El anuncio de elecciones presidenciales, que se realizarán en menos de tres meses, ha motivado a que los rectores de universidades públicas y privadas evalúen distintos mecanismos que permitan exigir garantías electorales y defender la democracia.
Entre los mecanismos que estudian los rectores está una consulta popular, que sería similar a la del 16 de julio de 2017, en la que ellos fueron garantes. Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana, indicó que podría efectuarse de manera paralela a las presidenciales para demostrar el talante democrático y pacífico de los venezolanos.
“De elegir este método, trataremos de que los efectos sean más contundentes que los de la consulta del año pasado. Lo que se quiere es evitar el teatro que no tiene ninguna relación con la realidad”, detalló. Dijo que hay que explorar distintos mecanismos de presión, luego de que “las conversaciones con el gobierno no resultaran ser eficaces para lograr unas elecciones justas y transparentes”.
José Francisco Virtuoso, homólogo de Scharifker, agregó que la consulta popular puede ser una de las opciones, pero no es la única. “No hemos decidido que ese sea el método de exigencia, pero es un elemento que está sobre la mesa”, aclaró el rector de la UCAB.
Crear frente. Virtuoso propuso la creación de un frente que fomente la unidad política y civil. “Es el momento de que haya unidad y un movimiento pro democracia, pro elecciones justas y que luche por el rescate de la Constitución. Este tiempo requiere unidad política en el país”.
Scharifker aseguró: “No se puede ir a unas elecciones extemporáneas y apresuradas, que no garantizan la transparencia del proceso y favorecen a Nicolás Maduro”.
Indicó que el gobierno no promueve una elección competitiva, sino un acto de votación en el que la ciudadanía no seleccionará a su candidato de preferencia porque “el régimen ha inhabilitado políticamente a varios dirigentes opositores y eliminado partidos para escoger a sus adversarios”.
Virtuoso señaló que debe exigirse un proceso comicial equitativo y que cumpla con las leyes electorales. “El adelanto es ilegal y viene dado por una asamblea nacional constituyente que no tiene facultad para convocarlo, por lo tanto no se debe participar”, dijo.
La máxima autoridad de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Cecilia García Arocha, dijo que el venezolano no está en condiciones de ejercer su derecho al voto para escoger al próximo mandatario porque no hay garantías de igualdad ni respeto a las reglas.
Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, destacó que no avalarán el proceso electoral porque ni la constituyente ni el Consejo Nacional Electoral están actuando con estricto apego a las leyes, sino para favorecer al gobierno. “No representan imparcialidad en el desarrollo de una elección que es de carácter presidencial”, dijo
García Arocha expresó: “Los rectores universitarios no somos abstencionistas, pero creemos que con un gran frente nacional, en el que participen todos los sectores del país, podemos exigir condiciones y es deber del Ejecutivo garantizarlas”.
Ambas rectoras aseguraron que la lucha por tener elecciones justas no es exclusiva de los partidos y los sectores que hacen vida en el país han demostrado su compromiso para producir el cambio de manera pacífica.
Resaltaron que en la Averu esperan unión en la dirigencia y no la profundización de las críticas entre los mismos factores porque estarían “sirviendo la mesa a Maduro”.
Además, consideraron ilegal e ilógico que adelanten la fecha de la contienda para que el nuevo mandatario tome posesión de su cargo nueve meses después.
Las autoridades aseguraron que ante la profundización de la crisis económica y social y el escenario electoral, los sectores académicos, organizaciones civiles, partidos políticos y sector empresarial, así como los trabajadores, deben definir el “verdadero camino para lograr el cambio de gobierno de manera pacífica”.
EL DATO
El rector de la UCAB, José Virtuoso, sostuvo que lo más grave de la fecha de los comicios es que se acortan “de manera dramática” los lapsos para las auditorías y las actualizaciones del registro electoral, tanto en el país como en el extranjero. “Al negarse condiciones de una elección justa y transparente, debe rechazarse la convocatoria”.
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