El objetivo más importante de estos artículos es hacerles ver a ustedes, oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional, las reales causas de la tragedia venezolana para que no se dejen engañar por las mentiras sostenidas en la campaña de propaganda, desarrollada por el gobierno, que busca responsabilizar de sus causas a la oposición democrática y a la comunidad internacional.
Es trascendente, para poder comprender la realidad nacional, aceptar un principio fundamental: el patriotismo no es monopolio de nadie, todo venezolano lo siente profundamente. Además, se requiere reconocer que la inmensa crisis política generada por el chavismo, con la consecuente división de nuestro pueblo, se origina en sus propios fundamentos ideológicos. Las bases de su pensamiento deberían sustentarse en los principios y valores establecidos en la Constitución Nacional de 1999.
Fue propuesta por Hugo Chávez, redactada por una Asamblea Nacional Constituyente mayoritariamente chavista y aprobada a través del sufragio. Ahora bien, si ustedes analizan objetivamente esos principios y valores, resumidos con gran claridad en los artículos 2 y 6 constitucionales, tienen que concluir que el régimen chavista jamás ha creído en ellos y que todo fue una artera manipulación para lograr su aprobación.
Las razones son claras y terminantes: su ideología nunca ha sido democrática y mucho menos pluralista. Su real aspiración siempre ha sido la instauración de un régimen totalitario, de ideología marxista e inspiración fidelista, que permita consolidar, por tiempo indefinido, una dictadura hegemónica. Esa Constitución fue siempre considerada como un freno al ejercicio absoluto del poder. De allí el interés de Hugo Chávez de aprobar la reforma constitucional en el año 2007 y ahora el de Nicolás Maduro en elegir, fraudulentamente, una asamblea nacional constituyente.
No hablemos más del pasado. Concentrémonos en la actual crisis política del régimen madurista. Su debilidad surge de su total falta de legitimidad. Ni siquiera su elección como presidente de la República cumplió cabalmente con las exigencias requeridas constitucionalmente. Al ocurrir la muerte de Hugo Chávez le correspondió encargarse de la Presidencia de la República porque ejercía el cargo de vicepresidente. Esa circunstancia le impedía postularse a la candidatura presidencial. Sin embargo, el parcializado Tribunal Supremo de Justicia, mediante una aberrante interpretación del artículo 229 constitucional, sentenció la “legalidad” de encargarse del Poder Ejecutivo y ser candidato presidencial al mismo tiempo. Ante esta arbitrariedad se pronunciaron, unánimemente, los más importantes juristas nacionales, afirmando que la claridad de ese artículo impedía su interpretación.
Su supuesto triunfo en las elecciones presidenciales también fue cuestionado, con razón, por una importante mayoría de venezolanos. A las 4:00 pm del día de la elección el ganador era Henrique Capriles. En consecuencia, el CNE de manera abusiva prorrogó el tiempo para el cierre de las urnas desde las 4:00 pm, como lo establecía la ley electoral, hasta las 10.00 pm. Ese tiempo lo aprovechó la maquinaria chavista para, utilizando todos los medios del Estado, movilizar votantes y obtener la pírrica diferencia de un poco más de 100.000 votos. Apenas se encargó de la Presidencia de la República, estalló la crisis económica. Era imposible que no ocurriera.
Hugo Chávez, irresponsablemente, había destruido nuestra economía, despilfarrando la riqueza nacional e incrementando irresponsablemente los niveles de endeudamiento interno y externo. Allí está el origen de nuestra gran tragedia nacional.
La terrible incapacidad, así como la ceguera ideológica de Nicolás Maduro, no le permitieron rectificar la equivocada orientación política del régimen ni modificar los fundamentos del nefasto Plan de la Patria. Al no valorar con suficiente criterio la posible caída del precio del petróleo, los problemas nacionales empezaron a incrementarse, iniciándose, al mismo tiempo, una marcada disminución de la popularidad del régimen madurista.
El malestar social empezó a profundizarse, creándose suficientes condiciones para que sectores movilizados de la oposición reaccionaran en febrero de 2014. Los 43 asesinatos, los 850 heridos y el número de detenidos, incluido Leopoldo López, indicaron que Nicolás Maduro estaba dispuesto a enfrentar y aplastar por la fuerza cualquier protesta ciudadana. Creyó, y así lo mostró, que ese brutal nivel represivo no iba a tener consecuencias nacionales ni internacionales.
