El chavismo sólo supo esperar cinco días. La asamblea nacional constituyente avanzó ayer en el plan trazado para allanar la reelección de Nicolás Maduro, al obligar a las organizaciones políticas que quieran participar en procesos electorales «haberlo hecho en las elecciones de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior». Un malabarismo político con el que hiere a dos pájaros políticos de un solo tiro, ya que además dinamita los avances en Santo Domingo, una mesa de negociación donde el viernes pasado se sentaron los partidos castigados ahora por el órgano revolucionario.
El decreto bolivariano sitúa en fuera de juego a Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, las principales formaciones de la Unidad Democrática que llamaron a la abstención en los comicios del 10 de diciembre. «Esta decisión busca evitar que podamos postular un candidato que represente el cambio y la esperanza para el pueblo de Venezuela en las próximas elecciones presidenciales», denunció Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia.
«Maduro, no hay decreto constituyente que suprima la necesidad del pueblo de cambiar de una vez por todas la ‘robolución’. Nosotros los adecos siempre estaremos aquí luchando pase lo que pase, sin importar cuántas triquiñuelas se inventen», respondió Acción Democrática tras conocer el decreto. Henry Ramos Allup, su secretario general, es uno de los pocos líderes opositores que no está inhabilitado, preso o en el exilio.
Se trata de un castigo evidente por la abstención promovida en los comicios municipales y que vulnera el principio de la retroactividad jurídica, que no se debe emplear en contra de derechos fundamentales. Y todo ello pese a no estar reconocida la asamblea constituyente ni por la oposición ni por la comunidad internacional, tras el «mayor fraude electoral de la historia de América latina», según la Secretaría General de la OEA.
Luis Florido, diputado de Voluntad Popular y delegado opositor en Santo Domingo, cuestionó de inmediato al gobierno: «¿Será que algunos quieren impedir que continúe la negociación con la comunidad internacional?».
El propio presidente Maduro se ha encargado de torpedear la nueva ronda de negociaciones en la capital dominicana, calificando como «colaboracionistas» a los opositores, amenazando a Borges con la cárcel y adelantando la ilegalización de los partidos, que de plasmarse dejaría en la carrera electoral a Avanzada Progresista (AP) y Un Nuevo Tiempo (UNT), agrupaciones criticadas por sus postulados «tibios» con el chavismo.
Y para que nadie tenga dudas, Maduro cargó en su última aparición televisiva de anoche contra Capriles, uno de los rivales que más teme por su moderación y al que calificó de «bandido». El primer mandatario aseguró que el ex candidato presidencial no volverá a ejercer ningún cargo público durante 15 años, tras ser inhabilitado por la Contraloría chavista.
El Palacio de Miraflores sopesa adelantar las elecciones presidenciales entre febrero y abril, tras la «triple victoria» alcanzada en los comicios de julio (constituyente), octubre (regionales) y diciembre (municipales). Los dos primeros fueron denunciados por distintos fraudes y en el último sólo participaron AP, UNT, partidos alejados de la Unidad y chavistas disidentes, además de independientes procedentes de los partidos mayoritarios. Los primeros alcanzaron un estrepitoso fracaso y solo los independientes retuvieron alcaldías históricamente opositoras, como Chacao y Baruta.
Maduro es el principal favorito para las presidenciales, pese al rechazo popular del 65% de la población. A su favor, el resquebrajamiento de la oposición, el éxodo masivo de los más afectados por la crisis y el perfeccionamiento de las herramientas de control social y político, en especial los CLAP (versión modernizada de la libreta de racionamiento cubana) y el carnet de la patria.
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