Empiezo recordando una verdad de Perogrullo en cuya esencia se fundamenta la permanencia de varios gobiernos no democráticos en Latinoamérica: los regímenes infames no se caracterizan por crear leyes, sino por destruir la legalidad.
El secuestro de la ley, no exento de vítores y de masivo fanatismo popular, que en ocasiones transciende las fronteras nacionales, es la primera acción demoledora de estas dictaduras, y la vigilarán y alimentarán como la niña sombría de sus ojos. Lo mismo hacen con los medios de comunicación, la banca nacional y todas las grandes empresas y, por supuesto, el Poder Legislativo, el ejército y la policía (que quedará bajo la égida de un terrorífico organismo superior: la policía política). Después de este knockout a la sociedad civil y las instituciones del Estado, lo demás es seguir el manual para preservar, a como dé lugar, el control del país.
Una de las estrategias más efectivas del mal es su capacidad de cambiar constantemente de semblante. Los caudillos de las llamadas dictaduras del siglo XXI han abrazado el poder encaramados en los andamios del populismo y luego, en vez de cumplir sus promesas, supuestamente en nombre del pueblo y del bien común, decomisan todos los poderes públicos, y lo hacen (esa es su máscara y su estocada) como si fuese lo más legal, justo y necesario del mundo. Muchos, desgraciadamente, le creen, y los que no, corren el riesgo de ser reprimidos. Así las cosas en buena parte de Latinoamérica (y ojo, que sus discípulos no dejan de amenazar a Europa y cualquier sitio donde las fisuras sociales, culturales, políticas y económicas le permitan sembrar sus viejas trampas renovadas).
Un arma muy poderosa para destruir la institucionalidad y las bases de la sociedad civil es la implantación de “leyes infames”, como denomina el abogado, político y politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, a los macabros instrumentos de apariencia legal, que emiten los regímenes autoritarios (desde Cuba en 1959 hasta sus actuales satélites) con el objetivo perpetuarse en el poder.
Se entiende por doctrina el “conjunto de ideas, enseñanzas u opiniones sostenidas por un autor”. De ahí que con el concepto de “leyes infames”, podemos sostener que el doctor Berzaín ha fundado una doctrina jurídica, la doctrina Sánchez Berzaín, que es el desmontaje conceptual del antifaz democrático de las dictaduras que imperan hoy día en nuestro hemisferio: Cuba (germen y capitanía de esta pandemia, inspirada en sus maestros comunistas de Europa del Este), Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador (que aunque hoy no pocos sienten que su camino se va separando de estas dictaduras, aún forma parte del bloque antidemocrático de las Américas). Citando al propio Berzaín, recordemos una realidad: “Hoy hay dos Américas, una dictatorial y otra democrática, y están naturalmente confrontadas porque la dictatorial agrede permanentemente a la democrática”.
¿Pero qué es una ley infame? Sánchez Berzaín la define como una “norma que elaborada y establecida, siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Basta ver la triste realidad de la sociedad civil y el deterioro de las instituciones del Estado en las naciones antes citadas para comprobar el daño permanente que pueden causar las leyes infames en todos los sectores y aspectos de la vida. Según el autor de este concepto, una ley infame es una “no ley” porque es todo lo contrario al concepto de ley, que se define como el “precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.
De la doctrina Sánchez Berzaín derivan otros dos elementos, cardinales para la comprensión de la ejecución de estos métodos antidemocráticos: los “jueces infames”, que define a las autoridades que dictan fallos y sentencias violando los derechos humanos, o aplicando leyes infames, que en lugar de proteger los derechos humanos, los violan, ya sea por intereses políticos o por cualquier forma de influencia indebida. De manera que la justicia se convierte en instrumento de opresión.
Y los “fallos infames”, que son resoluciones judiciales, nulas de pleno derecho, por precisamente violar derechos humanos (descritos en la Declaración Universal) o fundamentales (que figuran en las constituciones de cada país), y que toda resolución judicial tiene la obligación de proteger en función de los principios de igualdad, presunción de inocencia, juez imparcial y debido proceso. En palabras más cercanas al lenguaje popular cotidiano: se trata de mecanismos verdugos que terminan desactivando la libertad y la democracia de los pueblos, sometiéndolos, en un falso y corrompido marco legal, a vivir en dictadura. Esa es la realidad del bloque antidemocrático de las
Américas, las llamadas dictaduras del siglo XXI (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua), donde la distorsión de la legalidad democrática es un elemento cardinal y cotidiano.
A partir del concepto de Sánchez Berzaín, el Interamerican Institute for Democracy ha encaminado cinco estudios, cinco libros, cuya finalidad es desmontar las leyes infames en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. El primero de ellos, ya publicado, se titula Leyes infames en Venezuela. Leyes habilitantes: Apariencia de legalidad de una dictadura, editado por el Fondo Editorial del IID y redactado por el abogado venezolano Carlos Ramírez López, columnista de este rotativo, fue presentado el miércoles en la sede del IID, en Miami.
¿Quién fue el autor de la primera ley habilitante en la historia mundial? ¿Cómo y para qué se han aplicado las leyes infames en Venezuela? ¿Cuáles son, cómo y en qué circunstancias han sido ejecutadas estas no leyes? ¿Cuáles son sus derivaciones y efectos? Estas y muchas otras preguntas las responde, con un análisis detallado y elocuente, el doctor Ramírez López, quien asumió la iniciativa de explorar el fenómeno de las leyes infames motivado por los ensayos y artículos que sobre este tema ha venido escribiendo Berzaín.
Carlos Ramírez López, de forma sagaz y documentada, realiza una exégesis del caso venezolano, pues desde 1999 hasta 2015, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, en este país se han impuesto seis leyes habilitantes, así como 313 decretos ley, que han servido para disfrazar de procesos legales los atropellos de todo tipo de casi dos décadas de dictadura.
Abogado apasionado del litigio judicial, profesión que ha ejercido por más de cuatro décadas, Ramírez López cuenta con estudios de posgrado en derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho constitucional y litigio penal internacional, y es autor de El fruto del árbol envenenado. La Constituyente como excusa para matar al Estado Democrático (Ed.Palibrio). Su nuevo libro abre un camino que pide a gritos la continuidad del proyecto en otros países presos del llamado neocomunismo.
En los años sesenta y hasta la caída de la URSS y de todo el bloque comunista de Europa del Este, las guerras de guerrillas en las zonas rurales y la subversión urbana eran mecanismos claves para desestabilizar, a través del terror, la democracia en las Américas.
Pero en la década de los noventa, ante la impopularidad de la violencia, el castrismo decidió disfrazarse de legalidad y tomar el poder por vías simuladamente democráticas.
Como sus medios, objetivos y resultados siempre serán absolutamente nefastos, jamás se arriesgarán a jugar la verdadera democracia. De ahí que las leyes infames son su principal látigo, su perpetuo chantaje, su más grande calabozo.
Hoy la comunidad internacional tiene la obligación no sólo de abrir los ojos ante la existencia de las cientos de leyes infames que estrangulan a los pueblos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, sino también la responsabilidad de condenar a los regímenes que toda impunidad las implantan. Es un imperioso deber moral ante crímenes de lesa humanidad, encubiertos de legitimidad, que de seguir permitiendo su existencia, su expansión puede ser algo más que un peligro. No olvidemos una imprescindible lección de la historia: no prestar atención a una amenaza es el camino más fácil para convertirnos en su víctima.
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