El lunes 10 de junio de 2019 se instala en Ginebra la 108° Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, evento mundial programado anualmente que contiene en esta ocasión un significado fundamental al cumplirse 100 años de su fundación.
La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que acabó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 y aprobada en junio de ese año, teniendo como resultado la conformación de una organización tripartita, única en su género al ser integrada por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos y asamblearios.
Sus antecedentes provienen de las ideas propuestas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores fundada en Basilea en 1901, con la finalidad de impulsar una organización internacional que abordara temas laborales, por cierto lideradas inicialmente por dos empresarios, Robert Owen y Daniel Legrand, y por las acciones del sindicalismo europeo y americano, que luchaban contra el capitalismo salvaje del siglo XIX que consumía de manera implacable la mano de obra en condiciones infrahumanas. Así también este organismo laboral surgió ante el apocalipsis de la Gran Guerra que determinó la desaparición estimada en 25 millones de personas entre civiles y militares.
Como es de hacer notar, este organismo ha permanecido durante un siglo, período en el que se ha conformado la institución tripartita de mayor tradición e institucionalidad, integrada en la actualidad por 187 Estados miembros de la OIT, donde se han aprobado 400 instrumentos jurídicos, a resaltar 189 convenios, 6 protocolos y 205 recomendaciones, orientadas a la protección de los trabajadores en el mundo entero. A partir de 1945 al conformarse la ONU, la OIT pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas con la función de ocuparse de los temas laborales, teniendo como objetivos: promover los derechos en el trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, fortalecer la protección social y reforzar el diálogo sobre asuntos de la esfera laboral.
Para los venezolanos la OIT ha sido un escenario privilegiado para denunciar ante la comunidad internacional, las violaciones recurrentes a los convenios fundamentales, tales como la libertad sindical (C87), negociación colectiva (C98), sobre la consulta tripartita (C144), sobre discriminación (C111), entre otros, que han sido citados por los empleadores agrupados en Fedecámaras y por numerosas organizaciones y centrales sindicales que representan a los trabajadores, mediante quejas ante el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Normas, ante el Consejo de Administración, lo que ha motivado como respuesta del organismo el envío de 12 misiones, comisiones, de diferente género durante los últimos 20 años, emplazando al gobierno nacional al respeto de las normas laborales internacionales reconocidas históricamente por el Estado venezolano. Es fundamental recalcar que Venezuela es miembro de la OIT desde sus inicios, estando separada del organismo por decisión de la dictadura perezjimenista en 1956 y retornando en 1958 al ser derrocado el dictador. En la actualidad ha sido designada en 2018 una Comisión de Encuesta como órgano investigador de mayor jerarquía estatutaria para constatar las violaciones recurrentes que determinaría incluso la permanencia de nuestro país dentro de este organismo, lo que significaría una sanción moral y causal para el Tribunal Internacional de La Haya.
Esta ocasión es una gran oportunidad para los trabajadores y los empleadores venezolanos de dar a conocer nuestra tragedia, ante la 108° Conferencia de la OIT, que reunirá a 5.000 delegados de 190 países miembros e invitados especiales, cuyo tema central es «Construyendo un futuro con trabajo decente», ante la realidad que sufrimos de un país donde se ha destruido todo vestigio de trabajo digno, con salarios de 6 dólares mensuales, sin seguridad social, sin contratos colectivos, persecución y cárcel a sindicalistas y empleadores, y cierre paulatino de las fuentes de trabajo del sector privado y público, que ha determinado la estampida de más de 4 millones de venezolanos, representando la diáspora más notoria del hemisferio occidental.
Las conclusiones de esta importante conferencia mundial son de suma importancia para nuestro país, que se prepara para superar la peor gestión gubernamental de nuestra historia y al mismo tiempo para impulsar mediante una conversación pública y democrática, con el método tripartito, cómo queremos que sea nuestra futura sociedad del trabajo, asociado a cómo aprovechamos las ventajas y cómo ponemos barreras a los riesgos. Hace falta un nuevo contrato social también en Venezuela.
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