifras emanadas de la Fiscalía colombiana que examina el comportamiento de las organizaciones ilegales para determinar su impacto en las regiones donde estas actuaban. Para el órgano oficial que lleva el censo delictivo, el número de disidentes llega a los 500 hombres, cifra inferior a la de las 700 personas que aparecen en los registros de agencias militares.
No es necesario explicar la importancia de la falta de coincidencia de cifras en torno a un fenómeno tan vital para el país. Hablamos de un tercio de lo que es considerado por entes privados de toda seriedad. ¿Cómo es posible, entonces, plantear una estrategia de manejo de las acciones armadas que puedan producirse en áreas críticas si las mediciones se encuentran tan alejadas de la realidad? ¿Cómo dimensionar, a la vez, la relación con el narcotráfico de estos actores al margen de la ley?
Otro de estos escollos es el triunfalismo de las FARC en esta etapa de implementación de los acuerdos. Esto se está manifestando en el arrogante y permanente desafío con que tratan a las instituciones del país, tales como el Congreso. Algunos de los “ex guerrilleros” jefes de las FARC han sido invitados por representantes de las izquierdas –Partido Verde y Polo Democrático– a foros y a audiencias para “hacer pedagogía” sobre el contenido de los acuerdos de paz, lo que les ha permitido ingresar en estos recintos para fines muy específicos. La ocasión ha sido aprovechada por algunos de ellos no para plantear sus ideas en torno a la letra de los convenios, sino para hacer vulgar y puro proselitismo.
De allí que las fricciones con las autoridades parlamentarias no han sido pocas, lo que le agrega tensión a la delicada y compleja convivencia entre los partidos políticos. Sobre todo porque no se le olvida a la mayor parte de los actores políticos del país que los convenimientos de La Habana, transformados en acuerdos de paz, fueron objeto del repudio de la mayoría de los colombianos en la votación de octubre del año pasado.
El primero en manifestarse urticado frente al abuso ha sido el propio presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, quien ha tomado la palabra para intentar ponerles un límite. Ello ha provocado reacciones violentas y provocaciones intimidantes de los representantes de la guerrilla. Muchos de ellos asumen la posición de pretender que los citados acuerdos han borrado de un golpe todo su prontuario criminal y se sienten en posición de dar lecciones de moral al país desde los centros legislativos. Nada más torcido.
Al fin el tema se ha resuelto con la prohibición de entrada de estos representantes de las bandas guerrilleras, emanada de la mesa directiva de las cámaras.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional