Al tiempo que representantes del gobierno y de la oposición trataban de llegar a un acuerdo en República Dominicana, en Venezuela no cesó la persecución contra la disidencia. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, denunció que en 72 horas –desde el 11 al 14 de enero– se ejecutaron al menos 10 detenciones políticas. Indicó que las personas fueron aprehendidas en sus casas.
Entre ese número de detenciones por motivos políticos que registraron el fin de semana pasado está el de Virginia González, dirigente juvenil de Un Nuevo Tiempo, en Aragua, y el de Juan Figuera, dirigente del Sindicato de Educadores de Delta Amacuro, que fue liberado el martes 16.
El 4 de enero, Horysa Parada, de 57 años de edad, fue detenida también en su casa, en Barcelona, Anzoátegui, por una comisión del Sebin, pero hasta la fecha sus familiares no han tenido información sobre su paradero, pese a que han denunciado la desaparición forzada en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en el Sebin y en el Cicpc.
“Pedimos al defensor del pueblo que dé respuesta sobre mi hermana. Desconocemos su ubicación y situación de salud desde hace 13 días. No se le han garantizado sus derechos constitucionales ni el debido proceso. Las desapariciones forjadas están prohibidas por el artículo 44 de la Constitución”, manifestó Gabriel Parada, hermano de la maestra de preescolar y de José Luis Parada, ex director de Pdvsa. Indicó que su hermana no tiene vinculación con ningún partido político ni tampoco participa en protestas.
Alfonso Medina Roa, asesor técnico de la oposición en la mesa de diálogo, afirmó que las detenciones y la persecución contra dirigentes sociales y políticos constituyen un mecanismo del gobierno para forjar que los negociadores firmen un acuerdo deficiente en la mesa de diálogo.
“Calificaría las detenciones en el proceso de diálogo como un mecanismo de presión hacia los negociadores o directamente al proceso de negociación, para obligar a firmar un mal acuerdo”, manifestó.
Medina Roa indicó que a la fecha hay 339 personas detrás de rejas por razones políticas, de las cuales 85 han sido presentadas en tribunales militares. Sin embargo, el Foro Penal informó que hasta el martes pasado había 216 presos políticos certificados por la Organización de Estados Americanos, 42 menos de los que había cuando comenzó el diálogo.
El abogado precisó que 53 ciudadanos fueron excarcelados en diciembre –aunque continúan con procesos abiertos– pero desde esa fecha ha habido 16 nuevos presos políticos en diferentes partes del país, lo cual calificó como un efecto negativo.
“La liberación de los presos políticos puede ser una buena señal que dé el gobierno sobre el proceso de negociación y también un punto de encuentro con los venezolanos”, expresó.
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