La protesta disminuyó sensiblemente, pero los problemas sociales, ante la incapacidad administrativa del régimen, continuaron en aumento. El gobierno, en una nueva maniobra de engaño, consideró que era el momento oportuno y convocó a un diálogo a la oposición, la cual después de algún titubeo aceptó asistir a la primera reunión televisada, permitiendo que voceros de ambos bandos se cuestionaran mutuamente. La cercanía de las elecciones parlamentarias enrumbó la lucha política hacia ese evento en diciembre de 2015.
El resultado de las elecciones parlamentarias de ese mes mostró una clara radiografía de la opinión pública venezolana, demostrando la inmensa debilidad que presentaba el gobierno nacional y el creciente fortalecimiento de la oposición democrática. Una diferencia, entre las dos fuerzas políticas, de más de 2 millones de votos lo ratificó plenamente. La oposición obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Desesperado el régimen chavista, ante esa realidad, optó por violar, una vez más y de una manera descarada, los principios fundamentales de la Constitución de 1999. Sus acciones fueron fríamente calculadas. La primera fue buscar mediante la designación de la Asamblea Nacional anterior, faltando apenas unos días para que tomara posesión la nueva mayoría parlamentaria, consolidar su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia, designando un número de magistrados, fichas del PSUV, sin cumplir los requisitos exigidos constitucionalmente para su nombramiento. De inmediato, a través de una sentencia manipulada de un tribunal de primera instancia, inhabilitaron a los diputados del estado Amazonas para de esa manera desconocer la mayoría de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Esas dos acciones mostraron que a partir de ese momento el régimen madurista violaría, las veces que fuera necesario, la Constitución de 1999 para mantenerse en el poder y preservar su hegemonía política.
La historia es reciente. Los abusos de poder han sido permanentes. Se han violado, sin escrúpulos, el principio del equilibrio de los poderes característico de los regímenes democráticos, utilizando, descaradamente, el control que lograron inconstitucionalmente sobre todos los poderes públicos, a excepción del Poder Legislativo.
La declaración de desacato de la Asamblea Nacional, el desconocimiento del derecho de revocar el mandato del presidente de la República que tienen los venezolanos; y las sentencias 156 y 157, mediante las cuales prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional y se producía una ruptura del orden constitucional, provocaron la natural reacción de la oposición democrática y se produjeron manifestaciones de protesta ciudadana que terminaron en hechos de violencia, provocados por el propio régimen madurista.
Los casi cuatro meses de protestas ciudadanas generaron un saldo realmente doloroso e inaceptable: 135 muertos, 15.000 heridos y 2.000 detenidos. Nicolás Maduro decidió ante tan compleja situación, agravada por el rechazo de la comunidad internacional y la negativa casi total de conceder nuevos préstamos a Venezuela por los organismos financieros internacionales sin la debida aprobación de la Asamblea Nacional, convocar, de manera inconstitucional y fraudulenta, a una asamblea nacional constituyente comunal, esperando que fuese reconocida nacional e internacionalmente.
Esa idea hubiera podido contribuir a la solución de la crisis nacional, pero exigía que su convocatoria se hiciera en consenso con la oposición y cumpliendo cabalmente las normas constitucionales. La forma como fue convocada, violando flagrantemente el artículo 347 constitucional, y el sistema de votación establecido, irrespetando el principio fundamental de un ciudadano un voto, condujo a la oposición democrática a negarse a participar en ese fraude. Sus consecuencias están a la vista: la asamblea nacional constituyente, al transformarse en una asamblea de militantes del PSUV, perdió toda posibilidad de obtener algún reconocimiento nacional e internacional.
Posteriormente ocurrieron las elecciones de gobernadores, en medio de infinitas violaciones de los derechos ciudadanos y de las normas electorales. El supuesto resultado favorable al régimen no ha logrado sino aumentar el rechazo generalizado en la opinión pública nacional e internacional por considerar que se violaron los principios fundamentales de una elección democrática.
En verdad, si el régimen madurista no busca una solución a esta inmensa crisis política, se continuará agravando la actual hecatombe nacional y comprometiendo el destino de Venezuela y el de nuestras futuras generaciones.
Reflexionen y ayuden ustedes a encontrar alguna alternativa de solución, dentro de los principios constitucionales y democráticos, que le garantice a nuestra patria su urgente recuperación para poder superar esta progresiva destrucción nacional y que nuestro pueblo no continúe enfrentando, como lo hace diariamente, el hambre, la muerte, la inseguridad y la diáspora. Hacerlo es cumplir su deber militar.
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