El 19 de octubre, Dional Alexander Urbina Saumell, de 19 años de edad, salió de El Junquito para asistir a una fiesta en el barrio El 70, luego de varios días ajetreados en su trabajo como «caletero» del Mercado Mayorista de Coche. El joven, que aspiraba independizarse con su empleo, no sabía que esa noche moriría tras recibir tres disparos en el pecho. Hecho que fue reportado por El Nacional Web.
Tres días después, Rixiover Arnoldo Pirela Paredes (30 años), trabajador de una central azucarera en el estado Zulia, se encontraba frente a su casa después de realizar la jornada que le permitía sustentar a su familia. Ya se notaban los cambios en el cielo, la noche había llegado y con ella dos antisociales, quienes se trasladaban en una moto y, tras pararse frente a él, le propinaron al menos dos impactos de bala. Su madre, que lo acompañaba, resultó gravemente herida. Diarios de la entidad difundieron lo ocurrido.
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) calculó que en 2016 hubo 28.479 muertes por causas violentas. En su estudio de ese año destaca el uso de armas de fuego por parte de los delincuentes como una de las principales razones de esta cantidad de homicidios.
Hace cuatro años el régimen de Nicolás Maduro promulgó la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones, con el objetivo de normar, regular e incautar la posesión o fabricación de armas; fueran cortas, rifles o explosivos que poseyeran personas tanto naturales como jurídicas.
A la fecha, las evidencias que manejan los especialistas denotan fallas en la aplicación de este intrumento legal.
Foto: Raúl Romero
Relación armas-asesinatos
“Casi 100% de los homicidios que se ven reflejados en las estadísticas y páginas de sucesos de prensa son cometidos con armas ilegales”, añadió el criminólogo venezolano, Javier Gorriño.
Gorriño aseguró que los individuos que poseen armas ilegales no tienen ningún interés en legalizarlas, porque regularmente son destinadas a cometer actos delictivos.
Vecinos en el Chorrito (Caracas) ayudan a subir a la furgoneta el cuerpo de un hombre asesinado por un arma de fuego / Foto: Alexandra Blanco
Cifras oficialistas
El criminólogo Luis Izquiel dijo que en 2006 el embajador Jesse Chacón, en gestión de ministro de Interior y Justicia, reportó que en Venezuela existían cerca de 6 millones de armas de fuego ilegales. Tres años después una cifra mayor sería anunciada por Juan José Mendoza, cuando desempeñaba el cargo de presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. El entonces parlamentario señaló que el número de armas ilegales rondaba entre 9 y 15 millones.
Estas cifras indican que en tan solo 3 años -de 2006 a 2009- hubo un aumento de entre 4 y 9 millones de armas ilegales en el país.
“En 2012 Pedro Pablo Fernández, ex secretario de la Comisión Presidencial para el Desarme, señaló que en Venezuela circulaban solo 1.2 millones de armas cortas, que comprenden solo los revólveres y las pistolas”, citó Izquiel.
De acuerdo con la cifra oficial citada por Izquiel, desde 2009 a 2012 el Estado habría logrado reducir a 1.2 millones la cantidad de armamento ilegal en el país. “Como puede observarse hay muy poca seriedad en el manejo oficial de este tema”, acotó el criminólogo.
Los datos obtenidos, a pesar de la desinformación, muestran imprecisiones en los últimos cinco años. Sin embargo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo en agosto de 2016 que había logrado la confiscación y destrucción de 406.534 armas de fuego.
La cantidad anunciada por Reverol no representa ni 35% del total de las armas que circularían en el país, de acuerdo con la última cifra emitida por el gobierno nacional en 2012.
Origen de armas destruidas
Javier Gorriño, ex funcionario del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, explicó el origen de las armas destruidas a la fecha.
“La mayor parte de las armas destruidas -armas viejas, dañadas o que estaban abandonadas en las casas y se convirtieron en un estorbo- han sido entregadas de forma voluntaria. Otra muy pequeña parte, sí proviene de procedimientos policiales en los que se incautó el armamento a bandas criminales”, afirmó.
Gorriño señaló, en una entrevista a El Nacional Web, que la Ley también funciona como una estrategia política de control social, para desarmar al civil y que la mayor parte de las armas estén bajo la autoridad de funcionarios.
“Este tipo de procesos funciona en países desarrollados o naciones que hayan sufrido guerras en las últimas décadas, entonces las armas se vuelven un estorbo (…) En Venezuela, al contrario, incrementa su contrabando”, agregó el criminólogo.
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