Veinte chalecos antibalas, escudos de protección a prueba de fusil y una Toyota Prado con el más alto nivel de blindaje para desplazamientos especiales.
Esa es la nueva dotación de los oficiales de Migración Colombia apostados en el puente Simón Bolívar, el paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, que en los últimos dos meses se convirtió en un nuevo frente de guerra.
La bitácora de los funcionarios registra que el martes 15 de agosto, a las 6 pm, se sintieron unas primeras ráfagas de fusil, lo que obligó a cientos de personas a tirarse al piso.
La escena se repitió el 22 de agosto, el 11 de septiembre, dos veces el 20 de septiembre, el 6 de octubre, el 8 de octubre y el 12 del mismo mes a las 3 pm, cuando había mayor afluencia de personas ingresando a Colombia por comida o con sus enseres.
En total, van 13 tiroteos en el puente y en las poblaciones vecinas de La Parada, Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario y Juan Frío (área metropolitana de Cúcuta), lo que llevó a un alto funcionario del gobierno de Santos a calificar estos incidentes como un tema de seguridad nacional, manejado confidencialmente por organismos de inteligencia y tres ministerios: Cancillería, Defensa y Comercio.
Aunque las autoridades se abstienen de señalar públicamente de dónde vienen las balas, de lado y lado de la frontera, El Tiempo tuvo acceso a informes que señalan a los responsables de los tiroteos indiscriminados: que afectan a la población civil y calientan aún más las relaciones con la convulsionada Caracas.
Un grupúsculo del ELN, un colectivo chavista y un nuevo grupo paramilitar se pelean el control de las narco rutas y el trasiego de cerca de un millón de dólares al día en contrabando de gasolina, ganado, alimentos, oro y de personas. Además, después de Tumaco, esa región es la que más cultivos de coca tiene: 25.000 hectáreas.
“Elenos” y “Boliches”
Oficiales de inteligencia señalan que son hombres del frente “Germán Velasco Villamizar”, del ELN, los que están detrás de ese botín
“Se supone que esa guerrilla está en diálogos y en cese del fuego. Por eso, la información se está manejando con prudencia y al más alto nivel”, dijo un oficial que también indaga si esa misma guerrilla ejecutó el miércoles a Aulio Isarama, gobernador indígena de un resguardo en el Chocó.
Pero en la zona no tienen duda de que hay balas del ELN en los tiroteos de la frontera.
“Esa guerrilla ha hecho pública su presencia en Venezuela y ha retomado su actividad en Cúcuta y Villa del Rosario”, aseguró Wilfredo Cañizales, cabeza de la Fundación Progresar, que investiga conflicto y violaciones de derechos humanos en la zona fronteriza.
Agregó que ese grupo ejerce control social, ordena toques de queda, prohíbe fiestas y hasta impide que la gente se puede mover de barrio a barrio: “Esa anarquía criminal la pagan los civiles, hay decenas de desaparecidos en la región de Cúcuta”, puntualizó Cañizales.
Los “elenos”, liderados en Cúcuta por alias Silvia o Ana María, se disputan la zona con las llamadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), conocidos como “los Boliches” e integrados por al menos uno de los colectivos chavistas que participaron en la represión de las marchas de la oposición entre abril y agosto.
Se habla de 1.000 hombres “enfusilados” y concentrados en los estados Apure y Táchira.
“Son grupos binacionales conformados por disidentes de las Farc y por venezolanos. El gobierno de Maduro no actúa en su contra. Por el contrario, se prestan para que suceda lo que estamos viendo: plomo a toda hora del día”, aseguró el diputado del estado de Táchira Franklyn Duarte.
Según informes de inteligencia de autoridades colombianas “los Boliches” son liderados por ‘Jerónimo Paz’, y sus lugartenientes se conocen con los alias de Zacarías, Macaebo, Ernesto Guevara, Julián y Carlos Chileno.
También aseguran que han recibido entrenamiento de varios ex-Farc.
“Tienen nexos con gente de esa exguerrilla que les proporciona armas y logística. Han entrado en conflicto con el ELN por el control de las fuentes ilegales de financiación, especialmente por las extorsiones a ganaderos, empresarios y a la comunidad que transita por los pasos fronterizos”, se lee en uno de los informes.
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